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El Consejo defiende al Supremo y al juez Castro en los casos Garzón y Urdangarin

La portavoz niega que la justicia española haya quedado "lastrada" por los juicios al exmagistrado

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una imagen de archivo.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una imagen de archivo. EFE

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha defendido las decisiones judiciales que han adoptado el Tribunal Supremo respecto al juez Baltasar Garzón y el magistrado José Castro en el caso Urdangarin. Si bien el Consejo "siempre se ha manifestado a favor de pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales", ha subrayado la portavoz, esta debe ser motivada y no suponer "un ataque a la institución" ni a las personas que la representan. "El ataque personal y desgaste a las personas que representan la institución es inexcusable", ha señalado.

Al término de una ponencia sobre la situación de la justicia en la actual situación económica, organizada por el Foro Aragonex, Bravo ha discrepado de quienes, dentro o fuera de España, consideran que "la imagen de la justicia ha quedado lastrada" por los juicios a Garzón. "El Supremo siempre ha actuado con absoluto rigor, desde la independencia y la legalidad, y las tres resoluciones que ha dictado sobre este asunto, la condenatoria por las escuchas de Gurtel, la absolutoria por los crímenes del franquismo y el archivo de las diligencias por los cursos de Garzón en EE UU, "están debidamente justificadas y motivadas". Bravo ha agregado que la Ley de Memoria Histórica es el actual marco legal para solucionar los casos relacionados con los crímenes del franquismo.

Bravo también ha defendido la labor del juez del caso Urdangarin, José Castro, ante las críticas que ha recibido por haber tomando declaración este fin de semana durante 22 horas al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin. "El tiempo de una declaración es competencia del juez instructor", y parece que se ha hecho con aquiescencia del abogado de Urdangarin, ha comentado Bravo, tras indicar que se trata de un "caso complejo".

Sobre las reformas judiciales anunciadas por el Gobierno, Bravo se ha mostrado a favor de que los vocales del Poder Judicial sean elegidos por el Parlamento, del que procede la soberanía popular, y no, como pretende el Gobierno, por los propios jueces, aunque ha precisado que obviamente respetará cualquier decisión que adopte el legislador. También ha indicado que, a su juicio, la Constitución Española no permite la implantación de la cadena perpetua revisable. Cree que es "incompatible" con el artículo 25 de la Carta Magna. A su juicio, el endurecimiento de las penas en un país como España, que tiene una de las legislaciones penales más duras de Europa y porcentualmente la mayor población reclusa, "no disuade al delincuente". En lo que sí se ha mostrado a favor ha sido en la necesidad de evitar las filtraciones y las vulneraciones del secreto sumarial. Dijo que el Poder Judicial ha abierto ya investigaciones al respecto y lo seguirá haciendo.

Bravo ha pintado, además, un escenario judicial español con "disfunciones" y falto de recursos en un país, dijo, que destina solo el "0,4%" de su producto interior bruto a la justicia (unos 4.370 millones de euros), cuando la media europea está situada en el 2%. La portavoz del Consejo se ha postulado por un cambio normativo y de rediseño de la planta y la oficina judicial que permita optimizar los actuales recursos. También ha asegurado que España tiene "4,6 juzgados o tribunales por cada 100.000" habitantes, frente a los 1,8 de Francia, 1,7 de Italia o los 1,2 del Reino Unido. En cambio, en número de jueces, "España está a la cola de Europa", lo que le lleva a pensar que hay que cambiar el modelo, que ha tildado de "arcaico". "Inyectar recursos económicos en un modelo tan ineficaz como el vigente es derrochar o desinvertir", ha dicho.

Bravo también ha evidenciado los efectos de la crisis económica en la justicia, al señalar que "en el primer trimestre de 2011 se ha producido un "récord histórico de desahucios". Se han contabilizado 15.491, un 36% más que en el mismo periodo de 2010. En 2008, al comienzo de la crisis, apenas hubo 5.000 desahucios. La portavoz ha destacado que, cuanto más ágil y eficaz sea la justicia, mejor será para la dinamismo de la economía.