La Junta andaluza dice que la Guardia Civil le acusa sin pruebas en los ERE

La Junta de Andalucía cambió de estrategia en el caso de los ERE. Por primera vez desde que hace año y medio nació el caso por corrupción en el Ejecutivo autónomo, este atacó de manera frontal la instrucción. Y lo hizo con calificativos muy gruesos: “Estamos hablando de una causa general contra la Junta, un proceso inquisitorial con fines partidarios”, cargó la consejera de Presidencia, Susana Díaz, contra la investigación. La número dos de la Junta achacó a la Guardia Civil que investiga sobre “suposiciones y valoraciones que son impropias porque no están sustentadas en ningún tipo de medio probatorio que les permita afirmar lo que dicen”. A pesar del nuevo informe y anexos con 1.356 páginas, Díaz fue muy tajante y despreció las conclusiones policiales: “No aparece nada nuevo. La Guardia Civil no concluye nada que la propia Junta no hubiera puesto en conocimiento de la juez”.

Los investigadores hacen un detallado retrato de la corrupción que imperó en la Consejería de Empleo durante 10 años, pero también analizan por qué el sistema creado de ayudas discrecionales no se detuvo a pesar de los sucesivos informes contrarios de la Intervención General. Y en ese punto consideran que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, debió conocer esos informes emitidos durante su etapa como titular de la Consejería de Economía y Hacienda. “Los informes debían ser conocidos” por Griñán porque la Intervención advertía en los propios oficios que estos eran “para su traslado al titular de la Consejería (...) máxime cuando el IFA [pagadora de las ayudas] era una entidad reiteradamente incumplidora”, subrayan los agentes.

Ayer Díaz negó la mayor: “No hay ninguna comunicación al consejero de Hacienda sobre alguna irregularidad y eso se puede constatar con la declaración del interventor”.

La supuesta connivencia entre Griñán, la Intervención General y el gabinete jurídico para permitir que el sistema de ayudas siguiera adelante ya fue avanzada hace un mes por la juez Mercedes Alaya. Sin embargo, el presidente del Gobierno ya estuvo en el punto de mira de la magistrada en diferentes ocasiones a lo largo del año pasado. El punto álgido del enfrentamiento estuvo motivado por las actas de los Consejos de Gobierno, que devino en un conflicto de jurisdicción. Entonces la instructora llegó a insinuar que la Junta podría incluso alterar u ocultar “partes relevantes” de las actas.

Mientras, hasta ahora las críticas de Griñán hacia la juez han sido siempre de soslayo, y sí ha acusado al PP de “manipular, engañar y jugar” con la instructora, quien recoge en sus autos “lo que ustedes dicen”. Ayer el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, echó más leña al fuego y acusó a Alaya de intentar “implicar” a Griñán con los ERE “a cualquier precio”, informó Efe. “A mi partido le sorprende enormemente la orientación que la Guardia Civil le da a este auto” añadió.

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, censuró las críticas de la Junta: “Para proteger la democracia es necesario defender a todas las instituciones, como las Fuerzas de Seguridad del Estado, no solo cuando te dan la razón”.