Los convocantes del 25-S estudian acciones legales ante la violencia policial
El herido más grave, con una afección medular, evoluciona favorablemente
La plataforma ¡En pie!, convocante de la concentración de ayer en los alrededores del Congreso, estudia llevar a cabo acciones legales para defender a los 35 manifestantes que resultaron detenidos durante la protesta. “Nos comprometemos a que cada una de las personas detenidas tenga la protección y asistencia jurídica que precisan”, afirman en un comunicado publicado hoy en su web.
Los convocantes denuncian “la violencia injustificada” de la policía nacional, a los que denominan “agentes represores del régimen”, que llegaron a penetrar en la estación de Atocha lanzando pelotas de goma. A pesar de que tanto Interior como la Delegación de Gobierno de Madrid felicitan a la policía por su actuación, la plataforma ¡En pie! asegura que “las imágenes, artículos y vídeos que circulan por las redes sociales” demuestran lo contrario. “Este ataque violento ha ocasionado varios heridos, entre ellos, un hombre en estado grave”, afirman.
Según fuentes médicas, el más grave de los 64 heridos evoluciona favorablemente y está recuperando la movilidad en las piernas y los brazos, informa F. Javier Barroso. Se trata de un hombre que fue trasladado al hospital 12 de Octubre con una posible afección medular agravada por antecedentes de problemas en las vértebras cervicales. Supuestamente había sufrido algún accidente de tráfico que le produjo problemas en esa zona. Fuentes del centro hospitalario explicaron que el herido prohibió que se facilitara información sobre su estado y evolución.
Los 35 detenidos pasarán mañana a disposición de la Audiencia Nacional después que presten declaración hoy ante la Brigada de Información de la Policía Nacional. Además de delitos de orden público, daños y lesiones, también se les acusará de atentar contra el sistema institucional. Estos delitos, tipificados en los artículos 493, 494 495 se refieren a la invasión de sedes de organismos legislativos, la promoción de manifestaciones contra órganos legislativos y el intento de penetrar en sedes de órganos legislativos para presentar peticiones.
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