Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
LOS CASOS SOBRE GARZÓN

El fiscal general no ve cohecho en los cursos y estudia recurrir por las escuchas

Torres-Dulce expresa su satisfacción por el archivo de la causa de los cursos

Está a la espera de la sentencia de inhabilitación para ver si se han vulnerado derechos

Torres-Dulce, durante la rueda de prensa. Ampliar foto
Torres-Dulce, durante la rueda de prensa. EFE

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, manifestó este martes que está a la espera de que la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo le notifique su posición sobre si se debe recurrir la sentencia que ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación como juez por las escuchas de Gürtel, y “en caso afirmativo”, añadió el fiscal general, “no habrá ninguna pega”. Torres-Dulce señaló que el único recurso que podría intentarse es el de nulidad de actuaciones, en el que se tengan en cuenta los derechos fundamentales vulnerados, porque la otra vía apuntada por la defensa de intentar un recurso a la Sala Especial del artículo 61 no está prevista.

El fiscal general ha mantenido que la postura de la Fiscalía en el caso archivado el lunes sobre los cursos de Garzón en Nueva York sigue siendo la de que los hechos “no eran constitutivos de delito alguno”, ni siquiera del de cohecho impropio apreciado por el juez Manuel Marchena. En cualquier caso, expresó su satisfacción porque el caso se haya archivado por prescripción, que era la petición subordinada de la fiscalía a la petición principal de archivo por inexistencia de delito.

Torres Dulce aprovechó su primera comparecencia ante los medios informativos para anunciar que la Fiscalía va a recurrir al Supremo el caso de Marta del Castillo, por los cinco motivos que había articulado la fiscalía de Sevilla.

Sobre una eventual declaración de la infanta Cristina de Borbón en el sumario del caso Nóos, en el que se investigan las actividades de su marido, Iñaki Urdangarin, el fiscal general se mostró prudente y dijo que por el momento “no hay ninguna previsión a ese respecto”. Torres-Dulce explicó que el fiscal anticorrupción adscrito al caso está valorando las circunstancias “y cuando exprese su opinión” se lo hará saber a través del fiscal jefe Anticorrupción.

La posición de la Fiscalía sobre la doctrina Parot, que implica el cumplimiento efectivo del máximo de 30 años de prisión, sigue siendo la de hacer un examen “caso por caso” de los recursos de amparo presentados, para ver “si se han vinculado retroactividades”. Torres-Dulce recordó que no hay un “cuestionamiento de la doctrina Parot sino que hay que ir examinado cada caso concreto y determinado”.

Al hilo de un posible recurso sobre la condena a Garzón, Torres-Dulce dijo que la decisión de no recurrir la sentencia que absolvió a Francisco Camps del delito de cohecho impropio por un veredicto de cinco votos a cuatro fue por una decisión “absolutamente autónoma” de la Fiscalía Anticorrupción y de las fiscales que llevaron el caso, que entendieron que el recurso no tenía viabilidad. “Cada fiscal o cada fiscalía toma las decisiones correspondientes. Yo, en tanto fiscal general voy a respetar esas decisiones. Si yo pido autonomía, debo exigirme autonomía”, afirmó.

Torres-Dulce presentó a Alfonso Aya como nuevo jefe de la Inspección de la Fiscalía y dijo que ha nombrado a Fernando Herrero Tejedor como jefe de la Secretaría Técnica. Asimismo, dijo que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, seguirá en su cargo.

El fiscal general se mostró partidario de “acotar” la acción popular para que no se pueda utilizar “por motivos espurios”, pero no de eliminarla.

Del contenido del Consejo Fiscal celebrado este martes, dijo que proyecta elaborar un Libro Blanco del Ministerio Fiscal con el objetivo de hacer un “arqueo de caja” para conocer la situación actual de los medios y plantilla.

[El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró este martes su “agradecimiento y confianza” en el juez Baltasar Garzón, quien”seguirá ayudando en los temas asignados hasta que acabe su contrato con la OEA”. Mientras, el Consejo del Poder Judicial ha encargado un informe sobre su expulsión de la carrera judicial.]