El Tribunal Constitucional avalará la ley que regula el matrimonio homosexual

Siete años después de que el Partido Popular recurriera contra la ley de matrimonios homosexuales aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 30 de junio de 2005, los 11 magistrados del Tribunal Constitucional están convocados a pleno el próximo martes, para dirimir si se mantiene o se anula una normativa que desde que está vigente ha permitido celebrar 20.000 bodas gais en toda España.

Al menos esa era la previsión del tribunal antes de que el PP y el PSOE sellaran, el pasado viernes, un acuerdo para renovar las cuatro plazas del Constitucional que deberían haber sido cambiadas hace casi dos años, lo que conformará un pleno del Constitucional distinto. Habrá cuatro magistrados nuevos, aunque con las fuerzas de ambos grupos muy parecidas a las actuales (siete magistrados elegidos a propuesta del PSOE y cinco del PP).

La revisión del recurso figura en el último punto del orden del día, lo que quiere decir que cabe la posibilidad de que no saliera en este pleno, pero sí en el próximo pleno convocado para este mes de julio antes de que se tomen posesión los cuatro magistrados renovados. En el orden del día también figura la admisión a trámite del recurso de diputados del PSOE contra el nuevo sistema de nombramientos de RTVE aprobado por el Gobierno de Rajoy.

La ponencia sobre la que se van a pronunciar los magistrados la firma Pablo Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional, elegido en su día miembro del tribunal a propuesta del Gobierno socialista. Pérez Tremps seguirá en su puesto, ya que no pertenece al tercio que debía ser renovado.

En la propuesta de sentencia de Tremps se defiende la constitucionalidad de la ley y, por tanto, el rechazo al recurso presentado por el PP cuando estaba en la oposición.

Una mayoría holgada del pleno del Constitucional apoyaría el criterio del ponente. Sin embargo, hay voces discrepantes correspondientes al sector conservador del tribunal, que pueden evitar que el fallo salga adelante por unanimidad, según explicaron a este periódico distintas fuentes conocedoras de la situación.

El pleno que está convocado para la deliberación del recurso presentado por el PP en 2005 está formado por siete magistrados elegidos en su día a propuesta del PSOE y cuatro a propuesta del PP. Hay una vacante por fallecimiento de Roberto García Calvo que no se había cubierto. Con la renovación, los conservadores serán 5 de los 12 miembros del pleno.

El Constitucional pretende resolver de una vez esta cuestión que desde hace siete años provoca enfrentamientos entre socialistas y populares.

El debate sobre el matrimonio homosexual se ha trasladado a casi todas las contiendas electorales que ha habido en España desde que fue aprobada la ley en el verano del año 2005.

El tribunal afronta el recurso del PP con una clara mayoría progresista, lo que garantizaría un pronunciamiento favorable a la constitucionalidad de la ley, tanto si deliberan los 11 magistrados todavía en ejercicio o si lo hace el pleno con cuatro miembros nuevos que se constituirá en unos días.

En el PSOE, partido que impulsó la nueva ley, hay un sólido convencimiento de que la norma es constitucional y necesaria. Pero en el PP la controversia sobre la ley del matrimonio homosexual ha desencadenado un debate interno en el que han surgido algunas voces discrepantes con la dirección del partido y con la decisión de promover el recurso de inconstitucionalidad.

Desde que fue aprobada la ley, varios alcaldes del PP, como Alberto Ruiz-Gallardón cuando era regidor en Madrid, celebraron bodas gais, también entre militantes del PP, y se fotografiaron encantados con las parejas que contraían matrimonio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se llegó a manifestar en contra de la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

Ruiz-Gallardón opinó en diversas entrevistas que si el Constitucional avalaba la normativa aprobada, lo razonable sería no cambiar la ley aunque el PP gobernara y tuviera mayoría absoluta: “Si el tribunal establece que es conforme a nuestra Constitución mantener la denominación del matrimonio, yo lo dejaría así”, declaró a EL PAÍS. Unos meses después, señaló “a título particular”, cuando ya era ministro de Justicia, que no veía inconstitucionalidad en la norma aprobada en su día por los socialistas.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró deliberadamente ambiguo sobre el futuro de esa norma en la entrevista concedida a EL PAÍS en vísperas de las elecciones del pasado 20 de noviembre, cuando todavía era jefe de la oposición.

EL PAÍS preguntó entonces a Rajoy: si el Tribunal Constitucional avala la ley que permite casarse a personas del mismo sexo, ¿usted derogará o modificará esa ley?

Y Rajoy contestó: “La respuesta es muy sencilla. Esperemos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Esperemos a ver, no supongamos. Pero dicho esto, yo de lo que fui partidario, porque esto también me interesa que se sepa, y además lo llevé en mi programa, era de una ley de uniones de hecho que garantizaba los mismos derechos a las parejas homosexuales. Fue la primera vez en la historia que lo llevó el PP en su programa electoral en 2004. Yo quería una ley como en Alemania, Francia y Reino Unido. Fui a hablar con el presidente del Gobierno, y le dije: ‘Creo que esto evita líos, esto al final lo va a aceptar todo el mundo’. Y no quiso llegar a un acuerdo. A veces un gobernante no tiene que ir a la mayor, sino que tiene que intentar sumar a todos los ciudadanos”.

En este asunto, en el PP y en el Gobierno hay partidarios de derogar la ley aunque la avale el Constitucional y legislar la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero Rajoy no parece interesado en promover una reforma legal.

Es, según indican varios dirigentes del partido, muy distinto a lo que se pretende hacer, y ha anunciado ya el ministro de Justicia, con la vigente ley del aborto, recurrida ante el Constitucional por el PP y que será reformada diga lo que diga el alto tribunal. La reforma pretende volver al modelo vigente desde 1985 hasta 2010.

En el último congreso nacional del PP, ya con Rajoy en la presidencia del Gobierno, fue aprobado un texto que señalaba “la defensa de los derechos de las personas homosexuales, acatando en cualquier caso la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional acerca del alcance de la definición constitucional del matrimonio”.