Bermúdez pregunta si el Supremo debe investigar al ministro del Interior

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez parece decidido a proceder, mientras le sea posible, contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por revelar secretos de su investigación sobre el paradero de Publio Cordón, desaparecido tras su secuestro por los GRAPO hace 17 años. El magistrado ha pedido esta mañana al fiscal que le informe sobre si debe inhibirse a favor del Tribunal Supremo, el tribunal al que el ministro está aforado, si debe enviar el caso a los juzgados de Plaza de Castilla, si debe ordenar nuevas diligencias o si debe archivar sin más.

La decisión de Bermúdez llega después de haber visto los vídeos de tres de las seis televisiones -RTVE, Antena 3, Telecinco, Cuatro, la Sexta y Telemadrid- sobre la rueda de prensa que Fernández Díaz ofreció el pasado 19 de julio. En ella, el ministro dio datos sobre la identificación de la casa en las proximidades de Lyon (Francia) donde estuvo retenido el empresario, cómo este contaba los días transcurridos con palotes en el armario donde estuvo encerrado, la detención de tres de los presuntos autores y que el éxito de la operación había sido posible gracias al testimonio de un testigo protegido cuya identidad no reveló.

Al día siguiente, Fernández Díaz ofreció una ampliación de la conferencia de prensa en la sede del ministerio, acto al que asistieron el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa y tres responsables del servicio de información del Instituto armado que habían dirigido o participado en las pesquisas y en las detenciones. El ministro tuvo también una reunión con Pilar Muro, la viuda de Cordón y con una de sus hijas, a las que informó de las novedades. Los actos fueron retransmitidos por la mayoría de las televisiones y radios y encontraron amplio eco en todos los periódicos del país.

El juez Gómez Bermúdez se sorprendió de que datos que eran secretos y sobre los que tenía que interrogar a los nuevos detenidos, José Antonio Ramón Teijelo, su esposa, Manuela Ontanilla Galán y Vicente Sarasa, hubieran sido revelados por el propio ministro. Así, cuando fueron a declarar los detenidos, sus abogados conocían la mayor parte de esos datos contenidos en una comisión rogatoria secreta solicitada a Francia que recogía los nuevos hallazgos sobre el secuestro y el presunto fallecimiento de Cordón.

El magistrado considera que la filtración, además de perjudicar la investigación, pone en peligro la cooperación con Francia. Por ello, decidió abrir una pieza separada en el procedimiento, para determinar si se cometió un delito de revelación de secretos y qué órgano judicial sería el competente para investigarlo, a la vista de que el ministro es aforado y el caso correspondería instruirlo, en su caso, al Tribunal Supremo. Es eso, precisamente, lo que ahora pregunta al fiscal.

Además, Bermúdez deja sin efectos los requerimientos realizados el pasado miércoles al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al jefe de información del cuerpo al no considerarlos necesarios por ahora. El magistrado les había solicitado que le comunicaran, en un plazo de cinco días, quién o quiénes les “dieron información, verbal o escrita, del resultado de las investigaciones ordenadas en la comisión rogatoria internacional de referencia y a quién la transmitió”.