El Poder Judicial no asume el informe que propone revisar los desahucios

El Consejo General del Poder Judicial decidió este miércoles no asumir el contenido del informe Propuestas para la reforma y agilización de los procesos civiles, elaborado por un grupo de seis magistrados, coordinado por el vocal Manuel Almenar a instancias del propio consejo.

El anexo que figura unido al trabajo y titulado Propuestas en materia de endeudamiento familiar y consecuencias de la ejecución hipotecaria, y sobre el que informó este miércoles EL PAÍS, no fue formalmente aprobado por el grupo de magistrados responsable de la elaboración del informe, si bien existió un amplio consenso sobre el mismo, según explicó en el pleno el coordinador, Manuel Almenar.

El pleno del Consejo, por tanto, “fue informado hoy [por este miércoles] de la existencia de este trabajo y acordó no debatir su contenido ni por ello asumirlo como propio del Consejo General del Poder Judicial”.

Hasta aquí lo decidido, en lo que todos los vocales del organismo están más o menos de acuerdo. La diferencia radica en las interpretaciones. Para unos, la no asunción del dictamen por parte del pleno del Consejo del Poder Judicial convierte el mismo en papel mojado, sin ninguna utilidad ni apoyo.

Para otros, el trabajo no se ha rechazado por el pleno, sino que no se ha debatido su contenido. A su entender, el informe sigue siendo válido, se le va a dar la máxima difusión y está en el consejo a disposición de los partidos y los grupos parlamentarios que pueden utilizarlo para formular propuestas o medidas que puedan constituir una solución a situaciones difíciles para las familias.

Fuentes del CGPJ han asegurado que el informe hubiera sido aprobado “sin pena ni gloria” si su contenido no se hubiera publicado ayer en la portada de este diario. En otras ocasiones se han realizado estudios con propuestas en materia penal, de menores o de lo contencioso-administrativo y nunca ha habido problemas.

Sin embargo, un grupo de vocales, con Concepción Espejel a la cabeza, una de las que más se ha distinguido en los últimos tiempos en defender las posturas del Ministerio de Justicia, se opuso a la mera existencia del trabajo por entender que el consejo no tiene competencias para formular este tipo de propuestas que conllevan reformas legislativas, y debe limitarse estrictamente a las funciones que le encomienda la ley orgánica que regula su funcionamiento.

La validez del dictamen fue defendida por Almenar, Margarita Robles y otros vocales que consideran que el trabajo realizado es “loable, profundo y digno de tener en cuenta”.

Los vocales citados mantienen que el consejo está facultado para recoger las inquietudes de los jueces y, en este caso, la preocupación de los jueces civiles sobre un problema evidente en la sociedad. “Entre nuestras funciones debe estar el proporcionar soluciones a los ciudadanos. Si no, sobramos”, defendió Almenar.

“No se trata de imponer propuestas legislativas, sino ofrecer las soluciones y ponerlas a disposición de quienes puedan necesitarlas”, precisó.

No obstante, el grupo mayoritario —en el que además de Espejel estaban Gabriela Bravo, Antonio Dorado, Fernando de Rosa, Almudena Lastra y Margarita Uría— quiso mostrar en su respuesta oficial que el anexo relativo a los desahucios no había sido elaborado por el grupo de seis jueces de lo civil, sino que había sido redactado por otra persona y agregado al informe sin que hubiera sido votado. El vocal Almenar aseguró que había sido incluido con un amplio consenso.

Por otro lado, el pleno del CGPJ nombró al magistrado del Tribunal Supremo Jesús Gullón Rodríguez nuevo presidente de la Sala de lo Social del alto tribunal, en sustitución de Gonzalo Moliner, al haber obtenido 14 votos frente a los cinco logrados por el magistrado Fernando Salinas Molina y emitirse un voto en blanco. Fuentes del consejo aseguraron que Moliner había convencido a los vocales de la Asociación Profesional de la Magistratura para que votasen en favor de Gullón, en lugar de Salinas. El Consejo nombró también al magistrado Ignacio Rafols como presidente de la Audiencia Provincial de Palencia, al haber obtenido 15 votos.