El control de la Monarquía

El amplísimo seguimiento del caso Urdangarin ha ocultado casi en las últimas semanas el caso Jaume Matas, es de suponer que muy complacido y agradecido por los miles de minutos que dedica la televisión al yerno del Rey sin hacer la menor referencia al político balear. Y, sin embargo, el caso Jaume Matas merece una atención persistente, sin distracciones. Matas, imputado en 19 de las 26 piezas separadas que tiene el caso Palma Arena, está en libertad bajo fianza y se le acusa de malversación de caudales públicos (hasta en siete ocasiones), fraude a la Administración, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, apropiación indebida, delito fiscal, delito electoral y falsedad documental.

Este hombre, un economista de 56 años, que hizo la carrera de Empresariales al lado de Eduardo Zaplana, fue presidente de la comunidad de Baleares, ministro de Medio Ambiente y, nuevamente, presidente autonómico, con mayoría absoluta, siempre en las filas del Partido Popular, que no detectó el menor problema hasta que un juez comenzó a investigar en 2008. El señor Matas ocupó todos esos cargos, según las acusaciones ya formuladas aunque todavía no sentenciadas, mientras mentía, defraudaba, malversaba y robaba, y nadie en su propio partido o en su entorno político fue capaz de denunciarle.

Es cierto que el caso Urdangarin merece su propio rechazo e indignación pública. Lo merecería si no fuera yerno del Rey y lo merece aún más siendo el marido de la infanta Cristina. Pero además del escándalo, el caso Urdangarin tiene otras consecuencias sobre una de las principales instituciones del país, la Monarquía, y pone de relieve algunos problemas sobre los que merecería también la pena reflexionar.

Por ejemplo, ¿cómo es posible que los Gobiernos de turno no fueran conscientes de lo que estaba ocurriendo? Si no tuvieron noticia de las andanzas de Urdangarin, malo, porque era su obligación estar al corriente de los hechos que pueden perjudicar a la Monarquía. Y si tuvieron noticia, ¿cómo es posible que no tomaran inmediatamente cartas en el asunto?

El Gobierno tiene que defender las instituciones y verificar el correcto funcionamiento de la Monarquía

Una cosa es el derecho del Rey a llevar como quiera sus asuntos estrictamente familiares y otra, olvidar que es el Gobierno el que tiene que refrendar todos los actos del jefe del Estado y el que tiene la obligación (no la opción, sino la obligación) de defender las instituciones. Mientras que la monarquía sea la forma política del Estado, según la Constitución, el presidente del Gobierno de turno tiene la obligación de defenderla, y la mejor manera de hacerlo es verificar su funcionamiento. Da la impresión de que los últimos Gobiernos han olvidado esa obligación de control y que han permitido además una gestión poco eficiente de la Casa Real.

La cuestión merece una reflexión política prudente. La Monarquía se encuentra siempre en una especie de tierra de nadie, en el sentido de que no es la forma de Estado preferida por la izquierda y de que, en España en concreto, no cuenta tampoco con el apoyo de la derecha, que no es monárquica, quizás porque abomina de la complicidad que ha podido existir entre la institución y algunos Gobiernos de izquierda, y quizás también porque tiene en su seno algunos elementos claramente antimonárquicos, herederos del franquismo y del falangismo.

El caso Urdangarin, al exponer continuadamente la Corona a la opinión pública, ha reactivado a esos grupos, empeñados en distraer la atención de los ciudadanos sobre los graves problemas sociales y económicos que enfrenta a la sociedad española y trasladarla a un confuso debate sobre la República o la abdicación del Rey. Algo que tiene mucho más que ver con sus propios intereses políticos que con el destino de Iñaki Urdangarin o con el papel del Gobierno en el control del correcto funcionamiento de la Monarquía. Y desde luego algo que ignora el papel fundamental que ha jugado esa institución en la consolidación de la democracia.