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Cinco vocales proponen espiar el ‘e-mail’ del CGPJ para evitar filtraciones

El Consejo busca ocultar datos sobre sus investigaciones a jueces infractores

La juez Coro Cillán.
La juez Coro Cillán.

La paranoia sobre las filtraciones a la prensa de los expedientes disciplinarios abiertos a jueces infractores ha marcado un hito en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Los cinco vocales de la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces —la encargada de investigar las actuaciones irregulares de jueces y magistrados— propusieron en marzo la posibilidad de acceder al correo electrónico del órgano, donde tienen sus cuentas de e-mail los 20 vocales, su presidente, los letrados y el resto de funcionarios y trabajadores al servicio de la institución, con el objetivo de dar con las personas que facilitan esos expedientes a los medios. La disciplinaria solicitó a la comisión de estudios e informes un dictamen sobre esa medida. La respuesta fue de libro. El secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Saltárselo exigiría la autorización o el control posterior de un juez.

La decisión la adoptaron los vocales Pío Aguirre (propuesto por el PP y presidente de la disciplinaria), Miguel Carmona (propuesto por el PSOE), José Manuel Gómez Benítez (PSOE), Margarita Uria (PNV) y Gemma Gallego (PP) el pasado 13 de marzo. El acuerdo solicita a la comisión de estudios “la elaboración de un informe sobre la posibilidad de acceder a la información que se archiva en el CGPJ en relación a la remisión de correos electrónicos y el contenido de los mismos en el caso de que se ordene la investigación sobre supuestas de filtraciones de documentos”.

La decisión se tomó semanas después de que este periódico informara sobre el expediente abierto contra Coro Cillán, la juez que reabrió la investigación del 11-M, por faltas disciplinarias que podrían acabar con su expulsión. Aunque los vocales niegan que la propuesta de controlar el correo electrónico tenga que ver con ello, el Consejo censuró públicamente esas informaciones al asegurar que afectaban al derecho al honor de la magistrada.

Sería inviable en una investigación interna porque no lo prevé la ley

La respuesta de la comisión de informes llegó el pasado 12 de abril. El estudio solicitado por la disciplinaria es profundamente crítico con la propuesta. En primer lugar, recuerda que solo en un proceso penal y con la expresa y motivada autorización del juez se pueden intervenir las comunicaciones de un investigado. Controlar el correo electrónico en una investigación interna del Consejo —lo que también exigiría autorización judicial— podría suponer un delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé esa posibilidad.

La intervención de los servidores del Consejo solo sería posible en caso de que los investigados fueran los trabajadores —personal laboral— del organismo, aunque hacerlo, según el estudio, podría ser “inidóneo por inútil” porque los empleados no solo tienen cuentas del correo corporativo del Poder Judicial. Aunque utilicen los ordenadores y la conexión a Internet facilitada por esa institución, controlar sus cuentas personales —tipo gmail, Yahoo o cualquier otra— también sería un delito. A través de estas, podrían efectuar igualmente cualquier filtración porque son sagradas.

En caso de que, aún así, el Consejo decidiera ponerlo en marcha, debería advertir previamente a los trabajadores de que va adoptar esas medidas de control y justificarlas “para quebrar la expectativa de privacidad”. No se podrían adoptar con el único objetivo de disuadir al personal de filtrar ya que “esta clase de medidas invasivas de derechos fundamentales no pueden llevarse a cabo con finalidad únicamente preventiva”, según el estudio. Por último, se recuerda que, en estos casos, el investigado al que se hubieran leído los mensajes podría acudir al juez. Y este podría concluir que la intervención del e-mail fuera desproporcionada debido a lo inusual del fenómeno, es decir, “que entiendiera desmedido sacrificar el derecho [fundamental]a la libertad de las comunicaciones de uno o varios trabajadores solo para combatir un número insignificante de filtraciones”.

Es “inidóneo” e “inútil” porque las cuentas personales son sagradas

Hasta el nombramiento del actual Consejo, las resoluciones disciplinarias del órgano eran públicas. El órgano editaba un repertorio en el que se recogían todas las que se habían aprobado para que la propia judicatura y los ciudadanos conocieran la posición y la doctrina del Consejo respecto a las actividades irregulares de jueces y magistrados. Pero con la llegada de los nuevos vocales en 2008, ese volumen se ha dejado de publicar. Ahora, los vocales de la comisión disciplinaria y los propios servicios de prensa del gobierno de los jueces —por orden de los consejeros, claro está— se niegan a facilitar esa información.

La tormenta de Cillán

El caso de la juez Coro Cillán abrió en el Consejo una tormenta sin precedentes. Tras la publicación por este periódico del expediente disciplinario abierto a la juez en enero, el gobierno de los jueces aprobó un comunicado en el que censuraba la información de EL PAÍS, aunque sin nombrarlo, y aseguraba que “afectaba gravemente al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen” de Cillán. Tras ello ordenó una investigación para averiguar quién había sido el filtrador de la noticia. Y la intención era conseguirlo como fuera.

Cillán fue la juez que reabrió la investigación del 11-M, pero no se la investigaba por eso, sino por favorecer presuntamente a un amigo íntimo suyo al otorgarle la gestión del Moma, una conocida discoteca madrileña, y ordenar el precinto del local sin ser ella la juez competente para investigar el caso. La investigación, que considera que esos hechos podrían constituir varias faltas muy graves, podría acabar con su expulsión de la carrera.

El asunto es de tal importancia que, finalmente, ha sido el fiscal el que ha tomado cartas en el asunto y se ha querellado contra Cillán al considerar que esos hechos podrían constituir un delito de prevaricación. El Tribunal Superior de Madrid inició la investigación el pasado viernes.