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‘Fumata negra’ con esperanza

El Poder Judicial vota en pleno hasta 25 magistrados del Supremo para presidir el tribunal Ninguno de ellos obtiene más de 10 votos de los 12 requeridos

La vocal Margarita Uría, propuesta por el PNV, a las puertas del CGPJ.
La vocal Margarita Uría, propuesta por el PNV, a las puertas del CGPJ.Carlos Rosillo

Por poco, pero no hubo fumata blanca. El pleno del Poder Judicial tipo conclave —de aquí no nos movemos hasta que haya presidente— se mantuvo reunido durante siete intensísimas horas y, finalmente, los vocales decidieron continuar la sesión a las doce de la mañana, en la idea de que mientras hay vida hay esperanza.

De hecho, en la sesión de la tarde hubo momentos en los que se llegó a la conclusión de que faltaba un empujoncito final, pero que casi se había conseguido llegar a los 12 votos imprescindibles, que conforman la mayoría cualificada de tres quintos, para ser presidente.

Un magistrado progresista de la Sala Segunda del Tribunal Supremo llegó a obtener 10 votos en una de las votaciones y parecía que podía llegar a conseguir los 12 votos requeridos, aunque luego no fue así.

La sesión supuso un esfuerzo de las distintas facciones del Consejo por aunar voluntades frente a los proyectos del ministro Alberto Ruiz-Gallardón de convertir la institución en un órgano menor y restar poder a las asociaciones de jueces, especialmente en los nombramientos.

Las votaciones se realizaron siempre de forma secreta, por lo que es difícil de determinar quién apoyaba a qué candidato, aunque en todo momento hubo tres votos en blanco, y a veces cuatro, tanto para candidatos conservadores como progresistas, por lo que se identificó a esos votos como servidores del ministro de Justicia, que no quiere que salga ningún presidente que pueda oponerse a sus planes. Esos votos serían los de Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández Carnicero, a los que en ocasiones se sumaba el vicepresidente Fernando de Rosa.

Inicialmente la vocal Margarita Robles planteó 17 candidatos, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo, que supuestamente reunían las condiciones para ser elegidos. Se votaba por ternas y se iba descartando a los que menos apoyos tenían.

Pronto se desechó a magistrados como Jesús Corbal o Ricardo Enríquez y a final de la mañana se llegó a una terna integrada por José Ramón Ferrándiz, apoyado teóricamente por la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia; Carlos Granados, votado por el grupo encabezado por Manuel Torres Vela y que integran las fiscales Gabriela Bravo, Almudena Lastra, Miguel Carmona y en ocasiones por el sector próximo al PP; y el progresista Gonzalo Moliner, que había sido propuesto por José Manuel Gómez Benítez.

Moliner llegó a aguantar hasta siete votaciones, pero finalmente fue descartado por ser el menos votado de la terna.

La votación final de la mañana antes del descanso para comer y solo entre los dos candidatos preferidos arrojó el siguiente balance: Ferrándiz, nueve votos; Granados, seis votos; abstenciones o blancos, cinco votos.

Tras la reanudación, se llegó a la conclusión de que era necesario introducir nuevos candidatos si se quería llegar a algún resultado positivo.

Hubo nuevos nombres, pero en todas las votaciones había siempre tres o cuatro votos en blanco, lo que dificultaba llegar a los 12 votos.

Gómez Benítez propuso al progresista Joaquín Jiménez, que llegó a obtener hasta 10 votos, frente al exvocal Francisco Monterde, de corte conservador.

Al final de la tarde, se realizaron hasta cuatro votaciones entre los tres candidatos que más votos habían obtenido a lo largo de la tarde: Joaquín Jiménez, José Ramón Ferrándiz, y el magistrado de la Sala de lo Social José Manuel López García de la Serrana. El primero obtuvo nueve votos en la mejor de esas votaciones y el segundo ocho, con los tres votos blancos de rigor.

El pleno se reanuda hoy con renovados bríos y sobre la base de que podría llegarse a nombrar un presidente para relevar a Carlos Dívar como primera autoridad judicial del país.

Algunos vocales se plantean la posibilidad de recuperar un estudio en el que al tratarse de una obligación constitucional no se pueda votar en blanco ni abstenerse.

La dificultad de esa exigencia radica en que las votaciones son secretas y no se puede saber a quién corresponden los votos blancos. Por ello, algunos se plantean incluso la posibilidad de que las votaciones sean públicas. Esa posibilidad generaría grandes resistencias. Pero las opciones son hoy más claras.

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