Una sentencia fuera de contexto

El 52% de los vascos considera que Arnaldo Otegi y sus compañeros deben ser excarcelados, frente a un 25% que defiende su continuidad en prisión. Así consta en la última encuesta del Euskobarómetro, el prestigioso sondeo de la Universidad del País Vasco, y ese clima de opinión explica que el lehendakari, Patxi López, y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, defiendan la libertad del líder de la izquierda abertzale. Ese clima de opinión se explica, a su vez, porque en Euskadi se conoce bien que Otegi y los suyos trabajaron por el cese definitivo de ETA desde que la banda rompió la tregua de 2006.

Por eso una mayoría de vascos no entiende la sentencia del caso Bateragune, que acusa a Otegi y a sus compañeros de pertenencia a banda terrorista cuando el auto de la sentencia admite que la reorganización de la izquierda abertzale, en 2009, era mal vista por ETA porque pretendía desplazar a la banda de la vanguardia del llamado “movimiento de liberación”. Lo que finalmente sucedió y supuso el cese definitivo de la violencia, al imponerse las tesis pacifistas de Otegi y sus compañeros sobre las de la banda.

No solo el auto recoge el malestar de ETA contra el giro pacifista de la izquierda abertzale. Otegi, en la vista pública del juicio, meses antes del cese definitivo de ETA, narró su evolución y dijo: “Entre nuestras propuestas y las de ETA hay una contradicción evidente. No participo en la estrategia político-militar”. Otegi, además, no puede presentarse a las elecciones al estar inhabilitado por otra sentencia anterior.

En estas condiciones, la decisión del Tribunal Supremo no está a la altura del momento. Va a ahondar en el victimismo de la izquierda abertzale. Va a aumentar el foso entre la opinión pública vasca y la española. Ha pesado más la presión de la ultraderecha política y mediática que el papel integrador y reinsertador que ha prestigiado a las instituciones democráticas españolas. Está claro que los tribunales españoles no pasan por sus mejores momentos.