El Supremo rebaja la pena a un militar que estafó medio millón de euros
El brigada se hizo pasar por jefe de compras y adquirió siete camiones de carne congelada que se quedó en beneficio propio.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha rebajado de cinco años de cárcel a tres años y medio la condena impuesta a un brigada del Regimiento Inmemorial del Rey que se hizo pasar por jefe de compras y aprovisionamiento y adquirió siete camiones de carne congelada para el Ejército por importe de más de un millon de euros de los que dejó a deber 566.000 euros que se quedó en beneficio propio.
La sentencia del Supremo ha estimado la alegación de que el delito cometido por el militar no fue una estafa continuada, ya que la estafa se produjo en una sola negociación en la que se determinó la venta, aunque la carne llegase a Madrid en siete camiones en diferentes fechas. En consecuencia, la condena se reduce de cinco a tres años y medio, al rechazarse la pena agravada correspondiente a un delito continuado.
Jose Ignacio de Carlos Morales, brigada de cocina del Regimiento Inmemorial, se presentó como brigada jefe de compras y aprovisionamiento y contrató con la mercantil Sogeviandes la compra de varios camiones de carne congelada para el citado regimiento. La carne saldría de los almacenes de Sogeviandes en Francia y sería entregada, entre los meses de junio y septiembre de 2004, en unos almacenes designados por el brigada en España, a fin de ser comercializados en su propio beneficio.
El brigada se presentó debidamente uniformado y firmó y puso el sello del Regimiento a dos facturas que emitió Sogeviandes por importe total de 1.064.658 euros. El precio convenido empezó a pagarse, pero a principios de 2005 se inciaron los retrasos en el pago, dejandose finalmente de abonar 565.910 euros.
La Audiencia de Madrid impuso al brigada cinco años de cárcel por un delito continuado de estafa agravada en concurso con el de usurpación de funciones, que ahora el Supremo ha reducido al rechazar la pena agravada correspondiente a la continuidad delictiva. Morales deberá indemnizar a Sogeviandes por el pago pendiente, si bien el Supremo mantiene la responsabilidad civil subsiadiaria del Estado.
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