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El juez revisa y compara los mayores contratos de Camps con El Bigotes

La Intervención General del Estado examina los expedientes de Fitur

El magistrado indaga si se variaron las condiciones para adjudicar a la trama

Un informe de 2010 ya alertó de “reiteradas irregularidades”

El Bigotes, durante su declaración en el juicio contra Camps. Ampliar foto
El Bigotes, durante su declaración en el juicio contra Camps.

La revisión de todos y cada uno de los contratos que la Generalitat valenciana firmó con empresas de la trama Gürtel para la realización de los expositores en la Feria de Turismo, Fitur. Eso es lo que ha pedido a la Intervención General del Estado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que instruye la causa por supuesta financiación ilegal del PP de esa comunidad. El magistrado quiere tener una información completa y la solicita con el objeto de saber si los contratos “cumplieron” los principios legales y su tramitación se efectuó según la norma.

La trama Gürtel, a través de Orange Market, la empresa que creó Álvaro Pérez, El Bigotes, en 2004 con sede en Valencia, se hizo con la adjudicación del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, entre 2005 y 2009, por un importe total de cerca de cinco millones de euros.

Por esa sospechosa contratación —la mayor de cuantas logró la red Gürtel del Gobierno de Francisco Camps— la justicia investiga a distintos cargos (entre ellos un exvicepresidente y dos exconsejeras) y técnicos de la administración autonómica valenciana por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, ante la posibilidad de que las adjudicaciones fueran ilegales y por ellas, además, recibieran regalos. Esta parte de la causa, derivada de Gürtel, está incluida en otra pieza, la de financiación ilegal, en la que también se investiga si el PP valenciano saldó parte de sus deudas con Orange Market a través de empresarios, por servicios realizados a esta formación política durante las campañas electorales de 2007 y 2008.

El juez ha pedido a la Intervención General del Estado que determine si se aprecia en alguno de los expedientes de contratación “la existencia o no y su causa de posibles sobrecostes”. Y ha solicitado que no solo revise los contratos que se firmaron con Orange Market —la filial valenciana de las empresas de Francisco Correa— sino que los compare con los que suscribió la Generalitat en años anteriores para determinar las principales diferencias entre unos y otros “destacando las que, en su caso, pudieran constituir una irregularidad o mala praxis administrativa”. El magistrado también quiere que se examine el contrato firmado para la feria de 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y la administración valenciana dejó de contratar a empresas de la trama que lideraba Francisco Correa, para comprobar si con este existen también diferencias.

Además, el instructor quiere que la Administración General del Estado abunde en el procedimiento de contratación y señale si es normal que técnicos que han intervenido en la redacción de pliegos de condiciones o hayan emitido informes sobre las ofertas presentadas formen parte después de la mesa de contratación que, finalmente, decide a quien se adjudica el contrato.

La unidad de auxilio de la Intervención General del Estado ya emitió un informe en 2010 sobre la contratación de la Generalitat valenciana con Orange Market para Fitur que “es contundente al declarar las reiteradas irregularidades en que se incurre” el proceso de contratación, tal como señaló el magistrado que entonces instruía la causa en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, y en el que se basó para remitir el procedimiento al tribunal valenciano.

Sin embargo, el juez del TSJCV quiere incidir en el análisis de la documentación aportada y que los expedientes sean comparados con otros que no se adjudicaron a Orange Market. Además, quiere que la Intervención General del Estado tenga en cuenta un escrito remitido por la propia Agencia Valenciana de Turismo (entidad a través de la que la Generalitat hacía las adjudicaciones) que admite que no existe la resolución de aprobación de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas en las que, supuestamente, se basaron para elegir a la empresa de Correa como adjudicataria del primer expositor de Fitur, el que se construyó en 2005.

Supuesta información privilegiada a Orange Market

En la investigación del caso Gürtel hay documentos que acreditan una supuesta información privilegiada a Orange Market sobre los pliegos de condiciones de alguno de los concursos para el pabellón valenciano de Fitur. Además, el jefe de gabinete de la consejería de Turismo durante los años en que se adjudicó el pabellón de Valencia a la red Gürtel era Rafael Betoret quien, según la investigación judicial, recibió numerosos trajes como supuesto pago de comisiones ilegales por parte de El Bigotes. De hecho, Betoret ha sido condenado por cohecho impropio en la causa de los trajes, donde Francisco Camps salió absuelto por los votos de cinco jurados frente a cuatro.

Además de Betoret, las dos consejeras de Turismo en la etapa investigada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) también han sido imputadas en esta causa. Documentos que forman parte del sumario del caso acreditarían que la consejera de Turismo en la primera etapa de vida de Orange Market en Valencia, Milagrosa Martínez, que llegó a ser presidenta de las Cortes Valencianas, recibió regalos caros de la trama corrupta.

La causa de financiación ilegal del PP valenciano está en el TSJCV desde mayo de 2011. El tribunal accedió a investigar esta parte del procedimiento, remitido desde el Tribunal Superior de Madrid, porque entre los posibles responsables de los delitos se encuentran hasta seis diputados del PP valenciano. El juez ha iniciado ya las diligencias y ha llamado a declarar, entre el 25 de abril y el 30 de mayo, a un total de 19 imputados, entre los que se encuentran políticos, empresarios y los responsables de la red corrupta Gürtel.