El alcalde de Valladolid declara que no recibió a quienes optaban a concesiones

El regidor niega que se cambiara el plan general tras su aprobación por el pleno municipal

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), ha asegurado hoy ante el juez que nunca ha recibido a empresarios que pudieran optar a concesiones de obras o servicios municipales. El regidor popular ha declarado esta mañana durante algo más de dos horas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, dentro de las diligencias por supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003.

Tras declarar ante el juez, el fiscal y los abogados de la acusación popular, el alcalde se ha mostrado "absolutamente tranquilo" y ha afirmado que no tiene "participación alguna en lo que pueda haber pasado" con el Plan urbanístico.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid denunció que las modificaciones del plan publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia en 2004 no se correspondían con el texto aprobado por el pleno municipal en 2003, a la vez que advirtió de que podían favorecer a determinados titulares de terrenos.

En concreto, se eliminaban trámites, se ampliaba el número de viviendas en algunas parcelas o se cambiaban usos sociales del terreno por otros con fines económicos, según los denunciantes.

El alcalde ha afirmado que en los 17 años que lleva en el cargo en ningún momento ha firmado una resolución "sin el informe favorable de los técnicos" del Consistorio, en el que gobierna en mayoría. Además, ha declarado que la revisión del plan se aprobó mediante el procedimiento de "dación de cuenta", porque su aprobación como tal "ya estaba hecha" y así lo determinó el secretario del Ayuntamiento.

"No hay nada que esconder", ha comentado el alcalde, quien ha dicho tener "la conciencia tranquila" después de una declaración que "no ha resultado dura en absoluto", pero tampoco "cómoda ni agradable". Al respecto, ha indicado que "será el juez" quien determine por qué la revisión del Plan publicada no coincide con la aprobada en Pleno, y si la Junta de Castilla y León tiene alguna responsabilidad dentro de sus competencias en urbanismo.

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