“La Fiscalía no ha bajado la guardia y recoge datos contra Bildu y Amaiur”

Eduardo Torres-Dulce, (1950) jefe de filas de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, fue el más respaldado nunca por sus compañeros en unas elecciones al Consejo Fiscal, cargo desde el que mantuvo una tenaz oposición a su antecesor en la Fiscalía del Estado, Cándido Conde-Pumpido. De familia de rancio abolengo jurídico, Torres-Dulce ha alcanzado con el PP el cargo de fiscal general para el que siempre fue postulado por otros, pero al que no parecía tener prisa por acceder. Tras un primer tropiezo con los periodistas al inicio de su mandato por los restos de un vagón del 11-M, ha aprendido a mostrarse políticamente correcto.

Pregunta. ¿Por qué archivó la Fiscalía del Estado en solo unos días la denuncia contra Dívar cuando ya sabían a través de los medios de comunicación que se habían pagado con fondos públicos gastos privados?

Respuesta. No en unos pocos días, en dos semanas largas, que creo que es un periodo más que suficiente. El teniente fiscal del Supremo tomó la decisión de que los hechos no eran constitutivos de delito en atención a la documentación que remitió el Poder Judicial. Ha habido un trabajo de investigación a un ritmo adecuado y una reflexión jurídica penal que, por cierto, ha compartido la inmensa mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo.

Si existe reproche penal contra Rato, el fiscal pedirá su imputación”

P. ¿Cree que el presidente del Supremo tenía que dimitir?

R. Es una valoración estrictamente personal en la que el fiscal del Estado no puede ni debe entrar.

En el indulto a Garzón asumiré lo que diga la Fiscalía del Supremo”

P. ¿Hace usted viajes por razón de su cargo de jueves a domingo?

R. Pues generalmente eso no es así salvo que en algún caso deba asistir a algún acto o tenga que dar alguna conferencia. La semana pasada viajé a Bruselas para una conferencia de fiscales generales. El miércoles participé en un curso en la Universidad de Alcalá (Madrid) y el jueves viajé a Santander para intervenir en la Universidad Menéndez y Pelayo. Soy más parecido a una maleta institucional que al hombre de despacho que era antes.

P. ¿Estaría a favor de investigar los gastos de los demás vocales del Poder Judicial?

R. Son ellos los que deben, al hilo de todo lo sucedido, hacer una reflexión que comporte o no esa iniciativa.

P. ¿Qué opina de la nueva fórmula de Consejo del Poder Judicial propuesta por el ministro Ruiz-Gallardón, con dos categorías de consejeros?

R. En el Consejo Fiscal que yo presido, la fórmula de que todos los consejeros, electivos e institucionales, sigan desempeñando sus cargos y asistan exclusivamente a las sesiones a las que han sido convocados a nosotros nos está funcionando extraordinariamente bien. Es posible que la distinta procedencia de los vocales, —nosotros somos todos fiscales, allí podría ser que no fueran todos jueces, sino también abogados, procuradores o secretarios— hiciera más difícil esa posible compatibilidad de trabajo. Pero la existencia de un núcleo central que lleve a la permanencia de los asuntos y otro núcleo que asista a las reuniones, en principio, parece una fórmula digna de estudiarse.

P. ¿Y ese nuevo sistema contribuirá a despolitizar el Consejo o dejará un Consejo monocolor?

R. En general, todos los sistemas son buenos o malos atendiendo a la lealtad con la que funcionen el propio sistema y los elegidos. De los dos sistemas que ha habido, yo, sinceramente, creo que el de mayor proximidad al espíritu constitucional es el que funcionó hasta 1985. Que ello implique otorgar un mayor poder al segmento de la carrera judicial parece lógico, porque el órgano de gobierno de los jueces, cuanto más separado pueda estar de la elección política, más significado tiene. Que corre un riesgo de corporativismo es evidente. Ni uno ni otro sistema son perfectos, todo depende de cómo encontrar el necesario equilibrio para que no se trate ni de politización ni de corporativismo, sino sencillamente de personas entregadas al gobierno de los jueces con absoluta independencia del origen.

P. ¿Qué le ha parecido la sentencia de Sortu?

R. Decepcionante desde el punto de vista de la fiscalía, porque hemos sostenido, tanto en Bildu como en Sortu, que la posición de la Sala Segunda del Supremo optando por la ilegalización era la correcta. También me preocupa el posible reflejo que ante el Supremo pueda tener el hecho de una revalorización de las pruebas, que no deja de ser siempre una brecha abierta entre las decisiones del Constitucional y del Supremo. En todo caso, acato y respeto sin ningún límite la sentencia dictada por el Constitucional. Y por primera vez el tribunal, de una forma muy clara, ha introducido serias advertencias acerca de que la legalización pueda transformarse en ilegalización de facto si se produjeran esas situaciones. Me parece que esa declaración del tribunal no es puramente retórica, y por lo menos en la Fiscalía del Estado no vamos a contemplarla como un adorno.

