La Audiencia pone en libertad al supuesto enlace de ETA con sus huidos y refugiados

La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad del abogado de ETA Joseba Agudo Mancisidor. El tribunal, formado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Javier Martínez Lázaro y Nicolás Poveda, considera que no hay pruebas suficientes para condenarlo por el delito de integración en organización terrorista del que le acusaba el fiscal. El ministerio público consideraba a Mancisidor el enlace de la dirección de ETA con los refugiados y huidos de la banda terrorista en diversos países de Europa, África y América Latina a los que hacía llegar documentación falsa y dinero, además de proporcionarles asistencia jurídica. La decisión avanza la sentencia absolutoria que se conocerá en los próximos días.

La supuesta integración de Mancisidor en ETA fue descubierta por los agentes de la lucha antiterrorista tras la detención del exjefe de ETA Francisco Javier López Peña, Thierry, en mayo de 2008. En algunos de los documentos incautados a este se hablaba de la previsión de un viaje suyo a Cuba en febrero de ese año que tuvo que retrasarse a abril por una solicitud de las autoridades de la isla. Mancisidor, cuyo sobrenombre, según los investigadores, es Pagoa, también aparecía en otros documentos como el supuesto director de la infraestructura de ETA en otros países. Se cree que contaba con hasta cinco casas en Bélgica y otras tres en Alemania para dar alojamiento a miembros de la banda.

El supuesto enlace de ETA fue detenido en Hendaya (Francia) el 28 de octubre de 2009. El fiscal lo consideraba “el responsable directo desde al menos el año 2001” de la gestión “integral de todos los miembros huidos y refugiados de la organización” en terceros países actuando de enlace entre estos y la dirección de la banda. Mancisidor, según el ministerio público, se encargaba de la gestión de los traspasos de dinero y la de hacer llegar a los refugiados las consignas políticas de la banda. Además, lo consideraba el hombre de contacto con algunos Gobiernos de esos Estados, como Cuba, Venezuela y Cabo Verde, así como correo humano con los miembros de la organización residentes en ellos. Se le relacionaba también con el aparato de extorsión de la banda.

Las directrices de la organización a transmitir a los exiliados, según los investigadores, se las hacía llegar la también abogada de la banda Arantza Zulueta, que también fue detenida en 2010 al considerar que estaba integrada en la banda terrorista.

Durante su juicio, en el trámite de última palabra, Mancisidor aseguró que su “único delito” había sido ayudar a los refugiados y sus familias. Que estos lo consideraban como una especie de Cruz Roja que ponía una tirita aquí, que echaba mercromina allí y ponía agua oxigenada allá para resolver problemas, problemas a veces imposibles. El acusado pidió en la Sala: “Que se deje de alguna manera de perseguir a esos clientes míos deportados y exiliados muchos de ellos y que se faculten ya los mecanismos para que puedan iniciar su regreso a casa”.

El pasado 22 de febrero, en su declaración ante el tribunal, aseguró que había hecho decenas de viajes, entre ellos 15 a Venezuela, en su condición de abogado para estudiar y hacer seguimiento de los procesos de extradición que se seguían contra “diversas personas”. Su función en esos casos, según respondió a su abogado, era estudiar las leyes migratorias de esos países para tratar los casos de repatriación forzosa.