El juez revisa y compara los mayores contratos de Camps con El Bigotes

La revisión de todos y cada uno de los contratos que la Generalitat valenciana firmó con empresas de la trama Gürtel para la realización de los expositores en la Feria de Turismo, Fitur. Eso es lo que ha pedido a la Intervención General del Estado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que instruye la causa por supuesta financiación ilegal del PP de esa comunidad. El magistrado quiere tener una información completa y la solicita con el objeto de saber si los contratos “cumplieron” los principios legales y su tramitación se efectuó según la norma.

La trama Gürtel, a través de Orange Market, la empresa que creó Álvaro Pérez, El Bigotes, en 2004 con sede en Valencia, se hizo con la adjudicación del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, entre 2005 y 2009, por un importe total de cerca de cinco millones de euros.

Por esa sospechosa contratación —la mayor de cuantas logró la red Gürtel del Gobierno de Francisco Camps— la justicia investiga a distintos cargos (entre ellos un exvicepresidente y dos exconsejeras) y técnicos de la administración autonómica valenciana por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, ante la posibilidad de que las adjudicaciones fueran ilegales y por ellas, además, recibieran regalos. Esta parte de la causa, derivada de Gürtel, está incluida en otra pieza, la de financiación ilegal, en la que también se investiga si el PP valenciano saldó parte de sus deudas con Orange Market a través de empresarios, por servicios realizados a esta formación política durante las campañas electorales de 2007 y 2008.

El juez ha pedido a la Intervención General del Estado que determine si se aprecia en alguno de los expedientes de contratación “la existencia o no y su causa de posibles sobrecostes”. Y ha solicitado que no solo revise los contratos que se firmaron con Orange Market —la filial valenciana de las empresas de Francisco Correa— sino que los compare con los que suscribió la Generalitat en años anteriores para determinar las principales diferencias entre unos y otros “destacando las que, en su caso, pudieran constituir una irregularidad o mala praxis administrativa”. El magistrado también quiere que se examine el contrato firmado para la feria de 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y la administración valenciana dejó de contratar a empresas de la trama que lideraba Francisco Correa, para comprobar si con este existen también diferencias.

Además, el instructor quiere que la Administración General del Estado abunde en el procedimiento de contratación y señale si es normal que técnicos que han intervenido en la redacción de pliegos de condiciones o hayan emitido informes sobre las ofertas presentadas formen parte después de la mesa de contratación que, finalmente, decide a quien se adjudica el contrato.

La unidad de auxilio de la Intervención General del Estado ya emitió un informe en 2010 sobre la contratación de la Generalitat valenciana con Orange Market para Fitur que “es contundente al declarar las reiteradas irregularidades en que se incurre” el proceso de contratación, tal como señaló el magistrado que entonces instruía la causa en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, y en el que se basó para remitir el procedimiento al tribunal valenciano.

Sin embargo, el juez del TSJCV quiere incidir en el análisis de la documentación aportada y que los expedientes sean comparados con otros que no se adjudicaron a Orange Market. Además, quiere que la Intervención General del Estado tenga en cuenta un escrito remitido por la propia Agencia Valenciana de Turismo (entidad a través de la que la Generalitat hacía las adjudicaciones) que admite que no existe la resolución de aprobación de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas en las que, supuestamente, se basaron para elegir a la empresa de Correa como adjudicataria del primer expositor de Fitur, el que se construyó en 2005.