La concejala de las casas ilegales

Hay una ciudad en Cádiz en la que la mitad de sus casi 80.000 habitantes vive en casas ilegales. Y donde la concejala de Urbanismo reside en una de ellas. La ciudad es Chiclana y vive atrapada en un limbo legal. Ha tenido que retomar una norma urbanística de 1987 porque la justicia anuló sus planes generales posteriores y no puede dar ninguna nueva licencia de ocupación. Marisol Ayala, la responsable del Urbanismo, llegó a la concejalía procedente de un partido vecinal que representaba a los ilegales y cuyo programa pedía amnistía para estas construcciones, reducciones de las multas y la legalización de sus propiedades al mínimo coste.

Ayala, nacida en Villambistia (Burgos), se instaló en Chiclana hace una década. Llegó con su marido y su hijo y se compró una casa en la urbanización de la Rana Verde, en un suelo que estaba catalogado como no urbanizable. Dice que buscaba tranquilidad. Aunque su vivienda ya no estaba sujeta a ninguna sanción, al haber prescrito el delito urbanístico se enfrentaba a un sinfín de problemas. No tenía agua corriente ni alcantarillado. Como la suya, hay otras 15.000 viviendas en Chiclana.

En cualquier otro sitio, que la concejala de Urbanismo tenga una casa ilegal sería un escándalo. Allí se ve como un episodio más de la desidia y del caos. Nadie sabe cuándo empezó todo. Ni quién fue el primero. Chiclana creció paulatinamente ante los ojos virados de las Administraciones, que consintieron que en suelos rústicos, en zonas inundables, en espacios protegidos, se fueran levantando muros. Y dentro de los muros se construyeron casas. Y dentro de esas casas empezó a vivir gente.

“Es como poner al lobo a cuidar del rebaño”, avisaron los ecologistas. Pero el lobo ha resultado más manso de lo previsto

La mitad de Chiclana vive en 18 millones de metros cuadrados donde el planeamiento impide construir. El boom inmobiliario de los años ochenta y noventa creó un negocio de evidente rentabilidad y dudosa legalidad en el que se vendían y compraban casas que, en realidad, no aparecían en ningún planeamiento. Y en ese negocio participaron todos. Los vecinos construían y vendían, otros compraban, los bancos daban hipotecas, los notarios firmaban escrituras y el Ayuntamiento cobraba los impuestos. La rueda circulaba sin obstáculos.

No fue hasta iniciado el siglo XXI cuando el Consistorio de Chiclana, gobernado hasta entonces por el PSOE, inició la regularización de viviendas. Planteó unas ordenanzas donde se establecía qué debía pagar cada propietario por dotar a su urbanización de servicios básicos como el agua, el saneamiento o la luz. Una media estimada por los vecinos establecía que una parcela media de 1.000 metros cuadrados tendría que abonar unos 38.000 euros. “Muy caro”, decían en el pueblo. Así que los vecinos se rebelaron. Marisol Ayala estaba entre ellos.

Crearon la Plataforma de Afectados por la Regularización, que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz llegó a tildar de lobby, para conseguir hacer legal lo ilegal al mínimo coste. Ayala encabezó manifestaciones que resultaron multitudinarias. En 2007, el PP accedió al poder. Y Marisol Ayala vio que el nuevo Gobierno municipal tampoco atendía sus reclamaciones.

Ahí surgió la idea de crear un partido político. “Para morder desde dentro”, dijo en campaña. Hizo promoción de su Partido Vecinal Regionalista (PVRE) —el “puré”, como le llaman en Chiclana— puerta a puerta, prometiendo amnistía a las casas ilegales, rebajas y reducción de sanciones a las viviendas donde el delito urbanístico no había prescrito. Vecinos suyos llegaban a recibir multas de hasta 120.000 euros. También pesan sobre algunas casas órdenes de derribo. Los jueces no siempre las dictan, a pesar de los esfuerzos de la fiscalía para que estas demoliciones sean ejemplos contra el descontrol urbanístico.

Marisol Ayala arrancó 2.843 votos en las elecciones de 2011. Consiguió dos concejales. Fue la tercera fuerza más votada, por detrás PP y PSOE y por delante de IU. El PP empezó a gobernar en minoría hasta que, finalmente, su alcalde, Ernesto Marín, para garantizarse la estabilidad y poder aprobar sus Presupuestos, terminó aceptando firmar un pacto con el PVRE. Y entregó a Ayala la Concejalía de Urbanismo y Vías y Obras. Es decir, las áreas donde se deciden sanciones urbanísticas, prioridades en infraestructuras o regulación de viviendas. Marisol Ayala, representante de los vecinos de casas ilegales, recibía el poder que ella ansiaba morder.

“Es poner al lobo a cuidar del rebaño”, alertaron los ecologistas. Aunque ese lobo ha resultado más manso de lo previsto. Desde que en mayo accedió al Gobierno, el afán reivindicativo de Ayala se ha desinflado. En los plenos apenas habla. El PVRE no presenta mociones y se limita a votar lo que quiere aprobar el PP. Apenas alguna intervención en los plenos. “Son contestaciones muy groseras. Se ríe de nosotros en nuestra cara. No convoca comisiones informativas, ni nos da la documentación que pedimos. Nos insulta”, se queja amargamente Ana Rodríguez, de IU, quien presume de representar al único partido que nunca amagó con pactar con Ayala. El PSOE también protesta por el carácter “rudo” de la concejala de Urbanismo y califica sus escasas intervenciones de “grotescas”. En un reciente escrito llegó a pedir a los vecinos que no construyeran casas ilegales. La oposición lo ve el colmo de la desfachatez.

La líder del PVRE no concede entrevistas. Al menos, no hasta ahora. Tampoco para este reportaje. En su lugar habla el alcalde. Y lo hace para defender a su socia. “Llevamos cinco meses, y lo que intentamos es deshacer el desaguisado que creó el PSOE. Necesita tiempo para prepararse”, dice Ernesto Marín. ¿Es un escándalo que la concejala de Urbanismo tenga una casa ilegal? El alcalde cree que no. “Eso se puede ver así desde Madrid, pero no desde aquí. La mitad de esta ciudad vive en viviendas ilegales. Es un problema social y hay que atenderlo”. Marín sí admite que en estos cinco meses no se ha podido hacer nada por estos vecinos. Y lo justifica en que todo depende de un plan general actualmente en redacción. El plan que debe devolver a Chiclana al siglo XXI. Mientras, la Junta de Andalucía ultima unas normas provisionales que no tendrán competencias sobre los suelos no urbanizables, pero, al menos, permitirán dar licencias de ocupación en una ciudad anclada en 1987.

Ayala ha fallado también a los suyos, a esos vecinos a los que antes representaba. Lo dice Joaquín González, el actual portavoz de la plataforma que lideraba la ahora concejala. “Ni una sola vez se ha reunido con nosotros. No ha hecho una sola inversión en nuestras calles. Estamos igual que antes o peor”, se lamenta. Y sostiene el discurso que antes pronunciaba la ahora edil de Urbanismo. “Somos vecinos de segunda para recibir servicios, pero de primera para cobrarnos 600 o 700 euros de IBI”. Sienten que Ayala, mansa loba al mando del rebaño urbanístico, les ha dejado solos. En ese limbo legal llamado Chiclana.