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El Gobierno vasco ayudará al retorno de amenazados por ETA

Consensuará su inclusión en la Ley de Víctimas

Jesús Loza, comisionado para la Convivencia; Rodolfo Ares, consejero de Interior, y Maixabel Lasa, directora de la Oficina de Víctimas, ayer en Vitoria. Ampliar foto
Jesús Loza, comisionado para la Convivencia; Rodolfo Ares, consejero de Interior, y Maixabel Lasa, directora de la Oficina de Víctimas, ayer en Vitoria.

El Parlamento vasco modificará, antes de acabar este período de sesiones, la Ley de Reconocimiento y Reparación a la Víctimas del Terrorismo, aprobada en 2008, para dar cabida en ella a las personas que tuvieran que abandonar Euskadi por atentados, amenazas o acoso de ETA y deseen ahora volver. Así lo anunció ayer el consejero de Interior, Rodolfo Ares, tras presentar a la ponencia parlamentaria el informe Proyecto Retorno, que aborda específicamente las demandas de ese tipo de víctimas del terrorismo etarra. Para mayor rapidez de tramitación, los grupos parlamentarios presentarán conjuntamente una proposición de ley, tras consensuar el texto sobre la base de una propuesta que redactará la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo.

Las ayudas —sean económicas, como la Renta de Garantía de Ingresos; de acceso a la vivienda de protección oficial, o encaminadas a la formación y la obtención de empleo— estarán reservadas a quienes demuestren tener necesidad de ellas, dijo Ares. Es decir, no se contempla como beneficiarios potenciales, por ejemplo, a empresarios que huyeron de la extorsión o a profesionales con medios propios para sufragar su vuelta a Euskadi.

Al tener los afectados su residencia fuera de la comunidad autónoma, se habilitará una “fórmula de excepción”, para eximirles de la obligación de empadronamiento en el momento de realizar las solicitudes. De ese modo, podrán tramitarlas aunque aún estén empadronados fuera o no cumplan los plazos de residencia exigidos para tener derecho a las ayudas. En el caso de los empleados públicos, se atenderá “a sus circunstancias particulares, garantizando la adaptación al puesto de trabajo”.

El estudio lo encargó el Departamento de Interior, por mandato del Parlamento autónomo, y lo realizó el Instituto Vasco de Criminología, perteneciente a la UPV-EHU. El equipo estuvo constituido por los doctores José Luis de la Cuesta (presidente de Consejo de Víctimas del Terrorismo), Gema Varona, Virginia Mayordomo y César San Juan, todos ellos especialistas en victimología.

El informe se basa en el resultado de tres grupos de discusión. El primero estuvo formado por personas amenazadas, con una presencia mayoritaria de periodistas y profesores universitarios. El segundo lo formaron familiares de personas asesinadas en diferentes décadas, y de él se dedujo “la vivencia de la crueldad, la extensión inmensa de la victimización y su carácter irreversible e irreparable”. Y en el tercero participaron asociaciones y fundaciones vascas.

El informe define como beneficiarios a las personas físicas y sus familiares que trasladaron su domicilio por ataques o amenazas.

El consejero de Interior reiteró la imposibilidad de precisar una cifra sobre el número exacto de estos exiliados —muchos rehúsan hasta ser contabilizados porque quieren “pasar página”, dijo— y de los que regresarían. “No era el objetivo del estudio”, subrayó Rodolfo Ares.