Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El 25-S debatirá si asume el pago de la multa de 6.000 euros al convocante

Rafael-Óscar González Regueira decidió informar de la protesta que llamó a rodear el Congreso

Es responsable como convocante por no adoptar medidas para evitar los incidentes

La sanción no es firme y puede presentar alegaciones en un plazo de quince días

Manifestación de Rodea el Congreso, el pasado 25 de septiembre.
Manifestación de Rodea el Congreso, el pasado 25 de septiembre.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado al convocante de la protesta del 25-S que llamó a rodear el Congreso de que va a ser multado con 6.000 euros porque no adoptó las medidas de seguridad para que la manifestación se desarrollara sin incidentes. Rafael-Óscar González Regueira se ofreció voluntario para comunicar la manifestación con el objetivo de que no fuera una concentración ilegal. La coordinadora del 25-S estudiará ahora si le ayuda a pagar la multa. "El convocante lo hizo saltando el consenso colectivo. Toca debatir si asumimos colectivamente las consecuencias", han escrito sus responsables en la red social Twitter.

La sanción no es firme y González Regueira tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones. El departamento que dirige Cristina Cifuentes explica que le amonesta en virtud de la ley que regula el Derecho de Reunión, que establece que "subsidiariamente, las personas (...) organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos".

Según la delegación, "en ningún momento se pudo apreciar la existencia de unas medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de los actos, ni la actuación de un servicio de orden que velase por el correcto desarrollo de los mismos". En la protesta del pasado 25 de septiembre se produjeron altercados a partir de las siete de la tarde, argumenta el Gobierno, que cita el "derribo y desmantelamiento de las vallas que conformaban el perímetro de seguridad en torno al Congreso", el lanzamiento de objetos "contundentes" y agresiones a la policía. El 25-S terminó con 64 heridos (de los cuales 37 eran manifestantes) y 35 detenidos.

El Gobierno atribuye a González Regueira una sanción grave de la Ley de seguridad ciudadana —que castiga la celebración de manifestaciones incumpliendo la ley que regula el Derecho de Reunión— y abre un procedimiento administrativo sancionador contra él que terminará con una sanción de 6.000 euros. Las sanciones graves, según esa ley, llevan aparejada una multa de entre 300,52 euros a 30.050,61 euros. En los próximos 15 días el sancionado puede presentar alegaciones y los documentos que estime convenientes.

En ningún momento se pudo apreciar la existencia de unas medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de los actos, reprocha la delegación

González Regueira participa en la asamblea virtual, un foro online de indignados, de donde partió la propuesta de informar a Delegación de la manifestación para evitar daños mayores. "Necesitábamos un voluntario por la causa por intentar agotar las vías legales, y él se presentó", explicó Roberto Monjo, otro ciudadano que decidió informar a las instituciones de la manifestación convocada para celebrar el primer aniversario del 15-M. En aquella ocasión, sin embargo, Monjo no fue expedientado porque la marcha discurrió sin incidentes.

Después de informar a la Delegación de la protesta, —que la autorizó en unas horas y espacios determinados—, el convocante trató de que no le consideraran su responsable con un escrito enviado a la delegación en el que argumentaba que él había convocado a sus "amigos", y que la difusión de la convocatoria ("ajena" a su voluntad) había terminado "atrayendo a una multitud que excedía con mucho" sus posibilidades, por lo que solicitaba que se le relevase de todo "deber mantenimiento del orden y de seguridad" para ese día. Su petición no fue atendida.

La Delegación del Gobierno asegura que no es la primera vez que se sanciona a los convocantes de una manifestación por incumplir las condiciones de la autorización, no solo por aspectos de seguridad, sino por infringir horarios o recorrido permitido, aunque no facilita los datos de cuántas veces ha ocurrido algo similar.

La coordinadora del 25-S convocó ayer a rodear del nuevo el Congreso el próximo martes día 23, coincidiendo con el debate de los Presupuestos.