El Congreso, salvo Amaiur y UPyD, acuerda cómo afrontar el fin de ETA

Todos los partidos con representación en el Congreso, con excepción de UPyD y Amaiur, suscribieron ayer un acuerdo histórico sobre el final de ETA. El texto proclama “la victoria de la democracia sobre la organización terrorista” y exige la “disolución definitiva e incondicional” de ETA. Lo firmaron PP, PSOE, CiU, PNV, el grupo parlamentario de Izquierda Plural y todo el Grupo Mixto, salvo Amaiur.

A pesar de la amplísima mayoría el texto no fue aprobado porque era una enmienda a la moción de UPyD en la que se pedía la ilegalización de Amaiur y Bildu. Rosa Díez, sola frente a todos, no aceptó suscribir el acuerdo si no se aprobaba proceder contra la izquierda abertzale y, por eso, vetó que se votara el texto de todos los demás grupos.

El pacto tiene un enorme valor histórico, porque pone blanco sobre negro ese proceso de final de ETA, porque excluye nuevas ilegalizaciones, porque proclama esa victoria de la democracia, porque reconoce el valor de las víctimas y porque habla de “favorecer los esfuerzos hacia la convivencia social” y de “cumplimiento estricto de la ley”. También porque es el primer gran pacto de Estado de la legislatura, que reedita los pactos antiterroristas anteriores, en esta ocasión casi de forma unánime.

Y porque consuma el giro del PP en el Gobierno, demarcándose de los sectores más conservadores y duros del partido y de medios de comunicación que piden que se actúe contra Amaiur y que no se reconozca que ya se ha producido esa victoria sobre ETA. Ya se había apreciado ese cambio en distintas declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández, prometiendo generosidad y hablando del final de ETA como asunto político. Ese cambio se apreció también en el acuerdo del pasado miércoles entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, para avanzar juntos hacia el final de ETA, incluyendo la gestión discreta y consensuada de la política penitenciaria, favoreciendo reinserciones individualizadas.

Ayer se hizo explícito ese cambio al “nuevo tiempo político” en el acuerdo y en las contundentes palabras del portavoz del PP, Leopoldo Barreda, que en la tribuna del Congreso explicó que no hay pruebas ni posibilidad alguna para proceder ahora contra Amaiur.

El acuerdo que, ni siquiera fue votado en el Pleno, es fruto de horas de negociación entre el socialista Ramón Jaúregui con Barreda y con participación de Interior y el Gobierno vasco.

La posición dura quedó en manos de Rosa Díez, quien aseguró que no se puede decir que se haya vencido a ETA y que es necesario seguir con las ilegalizaciones, porque “nadie entendería que no se ilegalizara un partido que justificara la pederastia o la ablación aunque ninguno de sus representantes la practicara y Amaiur sigue justificando la violencia y la historia de ETA”. En su texto no da pruebas, ni indicios para esa ilegalización. A Rosa Díez le calló el chorreo de Barreda y Jaúregui, que le acusaron de “demagogia, sobreactuación” y de permitir que Amaiur “se frote las manos” por tener titulares y protagonismo. La avalancha de reproches incluyó el poner de manifiesto que miembros del PP y del PSOE han dado la vida como para escuchar acusaciones de cobardía.

Amaiur aseguró que el acuerdo no ayuda a resolver el “conflicto”, pero fuentes de la formación abertzale aseguran que estuvieron valorando la posibilidad de sumarse al texto. Estuvieron a punto, aunque no compartan apartados como el que habla de la victoria sobre ETA, pero no lo hicieron para no hacer imposible el giro del PP y facilitar que se desmarque de quienes le piden más ilegalizaciones.