El grave estado del secuestrador de Ortega Lara facilita su libertad
"El proceso es incurable y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses está en torno al 10%", dice el Hospital Donostia. Interior decide hoy si le concede el tercer grado
Todo sigue el guión previsto. Y, dentro del mismo, hoy es un día decisivo. El Ministerio del Interior decidirá si concede el tercer grado penitenciario (semilibertad) a Iosu Uribetxeberria Bolinaga, uno de los secuestradores del funcionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara. El etarra está enfermo de cáncer y en huelga de hambre desde hace 10 días. Interior decidirá basándose en el informe médico que emitió ayer el Hospital Donostia, donde el preso fue ingresado el 1 de agosto. El pronóstico de Uribetxeberria, según los médicos, es “muy grave”. “Si nos basamos en la literatura científica, con la máxima probabilidad el proceso es irreversible e incurable”, afirma el informe. “En esta situación clínica, más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueve meses. Y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10%”.
Es decir, el riesgo de que el preso muera antes de un año es altísimo, de un 90%. Padece “metástasis múltiples del carcinoma renal a nivel de sistema nervioso central” y un “nódulo pulmonar” que no se sabe si es otra metástasis del cáncer de riñón que sufrió en 2005 o un tumor “primitivo pulmonar”. Con este informe, Interior tendrá que tomar hoy una decisión que parece clara. Previsiblemente, concederá el tercer grado y recomendará la libertad condicional.
Es la crónica de una liberación anunciada que, sin embargo, sigue rodeada de protestas en las cárceles y convocatorias de manifestaciones por parte de familiares de reclusos y la izquierda abertzale, que obvian lo ya sabido desde la semana pasada: que es más que probable que Uribetxeberria sea excarcelado por enfermedad, pero no sin antes pasar por los trámites legales: informes médicos y procedimiento judicial de libertad condicional. Exactamente igual que cualquier otro preso.
Una circular de Prisiones del año 2000 —siendo Jaime Mayor Oreja ministro del Interior del Gobierno de José María Aznar y Ángel Yuste secretario general de Instituciones Penitenciarias, el mismo cargo que ocupa ahora— señala los criterios que deben aplicarse a los presos enfermos. El texto dice que se considerará que un interno padece una enfermedad “muy grave” cuando, entre otras posibilidades, su riesgo de muerte estimado sea superior al 10% en el plazo de un año, a pesar del tratamiento. Este requisito lo cumple con creces Uribetxeberria, a tenor del informe médico.
Fue el propio ministro del Interior, Jorge Fernández, quien anunció ayer en TVE que se tomaría hoy la decisión. En un intento de calmar a los sectores que sabe que se opondrán a la previsible excarcelación de uno de los secuestradores de Ortega Lara, reconoció la especial repugnancia que provocaba el crimen de Uribetxeberria para después añadir que su obligación es aplicar la ley y hacerlo al margen de las huelgas de hambre emprendidas por dos centenares de presos de ETA —de muy distinta intensidad y algunas tan poco sólidas como quedarse un día sin comer o solo ingerir alimentos del economato y no del comedor de la cárcel—.
Si Interior concede hoy al recluso el tercer grado, el siguiente paso le corresponderá a la Audiencia Nacional. El magistrado Santiago Pedraz, en funciones de vigilancia penitenciaria, dictó ayer una providencia en la que pedía a Prisiones los últimos partes médicos y que se pronuncie sobre la posible aplicación del artículo 104.4 del reglamento penitenciario, el que recoge la posibilidad de conceder el tercer grado a los presos gravemente enfermos.
Con el dictamen de los forenses y previo informe del fiscal —que ayer pidió al forense que determine si el cáncer que padece Uribetxeberria podría ser tratado “adecuadamente” por los servicios penitenciarios hospitalarios— el juez tendrá que decidir si valida la libertad condicional. Pedraz está de guardia solo hasta el domingo, por lo que previsiblemente será su relevo el que tome la decisión.
Mientras tanto, la izquierda abertzale ha redoblado su presión. Cuanto más se acerca el día de la posible liberación, más esfuerzos dedica a que parezca que, si finalmente se lleva a cabo, será un éxito suyo. Herrira, el colectivo de apoyo a los derechos de los reclusos de ETA, ha llamado a la ciudadanía a manifestarse mañana en Bilbao para que “no se repita nunca más el terrible caso” de Uribetxeberria.
La candidata de Euskal Herria Bildu a lehendakari, Laura Mintegi, también urgió su puesta en libertad y acusó al Gobierno de no conocer lo que es el Estado de derecho y de aplicar “la ley del talión”. De nuevo, se obvia el hecho de que el Gobierno anunció hace ya una semana que se atendría al dictamen médico cuando estuviera listo.
El recluso, por otra parte, llamó a la calma a los que le apoyan. “Salga como salga yo de aquí, que no se haga ninguna locura. En ningún sitio”, dijo Uribetxeberria. Sin embargo, hace 10 días, cuando ya preveía que iba a ser liberado, aunque aceptó hacerse las pruebas médicas que le pedía Prisiones para evaluar su estado de salud, decidió continuar una huelga de hambre que lo iba a debilitar extraordinariamente porque así se lo pidió el sector más duro del colectivo de presos y el entorno abertzale.
La película no terminará con Uribetxeberria. Si él es excarcelado, habrá que ver hasta dónde llega la ofensiva abertzale con los otros 13 presos que están en la lista de reclusos enfermos, que incluye casos de muy distinta gravedad.
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