El fiscal reitera que hubo negligencia en el Yak y apoya el recurso de las familias

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha insistido en apreciar una "conducta negligente penalmente relevante" en la causa del Yak-42 y ha apoyado el recurso de las familias de los fallecidos en el accidente contra el archivo de la causa en la que estaban imputados seis mandos militares.

Así lo asegura el teniente fiscal de este tribunal, Fernando Burgos, en un escrito remitido hoy al Juzgado Central de Instrucción número 3 de este tribunal después de que su titular, Fernando Grande-Marlaska, preguntara a la fiscalía por su postura respecto al recurso presentado por los familiares de los 62 militares fallecidos contra su decisión de archivar la causa el pasado 2 de febrero.

Burgos responde en este escrito que los fundamentos citados en dicho recurso "coinciden sustancialmente" con los expuestos inicialmente por la fiscalía el pasado 13 de enero, cuando se mostró favorable a que se juzgara a la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo, del Gabinete de José María Aznar, al estimar que su "absoluta falta de diligencia" estuvo en el origen del siniestro.

Ahora, vuelve a insistir en esta postura "dada la previa existencia de imputaciones" y a que no existen supuestos legalmente previstos para archivar el caso en el que se investigaban las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42 que se estrelló en mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).

"Se desprende clara y meridianamente la existencia de una conducta negligente penalmente relevante en la producción de un resultado lesivo" consistente en la muerte de 62 militares españoles en Trebisonda", afirma el escrito.

Esta posición, coincidente con la del informe final del pasado 13 de enero firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, supuso sin embargo un cambio de criterio respecto al primer borrador elaborado por Burgos, en el que se inclinaba por el archivo de la causa.

Y es que, tras elevárselo a su superior inmediato, lo que iba a ser una solicitud de sobreseimiento por parte del teniente fiscal se convirtió en un escrito en el que se destacaba "la concurrencia de indicios" del delito de imprudencia grave.

Posteriormente, cuando el magistrado decretó el archivo de la causa, la fiscalía anunció que no recurriría esta decisión, aunque no descartaba adherirse a alguno de los dos recursos de apelación presentados por las acusaciones particulares que ejercen los familiares de los soldados fallecidos, como finalmente ha hecho.

Hasta que decretó el archivo, Marlaska mantuvo imputados en este procedimiento a seis militares, entre ellos el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en el momento del accidente, Antonio Moreno Barberá; el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta Manella, y el jefe de la división de operaciones del EMACON, José Antonio Martínez.

Los otros dos imputados eran los también miembros del EMACON Joaquín Yáñez y Alfonso Elías, así como el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN NAMSA.