¿Nada que hacer?

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció a los españoles la semana pasada que el paro, que ya alcanza a cinco millones de personas, va a seguir aumentado. El ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtió el jueves en el Parlamento que la situación económica va a empeorar. Ambos transmitían la impresión de que no está en sus manos impedir esos acontecimientos y que las medidas que están adoptando son, primero, inevitables, y segundo, destinadas a ayudar en algún momento del futuro, es decir, a medio plazo y no en el presente inmediato. Por supuesto, siempre y cuando la UE haya decidido para entonces impulsar un mayor crecimiento. Solo entonces se nos permitirá a los pobres PIG salir de la II Gran Depresión y solo entonces empezaremos a darnos cuenta de lo que se ha quedado en el camino.

Nada que hacer a corto plazo. ¿Nada que hacer aunque el paro llegue a los seis millones de personas? ¿A los seis y medio? ¿Nada que hacer aunque la mayoría de este país haya aceptado sin rechistar una bajada efectiva de sus salarios, un aumento de la edad de jubilación, y recortes en los presupuestos sociales? ¿Imposible hacer nada a corto plazo para impedir que más de la mitad de los jóvenes esté en paro? ¿Es eso todo lo que puede decirnos el Gobierno? Una cosa es que no pueda hacer milagros y pasar de cinco a cuatro millones de parados en un año y otra que su propuesta a los ciudadanos sea ver subir estoicamente un millón más.

¿Cuánto tiempo cree Rajoy que puede mantener ese mensaje? Al fin y al cabo, hasta Winston Churchill, cuando anunció a los suyos, al comienzo de la II Guerra Mundial, “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, les prometió también que lucharía en los campos y en las calles, en las colinas…

El manejo de la durísima situación económica española es cuando menos sorprendente. Cualquiera que conozca a un pequeño empresario sabe que lo que más reclama y necesita es crédito, la apertura del grifo de los bancos, cerrado desde hace ya cuatro años. Y cualquiera que maneje los datos de la economía española sabe que ese crédito no fluye, que los préstamos del Banco Central Europeo (BCE) a la banca española no están llegando a los pequeños empresarios y que el sistema sigue seco, asfixiando a pequeñas fábricas y empresas. Como contestó el muy circunspecto Mario Draghi a la pregunta de si estaba llegando el dinero del BCE a las empresas y a los particulares: “No tenemos evidencia de eso”.

Frente a ello, el Gobierno lanza casi al mismo tiempo una reforma del mercado financiero, que no parece garantizar a corto plazo esa ansiada liquidez, y una reforma laboral “agresiva”, que se ha convertido en su gran apuesta, que tendrá, ella sí, efectos inmediatos (aumentará el paro), pero cuyos beneficios no conoceremos hasta el gran día en que se revitalice la economía.

Pocos negaran la realidad: un país con cinco millones de parados necesita palmariamente cambiar muchas cosas y, entre ellas, el marco de sus relaciones laborales. La pregunta no es si hay que reformar y flexibilizar la legislación laboral, sino si esta es la mejor, la única, manera de hacerlo. Una lectura atenta del decreto ley deja claro que no se trata de una adaptación de las reglas, sino de un cambio radical en el sentido contractual, porque deja en manos del empresario, de manera unilateral, en función de sus intereses y conveniencia, la definición de las condiciones laborales.

El PP cree, y se diría que el Banco de España también, que la salida de la crisis en España pasa por la devaluación de los salarios, ya que no es posible otro tipo de devaluación. Es posible que la devaluación vía salario sea un camino obligado; pero lo que llama la atención del decreto ley no es que deje abierta esa puerta, sino que entregue la única llave al empresario y que haga casi desaparecer las reglas que, con grandes luchas y sufrimientos, han ido ordenando las relaciones laborales, como si los empleados y trabajadores fueran un elemento extraño al mundo de la empresa, algo irracional, que hay que disciplinar, y no un elemento fundamental dotado igualmente de intereses dignos de defender y, sobre todo, de raciocinio.