Matas, condenado a seis años en el primer juicio del 'caso Palma Arena'

La Audiencia de Palma ha condenado a seis años de cárcel a Jaume Matas, del PP, presidente de Baleares en dos etapas (1996-1999) y (2003-2007) y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003). Tres magistrados le consideran culpable de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración, delitos que suman una condena de cinco años y tres meses, a los que se añaden nueve meses más por tráfico de influencias. De todos ellos fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Gobierno de Baleares. La acusación había solicitado para Matas, el cuarto expresidente autonómico de la democracia en ser condenado, una pena de ocho años y medio de prisión. El expresidente también ha sido inhabilitado durante nueve años de cualquier cargo electivo, referido a la Administración Pública, autonómica, insular o municipal, así como la pérdida de los honores y atenciones protocolarias.

El expolítico, que se dio de baja del Partido Popular tras ser imputado, entregó entre 2003 y 2007 hasta casi medio millón de euros a las empresas del que era columnista de El Mundo, Antonio Alemany, quien ha sido condenado ahora a tres años y nueve meses por prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Alemany escribía sus discursos mientras Matas era mandatario autonómico y a la vez los alababa en el periódico y en sus propios medios. El periodista de opinión, con fondos públicos del Gobierno de Matas, montó una agencia de prensa y un medio digital.

El tribunal señala como hechos probados que la exjefa de gabinete de Matas, María Umbert (absuelta), “convenientemen​te asesorada” expuso a Alemany que su contratación para la redacción de los discursos del presidente balear solo era viable, a través de un contrato menor, o su designación como asesor del presidente. Alemany rechazó ambas, según recoge la sentencia, “sea porque el máximo a percibir a través de un contrato menor era el de 12.000 euros sea porque su contratación como asesor personal, aun cuando de mayor dotación, ni le era satisfactoria profesionalment​e ni le era rentable económicamente, pues quería seguir manteniendo su colaboración tanto como articulista con el periódico El Mundo/el Dia de Baleares".

Así, acordaron que, por sus servicios, Alemany presentaría facturas, no por trabajos singulares realizados, sino englobados en facturas mensuales, por importe de 2.000 euros.

La sentencia indica que “interesado como estaba el señor Matas en los servicios del señor Alemany, para que el periodista pudiera seguir con su trabajo como articulista haciendo “crónica político-social (lo que indirectamente, por afinidad ideológica con el Partido Popular iba a comportar naturalmente un beneficio, sea al partido o al Presidente)”, el presidente balear decidió que era preciso “acudir a alguna estratagema que garantizara aquellos objetivos”, retribuidos con cargo a las cuentas de la comunidad autónoma.

Según el relato de la resolución, el propio Jaume Matas, “con la colaboración fundada de otras personas (…), concibió la idea de arbitrar un concurso público” que impulsara un órgano de la administración que estuviera bajo la dependencia del presidente; que por la vía de urgencia permitiera restringir al máximo la posible concurrencia de licitadores; y finalmente, que participara en él una empresa de total confianza, “a la que se le facilitaría la máxima información previa para colmar sobradamente la oferta, y que a su vez fuese de la confianza del Alemany”.

Así se inició la participación del publicista y empresario Miguel Romero de la Cerda en el entramado, condenado a un año y un mes, al que Matas, según el fallo, “rogó” que se presentara al mismo, “explicándole que su único objeto era el de pagar al señor Alemany, que ya estaba al tanto de todo”. Ninguno de los cuatro condenado ha llegado a ingresar en prisión.

La sentencia señala que, bajo aquella fórmula fraudulenta se acordó el pago de más de 110.000 euros entre los años 2003 y 2005. Posteriormente, el director general de Matas emitió informe “donde, faltando a la verdad”, indicó que el contrato se estaba ejecutando satisfactoriame​nte y propuso una prórroga por un plazo de 19 meses, por un importe total de otros 87.243 euros hasta 2007, es decir un total entre 2003 y 2007 de más de 197.000 euros.

