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Guerra en el Poder Judicial a raíz de una denuncia por estafa contra Dívar

Catorce vocales del Consejo defienden el honor de un vocal pero no el del presidente

Vocales del Poder Judicial en un pleno de la institución.
Vocales del Poder Judicial en un pleno de la institución.

Desde el pasado 8 de mayo, cuando el vocal José Manuel Gómez Benítez denunció por malversación de caudales al presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, por los viajes de fin de semana de cuatro días a hoteles de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga), cada día en la sede del Consejo es un sobresalto continuo.

Hoy, sin ir más lejos, se conoció que la Asociación Preeminencia del Derecho, de la que es presidente el letrado José Luis Mazón —uno de los que más uso hacen en España de la figura de la acción popular—, presentó una denuncia contra Dívar por delito de estafa o apropiación indebida cometida por funcionario público, recogido en el artículo 438 del Código Penal o, subsidiariamente, malversación de caudales públicos. Todo ello por culpa de los viajes a Puerto Banús, sobre la base de las informaciones publicadas sobre el tema por este periódico.

Y ahí se originó un incendio en el Consejo, con discusiones, reproches entre vocales, reuniones por grupos afines y la emisión pública de hasta cuatro comunicados. Lo nunca visto.

El incendio se originó porque en la denuncia, aparte de instar la investigación de los viajes de Dívar, se ampliaba también al vocal Miguel Collado. El presidente, en una reunión de la Comisión Permanente, según algunos de los presentes, se había quejado: “¿Por qué han tenido esa crueldad conmigo, si hay otros vocales que gastan más?”. Y mencionó expresamente a Miguel Collado. De ahí que el letrado Mazón lo incluyera en la denuncia.

Pero como Collado pidió explicaciones a Dívar, este rechazó haberle mencionado y emitió un desmentido de cuatro líneas en el que negaba haber hecho “manifestación alguna sobre gastos del vocal Miguel Collado”. El caso es que cuatro personas lo oyeron y algunas han ratificado que efectivamente le mencionó.

Pero precisamente eso, la implicación de Collado en la denuncia, dio origen a la gresca, porque entre la mayoría de los vocales se considera que la conducta del vocal nada tiene que ver con la del presidente y que a él sí hay que defenderle y cerrar filas, mientras que otros vocales, encabezados por Almudena Lastra, consideran que salir en defensa de Collado, por comparación, deja a Dívar a los pies de los caballos. Algunas de las reuniones fueron calificadas por varios de los asistentes como “muy desagradables”.

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De modo que 13 vocales —Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Félix Azón, Fernando de Rosa, Miguel Carmona, Ramón Camp, Antonio Monserrat, Antonio Dorado, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Gemma Gallego, Carles Cruz y Manuel Torres Vela— hicieron pública una declaración de apoyo y solidaridad con Collado, del que destacaron “su honestidad, integridad y dedicación a la carrera judicial y a la ciudadanía”. El primer denunciante, Gómez Benítez, también salió en defensa de Collado, ya que en su comunicado señaló que no había observado en los gastos de sus viajes “indicio alguno de desviación de fondos públicos para pagar gastos privados”, ni le consta que eso haya sucedido.

Collado, por su parte, también salió en defensa de su honradez porque su actuación a lo largo de casi cuatro años “no puede quedar empañada por unas acciones carentes de todo fundamento”.

Por otro lado, 8.379 ciudadanos habían firmado ayer la petición de dimisión de Carlos Dívar a través de Internet.

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