El Gobierno no dejará en libertad a la etarra Del Río y recurrirá la sentencia

“No va a salir de prisión”. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostró ayer contundente tras conocer que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), insta al Estado español a poner en libertad de forma inmediata a la etarra Inés del Río por considerar que no se le tenía que haber aplicado la doctrina Parot. Fernández Díaz anunció que el Ejecutivo recurrirá la sentencia ante la Gran Sala del mismo tribunal y que en dicho recurso solicitará que se suspenda la ejecución de la decisión, dado que “sin ningún género de dudas” Del Río se fugaría.

La sentencia de Estrasburgo determina además una indemnización de 30.000 euros. Fernández Díaz, que clausuró ayer en Madrid la primera Conferencia de Alto Nivel sobre Víctimas del Terrorismo, aseguró que en caso de que el recurso no prospere y tuvieran que pagarla, lo descontarían de la “inmensa” cifra que le corresponde abonar a la etarra por responsabilidad civil.

El ministro también aseguró que el Tribunal de Derechos Humanos “en ningún momento ha derogado la doctrina Parot”, sino que ha resuelto sobre “un caso muy concreto” decidiendo en función de la retroactividad de la ley penal. El titular de Interior fue muy crítico con el momento elegido para hacer pública la sentencia. Calificó de “lamentable” y de “falta de sensibilidad” que se conociese el día en que se cumplían 15 años del secuestro por parte de ETA del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado 48 horas después.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también se pronunció sobre la resolución, de la que discrepó “severamente”. Desde Santiago de Compostela, afirmó que el criterio del Gobierno es que no debe producirse una excarcelación mientras la Gran Sala convierta o no en definitiva la decisión judicial. “Quien tendrá la última palabra sobre la situación penitenciaria en la que queda esta persona es la propia sala”, manifestó.

El diputado y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido coincide en destacar que mientras la sentencia no sea firme no tiene que ejecutarse. Añade que si es confirmada, sí deberá ser aplicada, aunque le corresponderá al Gobierno determinar el procedimiento técnico que utilice para hacerlo.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, asegura que la sentencia tendría que ser cumplida inmediatamente. “La doctrina Parot no sigue en absoluto viva”, agrega.

Las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son de obligado cumplimiento para España pero se da la paradoja de que no existen mecanismos automáticos para que, ante una resolución de dicha instancia supranacional, sean revisadas las decisiones adoptadas por los tribunales nacionales. El también catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid Antonio Rovira explica que el Gobierno “está comprometido a intentar ejecutar dentro de lo posible estas sentencias”.

El abogado José Luis Mazón, experto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recuerda, sin embargo, una sentencia de este tribunal por la cual el Constitucional obligó en 1991 a la Audiencia Nacional a repetir el juicio por el asesinato del industrial catalán José María Bultó en 1977. El Constitucional consideró que los fallos del tribunal de Estrasburgo no son ejecutivos, pero agregó que “el poder legislativo debería establecer cauces procesales adecuados” para la eficacia de los fallos europeos que afecten a condenas penales en trámite de ejecución. A falta de tales cauces, el Constitucional amparó a los tres acusados del asesinato, que en un nuevo juicio fueron absueltos.