La mayoría rechaza la huelga general porque empeoraría la situación
El 52% de los ciudadanos y el 82% de los electores socialistas asegura que Rubalcaba no debe apoyar el cambio en la legislación laboral
El malestar social no se traduce en cambios en las expectativas de voto y tampoco en respaldo a una hipotética huelga general contra la reforma laboral. Los españoles rechazan mayoritariamente la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy, pero no parecen dispuestos a apoyar esa protesta que planean los sindicatos para el 29 de marzo.
Hay una cierta resignación o una reticencia a seguir las movilizaciones de los sindicatos: hasta un 67% de los españoles entiende, según la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS, que la huelga general no sólo no serviría de nada, sino que empeoraría aún más la situación económica.
Obviamente, los más contrarios a la convocatoria sindical son los votantes del PP, pero tampoco los del PSOE parecen entusiasmados con la idea de la huelga general. De hecho, la mitad de los electores socialistas cree que sería peor en este momento, frente al 45% que sí la considera conveniente.
No obstante, la encuesta demuestra que la dirección del PSOE atiende a sus bases cuando se opone a la reforma, porque el 52% de los ciudadanos y el 82% de los electores socialistas asegura que Rubalcaba no debe apoyarla. El líder socialista tiene el argumento para intentar recuperar su base social.
El decreto aprobado por el Gobierno, que se convalidará el jueves en el Congreso es visto, fundamentalmente, como ineficaz, impuesta por Europa e injusta. Sobre todo, se considera que no servirá para crear empleo y así lo dice hasta el 74% de los ciudadanos. Curiosamente, en este escepticismo están también instalados los votantes del PP. De la misma forma, que hasta los que votaron a Rajoy se suman a la opinión claramente mayoritaria que asegura que la reforma laboral responde a presiones externas, es decir, la Unión Europea y los mercados. A pesar del rechazo general al contenido del decreto, sí hay una medida que impulsa el Gobierno y que es respaldada por la mayoría: que los parados que coben subsidio y no realicen cursos, puedan ser obligados a hacer trabajos sociales.
Hay división de opiniones entre quienes creen que la reforma es excesiva o no.
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