El Gobierno y el PP presionan a la izquierda ‘abertzale’ con la ilegalización

El Gobierno no dio tregua este martes, al menos verbal, a la izquierda abertzale. A través del ministro del Interior, Jorge Fernández, del PP vasco y del portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, se exteriorizó un mensaje de absoluta dureza hacia cualquier desmán de Amaiur o Bildu. Se dijo, en reiteradas ocasiones, que, ante ciertos comportamientos —nada nuevos en este entorno, por otro lado, como criticar el arresto de dos presuntos etarras—, el Ejecutivo procedería a instar la ilegalización de estas formaciones. El más duro fue Alonso, que llegó a decir que el contador para ilegalizar a Bildu y Amaiur había “empezado a avanzar”.

Pero se trata de un mensaje ambiguo. Porque, mientras por un lado se exhibía esta nueva dureza, por otro se matizaban estas declaraciones, tanto en público como en privado, asegurando que, por el momento, son solo un “aviso para navegantes” y que el rifirrafe de este martes no significa que por los dos recientes enfrentamientos con la izquierda abertzale —por las dos detenciones en el sur de Francia y por la concesión de una subvención de 9.000 euros por parte del Ayuntamiento de San Sebastián, gestionado por Bildu, a un documental sobre presos de ETA—, el Gobierno vaya a actuar de inmediato. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, no se pronunció a este respecto, y en ningún momento se indicó, desde ese ministerio, que se hubiera puesto ya a trabajar a la Abogacía del Estado en la ilegalización de ningún partido o formación.

Incluso, y mientras se sucedían las advertencias, el propio Iñaki Oyarzábal, secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP y secretario general del PP vasco, matizaba que ni Bildu o Amaiur iban a ser ilegalizados de forma inminente porque el Tribunal Constitucional habla de “reincidencia”, en la reciente sentencia en la que legaliza Sortu pero estableciendo una serie de conductas que podrían llevar a su ilegalización posterior, como requisito necesario para dejar fuera del sistema a una formación política. Oyarzábal aseguró además, en una rueda de prensa en Vitoria, que el Gobierno solo quiere dejar bien claras las líneas rojas que ningún partido debe cruzar si quiere continuar siendo legal. “Hablar de ilegalizar es una simplificación que confundiría a la opinión pública”, señaló.

Amaiur dice que los arrestos perjudican “la resolución del conflicto”

El ministro del Interior habló, en un momento dado, de que Bildu, por la cuestión del documental de los presos, habría incurrido “literalmente” en una causa de ilegalización, y acusó por otro lado a Amaiur de situarse “al lado de los asesinos en lugar de en el Estado de derecho y el de las víctimas” por las críticas a los arrestos. Pero matizó después que la observación era un aviso.

La resolución del Constitucional establece varias causas de posible ilegalidad sobrevenida. Una de ellas es equiparar la violencia terrorista con la coacción legítima del Estado de derecho, “la que se reserva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando persiguen, detienen y ponen a disposición judicial a los responsables de los delitos de terrorismo y a los jueces y tribunales cuando les condenan en un proceso justo y con todas las garantías”, señala el alto tribunal. Otra es cuestionar el deber de las fuerzas policiales de perseguir a los terroristas.

A estas dos causas, precisamente, aludió Alonso al referirse a las declaraciones del portavoz de Amaiur en el Congreso, Mikel Errekondo, que afirmó que los arrestos en Francia de los presuntos etarras Ugaitz Errazkin y José Javier Oses iban “en dirección contraria a la resolución del conflicto”. El portavoz de Amaiur anunció, por otro lado, que sus diputados no acudirán hoy al homenaje que la Cámara baja ha organizado en memoria de las víctimas del terrorismo por considerarlo “parcial y no integrador” y que ellos preferían rendir tributo a “todas las víctimas” frente al árbol de Gernika, tanto a las provocadas por ETA como a las del “terrorismo de Estado”.

El resto de las causas de ilegalización recogidas en la sentencia del Constitucional son equiparar el sufrimiento de las víctimas y los presos; legitimar el terrorismo; el ensalzamiento del terrorismo y humillación de las víctimas; el desprecio del orden constitucional ; y el sostenimiento económico del terrorismo.

Con esta sentencia en la mano, el Gobierno parece haber decidido no dejar pasar ninguna declaración ni acto de la izquierda abertzale que pueda resultar “dudoso”. Comportamientos que antes no habrían merecido más que un reproche público, como la crítica de Errekondo a las detenciones, se convirtieron en amenaza directa de ilegalización.

Cuestión distinta es cuándo, y bajo qué circunstancias, efectivamente el Ejecutivo podría decidirse a comenzar los trámites para ilegalizar una formación abertzale.

Para ello, en principio deberían estar lo suficientemente seguros de que las causas que aleguen van a ser después apreciadas por los jueces para no fracasar en el intento. A no ser que lo que se pretenda en un momento dado sea contentar a ciertos sectores que llevan meses pidiendo la ilegalización de Bildu y Amaiur.

El Ejecutivo y el PP matizaron después que por ahora solo están “avisando”

Hasta el momento, Interior se había mantenido firme en asegurar que no había causas suficientes para pedir que la formación fuera considerada ilegal. “Los informes jurídicos de la fiscalía y de la Abogacía del Estado, basados en información de la policía y de la Guardia Civil, nos dicen que no hay base probatoria para ello”, señaló en febrero el ministro Fernández en una entrevista concedida a EL PAÍS. Ese mismo mes, el intento de UPyD de que se aprobara una moción en el Congreso para instar la ilegalización de Amaiur y Bildu fracasó y acabó finalmente en un texto votado por todos los partidos —salvo Amaiur y UPyD— en el que expresaban unidad frente al terrorismo y pedían a ETA su disolución.

La sentencia del Constitucional ha cambiado ligeramente estas reglas del juego. Con la idea de la ilegalidad sobrevenida, el alto tribunal pone en manos del Gobierno la vigilancia permanente de cualquier formación política. Si la izquierda abertzale no deja de lado ciertas actuaciones y declaraciones recurrentes, como cuestionar las detenciones de miembros de ETA tras el alto el fuego, el Ejecutivo amenaza con reaccionar duramente no solo con las palabras, sino con los hechos.