El juez pide que la Guardia Civil revise la investigación de la policía sobre el Faisán

A pesar de la revocación del procesamiento de los imputados —el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, el exjefe superior del País Vasco Enrique Pamies y el inspector de Vitoria José María Ballesteros—, el caso Faisán sigue adelante. Su instructor, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha dado dos meses a la Guardia Civil para que realice un “informe de análisis” de la investigación judicial con el fin de identificar a los presuntos responsables del chivatazo a Joseba Elosua, miembro del aparato de extorsión de ETA, que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006, en pleno proceso de paz.

La decisión se toma después de que la Sala Penal pusiera en duda el trabajo del equipo investigador de la policía, formado por algunos de los agentes encargados de la operación anti-ETA que el soplo frustró. El juez, además, cita de nuevo a declarar a Carmelo Luquin, el yerno de Elosua al que este contó cómo se produjo la delación. Y pregunta al fiscal si debe inhibirse en favor de los juzgados de Irún, al no apreciar este el delito de colaboración con banda armada que justificaría la competencia de la Audiencia.

Ruz estima esta diligencia "de obligado e inevitable cumplimiento" tras la decisión adoptada el pasado septiembre por el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que revocó el procesamiento de los tres mandos policiales procesados -que siguen imputados- y criticó que el instructor se hubiera "nutrido de material indiciario aportado exclusivamente" por el equipo policial.

Ese informe, precisa el juez, debe pronunciarse sobre la "compatibilidad o contradicción" que existe entre el acta de vigilancia de la cinta grabada del bar Faisán cuando se produjo el "chivatazo" y las declaraciones prestadas por Elosua.

Según el pleno de la sala, no existe la "suficiente precisión" sobre el lugar y tiempo en el que se produjo el soplo a Elosúa ya que el acta lo sitúa en una perfumería en compañía de su hijo, esposa y yerno a las 11.15, cinco minutos antes del chivatazo, aunque no precisa cuánto tiempo estuvo en ese establecimiento.

Por su parte, Elosua declaró que la llamada que le alertó se produjo entre las 11:20 y las 11:30 horas.

Asimismo, la Guardia Civil deberá informar sobre el procedimiento del equipo investigador para identificar las posibles "llamadas sospechosas" y si se ha limitado a comunicaciones telefónicas mantenidas entre funcionarios policiales.

Los agentes también tienen que elaborar un "perfil operativo, funcional y de conocimiento" de las informaciones facilitadas a Elosua por los supuestos autores del "chivatazo".

El magistrado ordena realizar esta misma diligencia al equipo investigador que dirigía el comisario Carlos Germán -y que iba a realizar la operación policial contra la red de extorsión de ETA- y da dos meses tanto a la Guardia Civil como a la Policía para presentarlos.

Además de las diligencias acordadas, Ruz le pide al fiscal que, si cree que la causa debe ser remitida a los Juzgados de Irún por no constituir los hechos un delito de terrorismo, se lo plantee formalmente.

El magistrado ha citado a declarar como testigo el próximo 26 de marzo al yerno de Elosua, José Carmelo Luquín, con el que el dueño del bar Faisán mantuvo una conversación telefónica desde su coche y que grabó la Policía en la que el primero le cuenta al segundo que una persona le alertó de que le seguían.

Ese día ha citado también a los dos funcionarios de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía que grabaron y escucharon la conversación de Elosua y su yerno, así como a los agentes de la Unidad Central de Inteligencia que formaban parte del operativo policial el 4 de mayo y a dos miembros del equipo investigador.

Al que no ha citado a declarar como testigo es al entonces secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, tal y como habían solicitado de nuevo las acusaciones que ejercen Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Ruz reclama a la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil y a la División Antiterrorista y de Información de la Ertzaintza para que informen sobre lo que conocían en relación con la "operación Urogallo" contra el aparato de extorsión de ETA a raíz de los seguimientos y escuchas telefónicas a los sospechosos de formar parte de esa red.

Además de estas diligencias, el magistrado pide que se haga un dictamen pericial sobre teléfonos satélite y si estos pudieron ser utilizados en estos hechos, y a las compañías telefónicas les pregunta si disponen de archivos sobre si la mañana del 4 de mayo de 2006 hubo llamadas con teléfonos satélites.