“Es ridículo tener que dar el DNI para tomarse una caña”

El Congreso de los Diputados se ha convertido en el destino más deseado para quienes se manifiestan contra los nuevos recortes del Gobierno. El miércoles de la semana pasada, mientras Rajoy comunicaba sus medidas de ajuste a los parlamentarios, una protesta espontánea de funcionarios consiguió plantarse ante las puertas de la Cámara baja para expresar su rechazo a la modificación de sus condiciones laborales. En términos estrictamente legales, podrían haber vulnerado el artículo 494 del Código Penal, que castiga las manifestaciones ante el Congreso cuando este se encuentra reunido.

Para garantizar su seguridad, la Cámara baja se encuentra completamente vallada desde la noche del viernes, en un perímetro que incluye la Carrera de San Jerónimo y las demás calles aledañas. El dispositivo policial incluye varios controles de acceso y una abundante presencia de furgonetas de los antidisturbios. Se necesita la autorización de la Policía Nacional para atravesar el perímetro vallado.

La imagen de un Congreso bunkerizado ha provocado las críticas de varios grupos parlamentarios al entender que, en un momento de enorme desafección política, la imagen que se transmite con ese blindaje es la de una completa separación entre los diputados y la ciudadanía a la que representan. PSOE, IU, CiU y ERC han solicitado al presidente de la Cámara, Jesús Posada, que rebaje las medidas de seguridad. “El pueblo al que decimos representar no es el enemigo”, ha afirmado Cayo Lara, portavoz de IU, durante la sesión de control al Gobierno de esta mañana. Sin embargo, Posada ha expresado su conformidad con el actual dispositivo, argumentando que “en materia de seguridad es mejor prevenir que curar”.

La Delegación del Gobierno en Madrid, responsable del operativo, ha fijado dos líneas rojas para las protestas. La primera es impedir la imagen simbólica, muy buscada desde las redes sociales, de un Congreso asediado por manifestantes o rodeado de acampados, como sucedió en la Puerta del Sol con el movimiento de los indignados. El segundo límite es impedir que se produzcan fuertes cargas policiales para proteger la Cámara baja, con el consiguiente riesgo de heridos. Para garantizar estos dos objetivos, la Delegación del Gobierno consideró que la estrategia del vallado resultaba más eficaz que el establecimiento de un cordón de escudos policiales, bastante más vulnerable.

El vallado busca impedir la imagen de un Congreso asediado por manifestantes

Junto con la controversia política, la operación de sellado está provocando molestias a residentes y trabajadores de la zona que, en ocasiones, tienen que dar largos rodeos para llegar a sus destinos. Los criterios requeridos para poder superar la barrera de seguridad son un frecuente motivo de queja. “Esta mañana la policía me ha pedido acreditación, pero yo no tengo acreditación de ningún tipo”, cuenta Francisco Javier Guerrero, ayudante en un restaurante de la zona. “Le he dicho al agente que se venga conmigo hasta la puerta de mi trabajo, para comprobar que no le engaño. Menos mal que otro policía me conocía y me ha dejado pasar”, añade. “El problema es que muchos policías no son de Madrid y, cuando tienen dudas, te derivan a otro punto de acceso”, concluye Guerrero.

Para comercios, bares y restaurantes la situación es de grave perjuicio. Ángel Pena, propietario de un pequeño supermercado a las espaldas del Congreso, afirma que la ausencia de viandantes le ha llevado a vender un 50% menos en los últimos días. “Nos están arruinando”, denuncia. En su misma calle, los dueños de una pensión explican que cada día pierden en torno al 20% de su clientela, por los inconvenientes que los controles de acceso suponen para sus huéspedes. “El lunes pasado la policía le dijo a mis clientes que si salían de la zona no iban a poder entrar después”, explica la dueña. “Esa doble fila de vallas no la he visto ni cuando Tejero asaltó el Congreso”, añade con nerviosismo.

Un poco más abajo, un restaurante muy conocido en la zona se encuentra prácticamente vacío. Su encargada apunta a pérdidas de un 40%. “El viernes y sábado después de los recortes la caída de clientes fue brutal”. Dos de sus trabajadores comentan que el viernes tuvieron incluso problemas para irse a su casa, porque la policía no les dejaba salir del perímetro.

"El pueblo al que decimos representar no es el enemigo", afirma Cayo Lara

“Lo que más me molesta es que no nos han pedido disculpas, ni por carta ni de ninguna otra manera”, se queja José Ramón Vázquez, dueño de una taberna en la calle del Duque de Medinaceli. Vázquez estima las pérdidas de su negocio en un 60%. “Es ridículo que tengas que dar el DNI para tomarte una caña”, comenta con sorna.

Al final de la Carrera de San Jerónimo, casi llegando a la Plaza de Neptuno, el quiosco de Serafín Montiel acumula un 60% de pérdidas desde el inicio del vallado del Parlamento. “Esta es la zona de los museos, por donde pasean muchos turistas, y ahora no dejan pasar a nadie. ¡Qué rodeen el Congreso, pero no toda la zona¡”, exclama. “Si hubiesen movido la valla 10 metros hacia arriba, no me hubiesen hecho polvo”, concluye con resignación.

Algunos policías situados en los puestos de control explican que las restricciones al acceso se endurecen o relajan atendiendo al riesgo de protestas. El problema es que, en la era de las redes sociales, las manifestaciones ya no solicitan la autorización previa legalmente establecida. En cualquier momento puede surgir una protesta espontánea convocada por Internet, lo cual mantiene a las autoridades en un estado de alerta permanente. No hay visos de que la situación vaya a cambiar mañana jueves, cuando el Congreso se reúna para aprobar los decretos con los nuevos ajustes.