El fallo destaca también que "Matas influyó sobre otro funcionario", Joan Martorell, ex director general de Comunicación, condenado a un año y seis meses, "sea prevaliéndose de su cargo como presidente del Govern, sea prevaliéndose de su relación jerárquica sobre el mismo (en tanto funcionalmente dependía de la Presidencia) para posibilitar el dictado de una resolución que económicamente iba a beneficiar al señor Alemany".

La sala ha descartado, en cambio, el fraude de subvención porque “no se halla en condiciones de afirmar que la cantidad fidedignamente defraudada es superior a 120.000 euros”, cantidad a partir de la cual el fraude se considera delito.

La Fiscalía Anticorrupción, en la vista pública celebrada a lo largo del mes de enero, pidió una condena de más de siete años de cárcel para Alemany. Esta es la primera pieza penal que llega a juicio de las 26 que integran el caso Palma Arena y que investigan la supuesta gestión corrupta y enriquecimiento personal del expresidente y exministro.

Una de las causas es el caso Urdangarin, aún en instrucción, en el que el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, está imputado con Matas por cuatro supuestos delitos. La sentencia de hoy marca una pauta sobre el futuro judicial del conjunto de la causa y sus imputados.

Matas fue acusado por el fiscal Pedro Horrach de gastar casi medio millón “de manera fraudulenta” y “arbitraria” para satisfacer al autor de sus intervenciones políticas. El Gobierno pagó 4.000 a Alemany mediante un “contrato pantalla” para ocultar la identidad del periodista. Matas buscó “la creación de un clima de opinión favorable al presidente, algo que no podía ser recogido en un contrato administrativo transparente”, dijo el fiscal, en unos “gastos totalmente innecesarios”. Además se le entregaron a Alemany 12.000 euros por unas supuestas entrevistas deportivas cuya escritura y publicación no han sido localizadas.

El expresidente Matas, investigado desde 2008 por supuesta gestión corrupta en la presidencia y enriquecimiento ilegal, evitó entrar en prisión preventiva en 2010 porque depositó una fianza de tres millones (rebajada a 2,5) y una fianza de 1,4 de responsabilidad civil. Se le retiró el pasaporte. El 25 de abril se subastará su palacete de lujo de Palma, por impago de la millonaria hipoteca que logró para afrontar la caución carcelaria.

En el juicio se sentaron tres periodistas en el banquillo de los acusados, excargos o colaboradores de Matas. Además del veterano Alemany fue juzgada la exjefa de Gabinete de Presidencia y exdirectora de la televisión pública IB3, María Umbert, para quien la fiscalía solicitó ocho meses de cárcel y, además, Juan Martorell, ex director general de Comunicación para quien se pidió una pena de dos años de cárcel. Umbert y Martorell fueron relacionados con los trámites y firmas de los contratos y concursos de las empresas de Alemany desde el Gobierno. Martorell cooperó con la fiscalía, confesó su actuación y devolvió una parte del supuesto dinero malversado. Lo mismo hizo el publicista Miguel Romero, que contrató al autor de los discursos Alemany “para hacerle un favor” a Matas. Romero fue parte del relato acusador contra el expolítico y recibió de la Fiscalía una petición de un año y siete meses de cárcel frente a los cuatro años y medio iniciales.

La defensa del expresidente balear Jaume Matas ha hecho público un comunicado en el que afirma que su cliente continuará a disposición de los tribunales "sin ánimo de eludir la acción de la Justicia". En la nota, el letrado Antonio Alberca reitera la inocencia de Matas y, aunque dice "acatar y respetar" la sentencia, anuncia que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo "después de un ponderado estudio de dicha resolución judicial". "La citada sentencia no es firme y por tanto todavía debe aplicarse el derecho constitucional de presunción de inocencia" a Matas. Además, insiste en que el presidente no se enriqueció en este caso.