Ramón, imputado en el 25-S: “Estoy tranquilo, no hemos hecho nada malo”
Es abogado de 44 años y está acusado de un delito "contra altos organismos" Defiende que no hay delito porque no alteraron el desarrollo del Pleno
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![Unos jóvenes despliegan en la Puerta del Sol de Madrid un cartel con el lema "Rodea en Congreso".](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KO4YC4MHRYNMB2SOMYNOI3BYOY.jpg?auth=0dfefc49d9d56c9a2198efba304549ff3ccd4373c18f3baa42edd901703489bb&width=414)
Ramón, abogado de 44 años que prefiere no revelar su apellido, es uno de los ocho imputados del 25-S por un delito "contra las instituciones del Estado". Está citado a declarar el próximo 4 de octubre en la Audiencia Nacional. El juez de la Audiencia Santiago Pedraz ha rechazado hoy la competencia sobre los 34 detenidos en la manifestación del pasado martes con el lema Rodea el Congreso porque considera que la investigación y juicio de los delitos que figuran en los atestados de las detenciones (como lesiones o resistencia a la autoridad) no corresponden a ese tribunal. Pero el caso de Ramón y de otros siete activistas sí lo lleva la Audiencia. Él fue identificado en una de las asambleas preparatorias de la manifestación que se celebraron en el madrileño parque de El Retiro. La imputación le llegó antes de celebrarse la protesta; la acusación que pesa sobre él es grave. Pero no está preocupado: "Estoy tranquilo porque no hemos hecho nada malo".
Hemos ejercido nuestro derecho de reunión y no alteramos el desarrollo del Pleno. Si hubiese una condena sería política"
El delito del que se le acusa, el del artículo 494 del Código Penal, está castigado con una pena de cárcel de seis meses a un año (aunque también puede ser sustituido con una multa de 12 a 24 meses). El artículo dice que incurrirán en esa pena "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento". Ramón y los abogados del 15-M que les asisten jurídicamente defienden que ese delito no se produjo en la protesta del martes porque no alteraron el desarrollo del Pleno que se celebraba en el Congreso. "Hemos ejercido nuestro derecho de reunión, el ministro del Interior y el presidente del Congreso dijeron que el Pleno se desarrolló sin incidentes", afirma Ramón."Si hubiese una condena sería política", zanja.
Ramón, que vive y trabaja en Madrid como abogado, participa activamente en el movimiento del 15-M. "Milito desde los 16 años en política", explica. Conoció la convocatoria de rodear el Congreso porque alguien la comentó en la asamblea de barrio del 15-M en la que participa. La iniciativa dividió a los indignados: la Asamblea Sol, una de las de más peso dentro del movimiento, se desvinculó de ella. Pero muchos otros se sumaron. En la asamblea de Ramón formaron un grupo de trabajo para apoyarla, al final él acabó integrado en la Coordinadora 25-S.
Él insiste en que la protesta se concibió pacífica y que si algunos manifestantes fueron violentos son ajenos a los organizadores. "Nosotros repudiamos cualquier acto de violencia. A los que menos nos interesa que esas personas estén allí es a nosotros", defiende, aunque reconoce que es posible que algunos grupos violentos aprovecharan su convocatoria para provocar altercados. "Son radicales que destrozan el trabajo de gente de buena fe y democrática".
Entre los imputados por delito contra altas instituciones también figura Chema Ruiz, conocido activista antidesahucios y militante del PC, o Antonio López, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y también Doris Benegas, como informa la página web del partido al que pertenece, Izquierda Castellana. Benegas es abogada y en 2009 formó parte de la lista al Parlamento Europeo de Iniciativa Internacionalista, candidatura anulada por el Supremo por su vinculación con Batasuna, aunque el Constitucional permitió que al final se presentara.
Ramón se cuidó mucho de no verse envuelto en ningún incidente en la manifestación del martes. "En cuanto empezaron los problemas me fui, no podía arriesgarme". Asegura que no tiene antecedentes ni policiales ni judiciales, y confía en la decisión del juez. Está tranquilo, pero no todos en su casa lo están: "Mi compañera está muy preocupada, tenemos una niña de cuatro años".
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