Los diputados de Castilla-La Mancha dejarán de tener sueldo en 2013

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con los únicos votos del PP, una propuesta para la eliminación de las “retribuciones regulares” que perciben sus diputados autonómicos. La intención del Gobierno de Dolores de Cospedal es que el próximo presupuesto, que se presentará a finales de septiembre para su aplicación en 2013, incluya ya la supresión de los sueldos a los 49 parlamentarios que actualmente conforman las Cortes regionales y que suponen un gasto anual de algo más de 1,5 millones. A esta cantidad habrá que restar lo que finalmente perciban los diputados por la asistencia a comisiones y plenos.

El PP votó, por otra parte, en contra de la propuesta del PSOE, presentada después de que se diera a conocer la iniciativa popular, para que Cospedal regulara sus retribuciones y las de los miembros del Consejo de Gobierno “de manera inmediata y en las mismas condiciones que ella ha propuesto para los Diputados Regionales”, cuyo coste anual asciende, según fuentes socialistas, a 69 millones de euros.

Dolores de Cospedal ha argumentado su decisión de quitar el sueldo a los diputados señalando que los ciudadanos “necesitan saber que aquellos que trabajamos en este oficio público también estamos dispuestos a dar ejemplo”. Y ha basado su posición de no apoyar la propuesta socialista alegando que una cosa es la tarea legislativa (la del parlamento autonómico) y otra “el encargo hecho a un partido para que administre)”. “Todo el mundo entiende que un gobierno tiene que tener dedicación exclusiva y nadie entendería que un consejero formara parte de una empresa o el presidente fuera empleado de una gran compañía”, ha añadido. Sin embargo, esas mismas circunstancias profesionales sí se podrían dar entre los diputados, ya que, según fuentes del Gobierno de Cospedal, solo se pondrá coto a las incompatibilidades que sean muy flagrantes, con lo que un parlamentario podría participar en la tramitación de una ley sobre un sector en el que está implicado.

En la bancada socialista, el coordinador del área Económica, José Molina, ha calificado la iniciativa de "demagógica" porque, tal como ha indicado "la propone Cospedal, que ha estado cobrando tres o cuatro sueldos y 240.000 euros al año durante años y porque la propone la Presidenta de un Gobierno en la que la mitad de los altos cargos ni siquiera pagan sus impuestos en Castilla-La Mancha".

La polémica sobre la supresión de los sueldos de los diputados ha impregnado el debate de todas las propuestas presentadas al pleno tras el debate sobre el estado regional. Y se ha extendido a otras comunidades, además, porque la propuesta del PSOE instaba también a Cospedal a promover una iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados que “permita aplicar a los Diputados y Senadores el mismo régimen retributivo que ha propuesto para los Diputados de Castilla-La Mancha”.

Sin eco entre los barones del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha señalado que en Madrid se puso un sueldo a los diputados en la Asamblea regional porque se abusaba de las dietas que percibían, sistema utilizado inicialmente para pagar su trabajo parlamentario.

El portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, ha eludido valorar la propuesta porque "se conoce el enunciado, pero no el fondo", según ha dicho. Tampoco la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha querido opinar porque afecta a "otra administración"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que "se debe abrir el debate" para la reducción de sueldos pero, en su caso, ha precisado que debería hacerse “sobre los diputados que mantienen actividad privada, empresarial o profesional, que tengan una disminución superior en los emolumentos o las indemnizaciones que tiene cuando acuden a la Cámara”.

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha preferido ironizar con el tema, diciendo que "al final vamos a tener que ir a la lista del Sexpe (Servicio Extremeño Público de Empleo) a buscar gente que quiera dedicarse a representar y trabajar por los demás", ha apostillado.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco ha puesto mucho ímpetu al indicar que "cada comunidad en el marco de sus competencias decide qué medidas de austeridad le parecen más oportunas".

Entre cargos y dirigentes del PSOE e IU, la oposición a la medida de Cospedal es unánime.