Los restos del naufragio de la Comunidad Valenciana
Decenas de instalaciones construidas en los años de bonanza por la Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos permanecen sin estrenar por falta de dinero
El aeropuerto de Castellón se ha ganado el apellido de “sin aviones” porque lleva más de un año inaugurado y a la espera de su apertura y de los permisos necesarios. “No vamos a abrirlo para que no haya aviones”, dijo en su día el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Pero no es un caso único. En la Comunidad Valenciana —la segunda autonomía con mayor deuda, 20.832 millones de euros hasta marzo, lo que representa el 20,2% de su PIB—se multiplican los casos de obras levantadas con dinero público y que, bien por la crisis, por una mala previsión o por disputas entre Administraciones, permanecen sin estrenar. Son el mejor ejemplo de lo que la canciller alemana, Angela Merkel, definió el jueves ante el Bundestag como “decisiones irresponsables”.
Un ejemplo es el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real, en Castellón. Se construyó durante el mandato del PP con una inversión de 26 millones de la Generalitat. El complejo, de 18.000 metros cuadrados y previsto para deportistas de élite, solo se abrió para su inauguración en junio de 2011. En el mismo municipio se inauguró la conocida como “biblioteca sin libros”. El Ayuntamiento ha costeado los cuatro millones de la obra, pero el centro no ha dado nunca servicio porque la Generalitat no ha pagado su parte, 2,3 millones.
El centro ocupacional para personas con discapacidad psíquica de Penyeta Roja, en la ciudad de Castellón, es otro ejemplo. La Diputación —encabezada entonces por el popular Carlos Fabra— y la Generalitat invirtieron unos dos millones en unas obras que acabaron en 2009. No ha llegado a abrirse. “Se construyó para dar respuesta a una petición histórica de los padres”, explica el portavoz del PSPV en la Diputación, Francesc Colomer. Desde la consejería de Bienestar Social aseguran que no se ha abierto “porque no hay demanda para cubrir las plazas”.
En otro municipio de Castellón, Vall d’Alba, la Diputación busca qué salida dar a las viviendas tuteladas para personas mayores cuya construcción finalizó en 2006 gracias a una inversión de 400.000 euros de la institución provincial, la Generalitat y el Ayuntamiento. Las viviendas se inauguraron, pero nunca llegaron a abrirse. En 2010 el Ayuntamiento, del PP, aprobó crear allí un centro especializado de enfermos crónicos y las viviendas se volvieron a inaugurar en marzo de 2011, pero no hay dinero para llevar a cabo el centro.
Otras obras se proyectaron al calor del Plan E o del Plan C (Confianza) de la Generalitat. De este último, el PSPV estima que el Gobierno de Fabra aún debe a los Ayuntamientos 2.700 millones.
Los proyectos se realizaron, pero en algunos casos no había previsión para su puesta en marcha. El Ayuntamiento de Vinaròs, en Castellón, levantó un centro de día con 2,9 millones del Plan E bajo mandato socialista. El centro lleva un año cerrado. “Al proyecto le falta una residencia para 143 personas en la planta superior. Solo ha habido financiación para la primera parte”, explica el actual alcalde, Juan Bautista Juan (PP). Ahora se busca una empresa que ejecute la segunda parte.
En Valencia, los vecinos entregaron al Ayuntamiento que preside Rita Barberá un listado de las obras finalizadas y aún sin abrir, también financiadas con cargo al Plan E y al Plan C. Acabado desde hace más de un año está el Centro Social del barrio de Patraix, en el que se invirtieron 3,8 millones. En la misma situación están el Balneario de Natzaret (1,5 millones), una agencia de lectura (337.000 euros) y un polideportivo (9,5 millones). A ellos se suma el complejo Jubiocio, el mayor centro de jubilados de la ciudad, que costó 5,6 millones y que se está deteriorando por la falta de uso.
Fuera de la capital, en Sedaví (PP), hay un garaje de 2,4 millones que no se abre porque no hay dinero para su transformador. En Oliva, Ayuntamiento también gestionado por el PP, un centro polivalente, una biblioteca y una casa de fiesta llegaron a inaugurarse, pero están cerrados a pesar de que costaron cuatro millones.
En Alicante, el proyecto más destacado es el de la línea 2 del tranvía, que unirá el centro de la ciudad con la universidad. Las obras se terminaron hace más de un año, tras invertir la Generalitat más de 100 millones, pero sigue sin estar en funcionamiento. El Consell prepara un concurso que dejará la gestión en manos de una empresa mixta (público-privada).
El Ayuntamiento de Alicante, que preside la popular Sonia Castedo, destinó a una piscina cubierta más de tres millones, pero está cerrada dos años después de ser construida.
En Elche, otras dos obras demandadas durante años, como un centro de día para enfermos de Alzheimer (dos millones) y un centro de día y residencia para enfermos mentales (2,7 millones) tampoco se han abierto. Ambos fueron financiados con el Plan C e impulsados en la etapa en la que el PSPV dirigía el consistorio. La consejería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat explica que no tienen fecha de apertura.
Cierra la lista Mutxamel. El Ayuntamiento de esta localidad invirtió 1,4 millones del Plan E en el centro de día Sant Pere para discapacitados, con 60 plazas. “Hace un año que está muriéndose”, dice el portavoz socialista en el Consistorio, Antonio García.
Con información de Cristina Vázquez (Valencia) y Rosa Biot (Alicante).
