Una asesora de Báñez elaboró el documento sobre el ERE del PSOE
Los socialistas exigen la dimisión de la ministra por dar datos confidenciales Estudian acudir a Protección de Datos, a la vía judicial y a la parlamentaria
![](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/JDLAY6QKSNOVPMQQM5WBZ27B2E.jpg?auth=69e931204cfb7ea47ca6b9139246bb0a060e0c127c6fdd78e236e06915844c5c&width=414)
El documento con los puntos clave del expediente de regulación de empleo (ERE) del PSOE que fue filtrado la semana pasada desde el correo de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue elaborado en el ordenador de una asesora del gabinete de la ministra, la vocal Nuria Paulina García Piñeiro, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El archivo con el nombre ‘ERE nacional.doc’ iba adjunto en el correo electrónico que Fátima Báñez remitió el 25 de junio a al menos un periodista y cuyo contenido detallaba el número de trabajadores que podían verse afectados por la reducción de plantilla y la caída de ingresos por subvenciones del principal partido de la oposición. Fuentes de este departamento han negado el envío de esa información y han asegurado que están a la espera de más pruebas para una contestación detallada.
Los datos y algunos fragmentos calcados de dicho papel aparecieron publicados en La Razón en la edición impresa del día siguiente al envío del correo, el 26 de junio. El mismo rotativo ya había adelantado el día anterior la noticia del recorte de empleo que preparaba el PSOE, aunque sin esta profusión de detalles. El documento elaborado en el ordenador de la asesora de Báñez, bajo el epígrafe Nota sobre las medidas de regulación de empleo (despidos colectivos, suspensión de contratos y reducciones de jornada) presentadas por el PSOE el viernes 22 de junio, detallaba que alrededor de 186 empleados se podrían ver afectados por los despidos y unos 61 por las suspensiones de contrato o reducciones de jornada.
El PSOE comunicó el viernes 22 de junio al Ministerio de Empleo la apertura de este proceso de recorte de plantilla y el inicio del periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, así como la justificación con los motivos técnicos, económicos y organizativos de esta medida. Este tipo de documentos, que ya antes de la reforma laboral debían presentar las empresas que impulsaran un ERE para argumentar la decisión, solo se trasladan a las partes interesadas, por eso tienen acceso a ellas los representantes sindicales.
![La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/X6XCGSUGXL2RTL5R2EHYRYIVBQ.jpg?auth=a54c08d368e285586bec2e8e9f6131e6cad30740f8442d52a64b4bd0aa69a5a4&width=414)
La dimisión de la ministra de Empleo es el precio que el PSOE quiere que pague el Gobierno por la filtración. Además, están estudiando acudir a la vía judicial y parlamentaria y reclamar la intervención de la Agencia de Protección de Datos para que acredite que efectivamente la difusión de la información se produjo desde el correo electrónico de Báñez.
“De confirmarse esta información, la ministra deberá abandonar el cargo con carácter inmediato por haber abusado de su posición para perjudicar al principal partido de la oposición”, afirmó ayer en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, que no ocultaba su enfado por la situación.
Según explicó, se había desayunado con la noticia de la filtración sobre el ERE del PSOE que tramita el ministerio. López había adelantado que el ERE se pactaría con los sindicatos y que no se aprovecharía de la reforma laboral del PP, a la que el PSOE se ha opuesto, y que recorta los derechos de los empleados.
“Es una información muy grave y sin precedentes”, afirmó el número tres del PSOE. Los socialistas sostienen que lo primero es depurar responsabilidades políticas, lo que implica la renuncia a su cargo de Báñez. Sin embargo, López se guardó bien las espaldas y se apoyó en una coletilla: “Si se confirma la información”.
Aunque el departamento jurídico del partido aún no ha terminado de estudiar lo ocurrido, López justificó una medida tan drástica como una dimisión porque se trata de “un precedente muy peligroso de inseguridad jurídica para los trabajadores y empresas” ante la Administración pública y supone un “uso partidista” de información reservada por parte de la ministra “para perjudicar al principal partido de la oposición”. Por eso, y pese a que aseguró varias veces, a preguntas de los periodistas, que no tenía más datos ni pruebas, insistió: “De confirmarse esta información, la ministra no podría seguir un minuto más en el cargo”.
A la espera de actuar con detalles personales
Cuando el PSOE presente formalmente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), este organismo deberá iniciar los trámites para averiguar si la filtración incumple la legislación en materia de difusión de información personal.
La agencia, que actúa con independencia de la Administración aunque está vinculada al Ministerio de Justicia, es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal por parte de los responsables de esa información: organismos públicos, empresas, fundaciones, asociaciones... El margen de actuación de la AEPD, que no se pronunciará hasta analizar el contenido del archivo filtrado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se circunscribe, en cualquier caso, a los datos personales. Esto es, nombres o información que desvele identidades (por ejemplo, teléfonos, direcciones…). Así las cosas, cuando conozca los detalles del documento sobre el ERE que prepara el PSOE, su función consistiría en proteger a los afectados, si considera que se ha vulnerado su derecho a la privacidad.
La agencia, creada en 1993, instruye habitualmente procedimientos sancionadores, dicta resoluciones de apercibimiento y, si es preciso, acompaña sus peticiones de órdenes judiciales contra entidades que, a su entender, vulneran ese derecho. Algunas de las denuncias más frecuentes en los últimos años afectan a buscadores de Internet. Google, por ejemplo, recibió en el segundo semestre de 2011 43 requerimientos enviados por instituciones españolas, encabezadas por Protección de Datos, para retirar 300 enlaces relativos a “individuos particulares y personajes públicos”.
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