P. ¿Es para ponerse ya a buscar causas de ilegalización sobrevenida?

R. El Ministerio Fiscal, tanto en el caso de Bildu como en el de Amaiur, no ha bajado la guardia, está en permanente contacto con las Fuerzas de Seguridad del Estado para recibir información. La Fiscalía del Estado está muy atenta a la recogida de datos que pudieran en su momento dar lugar a la apertura de expedientes de ilegalización tanto de Bildu como de Sortu y de Amaiur.

P. ¿Está de acuerdo en dejar el Constitucional como una sala del Supremo, como ha sugerido Esperanza Aguirre?

R. No solamente lo ha sugerido ella. Hay algunos ilustres tratadistas y expertos en la materia que han sugerido ya hace tiempo la posibilidad de residenciar algunos de los derechos fundamentales previstos en la competencia del Tribunal Constitucional en una sala del Tribunal Supremo. Yo francamente creo que esa decisión, que tiene sus ribetes constitucionales, es para meditarla muy seriamente. Es una decisión de mucho calado y no me atrevo a pronunciarme en este momento ni a favor ni en contra.

P. ¿El ministro de Justicia le ha llamado a usted para darle alguna instrucción en relación con la Fiscalía del Estado?

R. En absoluto. Me imagino que eso podrá ponerse en tela de juicio, pero desde el primer momento el señor Ruiz-Gallardón y el propio Gobierno me expresaron que la fiscalía tiene la más completa independencia. No he tenido ninguna llamada ni ninguna injerencia, ni yo tampoco la habría tolerado.

P. ¿Cómo se encuentran las investigaciones sobre Bankia y las demás cajas en apuros?

R. Se ha formulado una querella contra Novacaixagalicia y con respecto al resto, en diverso estado procesal. Con respecto a Bankia, estamos a la espera de la documentación que hemos solicitado, para ver si esos hechos merecen un reproche penal y si es así, proceder activamente a ello.

P. ¿Puede llegar la situación a que declare Rodrigo Rato?

R. Si se entiende que existe un reproche penal y un juicio de culpabilidad respecto del señor Rato o de cualquier otro de los directivos de las entidades, naturalmente que el ministerio fiscal pediría su declaración como imputado y se procedería al respecto. Pero en este momento todo es prematuro.

P. La fiscalía pidió la absolución del juez Baltasar Garzón en el caso de las escuchas Gürtel. Usted apoyó esa petición. ¿Cree que Garzón no delinquió?

R. Cuando llegué a la Fiscalía del Estado yo asumí la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sobre la que no tuve ningún tipo de información ni de gestión. Lo único que se pidió bajo mi mandato fue el sobreseimiento por prescripción en la causa por los cursos en Nueva York, como me propuso el fiscal que llevaba la causa.

P. ¿Es usted partidario de que se le conceda el indulto? ¿La fiscalía informará a favor?

R. La decisión del indulto es graciosa en el sentido de que no necesita justificación por parte del Gobierno. Es cierto que informará la fiscalía cuando la petición llegue al Tribunal Supremo, y como esta es una decisión que corresponde con absoluta autonomía a la Fiscalía del Supremo, dejemos que la examine y cuando me la comuniquen yo la asumiré como fiscal general.

P. No se moja, eh…

R. Es que no puedo anticipar una decisión que corresponde a la Fiscalía del Supremo. Si yo me anticipara, mis compañeros dirían que para que están ellos.

P. Pero por lógica, en dos causas en las que la Fiscalía del Supremo ha pedido la absolución y en otra el archivo...

R. No quiero anticipar nada, pero una cosa es la petición de la absolución y otra las razones por las que una vez dictada la sentencia cabe el indulto.

P. ¿Veremos algún día el final de procesos como el caso Gürtel, Urdangarín, etcétera?

R. Por las referencias que tengo, en el caso Palma Arena, que afecta al señor Urdangarin, las previsiones que se me transmiten por Anticorrupción es de un cierre procesal de la fase de instrucción más bien antes de finalizar el año. En el caso Gürtel, creo que la investigación en este momento es tan compleja y tan dispersa que no parece que podamos tener esa apreciación de una pronta resolución de las distintas instrucciones que se están siguiendo.

P. ¿Cree que Urdangarin puede llegar a sentarse en el banquillo de los acusados?

R. Prefiero no anticipar ningún hecho. La apreciación de lo instruido hasta este momento da una cierta previsibilidad de una calificación jurídica acusa toria por parte del fiscal, pero vamos a esperar a que concluyan las investigaciones procesales.

P. ¿Cree que la instrucción del 11-M, el juicio y la posterior sentencia del Supremo fueron anómalas?

R. Yo he dicho desde el primer momento que el 11-M es cosa juzgada. Desde el punto de vista de la investigación periodística, de la investigación histórica, es un caso que estará siempre abierto a investigaciones, a especulaciones, a propuestas de cualquier tipo. La reapertura del sumario solo se podría producir respecto a personas distintas de las ya encausadas o respecto a unos hechos absolutamente distintos. Otra cosa es, como sucede respecto al caso de los trenes, que existía una denuncia acerca de que unos paneles de uno de los vagones que habían explosionado había sido sustraído a la investigación. La investigación realizada por la fiscalía ha concluido que eso no es así y que procedía el archivo de la causa. Hemos puesto los paneles a disposición del juzgado que lleva los flecos del 11-M.