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El Gobierno aparenta normalidad y la izquierda hace constar su protesta

El Ejecutivo saca adelante sus medidas en un Congreso sobrecargado de debates y votaciones

Rubalcaba, Rajoy, Moragas y Ana Pastor, en el Congreso. Ampliar foto
Rubalcaba, Rajoy, Moragas y Ana Pastor, en el Congreso. EFE

El Gobierno quería aparentar este jueves normalidad en el Congreso. Pretendía dar imagen de actividad parlamentaria a toda máquina y que quedara claro que, aunque hubiera huelga general, el Congreso sigue su marcha aprobando las iniciativas del Ejecutivo, con su mayoría absoluta o, en algunos casos, con apoyo de otros grupos.

Para eso sobrecargó el pleno con el debate y discusión de cinco decretos ley y el rechazo de las enmiendas de totalidad a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De las nueve de la mañana hasta pasadas las 15.30, de forma ininterrumpida. Y eso que los portavoces de los grupos parlamentarios de la izquierda acortaron sus intervenciones como gesto de apoyo a la huelga o renunciaron a intervenir no asistiendo al pleno.

En la apariencia de normalidad desentonó un gesto inusual a primera hora de la mañana: el prolongado aplauso de los diputados del PP a la ministra de Empleo, Fátima Bañez, solo por entrar en el hemiciclo. Un gesto que, según varios diputados del PP, pretendía servir para mostrar el obvio apoyo de los populares a la reforma laboral y al Gobierno, frente a la protesta.

En la pretensión de normalidad encajó el Gobierno la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en el Congreso, con presidencia de Mariano Rajoy y con el objetivo fundamental de dar los últimos retoques al proyecto de Presupuestos, los más duros de la democracia, que llegarán hoy como respuesta a la huelga general. Unos Presupuestos que, según anticipó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la tribuna durante la mañana, serán “muy severos”.

En el hemiciclo intervinieron en distintos momentos los ministros Alberto Ruiz-Gallardón, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro en defensa de sus iniciativas, y los tres evitaron referencias expresas a la huelga general en la tribuna. Solo el titular de Justicia, Ruiz-Gallardón, hizo un amago al responder al diputado socialista Mario Bedera: “Los que aquí nos sentamos somos unos afortunados en relación con los cinco millones de españoles que están fuera sin poder hacerlo. Ejerciendo el único medio auténticamente eficaz que cualquier sociedad dispone para superar los problemas que es mediante nuestro trabajo. No proteste usted por tener que trabajar”.

Eso le dijo al diputado socialista porque este respondió desde el escaño como hicieron todos los de su grupo y porque criticó que el ministro dilatara artificialmente el pleno con una intervención inusualmente larga en defensa de una trasposición de una directiva europea.

Los diputados socialistas se sumaron a la huelga con ese gesto de hablar desde el escaño; con un comunicado previo leído por su portavoz, Soraya Rodríguez; con la ausencia de menos de una decena de ellos y con el propósito de muchos de destinar a fines benéficos la parte proporcional de sus ingresos de este jueves.

Entre los 40 ausentes en las votaciones hubo siete diputados del PSOE: el exministro de Trabajo Valeriano Gómez, la exministra de Sanidad y Política Social Leire Pajín, Ángeles Álvarez, Isabel López i Chamosa, Mariví Monteserín, Juan Moscoso y Ximo Puig.

Expresamente hicieron constar su voluntad de secundar la huelga y no acudir al pleno durante todo el día los 11 parlamentarios de Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), los siete de Amaiur, los tres de ERC, los dos del BNG y el diputado de Compromís. También faltaron al pleno, pero por otros motivos, el diputado del Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, y el de Coalición Canaria Pedro Quevedo.

Aunque su mayoría absoluta es más que suficiente para sacar adelante la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permitirá sanciones desde mayo a las Administraciones que no se ajusten a los límites del déficit, el Gobierno tuvo el voto de FAC y UPyD. El PSOE se abstuvo, después de que durante semanas el Gobierno haya negociado un acuerdo con los socialistas que, finalmente, ha sido imposible.

Para convalidar el decreto con el código de buenas prácticas que recomienda la dación en pago —entrega de la vivienda para saldar la hipoteca contraída con el banco— a las entidades que se sumen libremente, el PP tuvo el apoyo de PNV y CiU.