El Gobierno y el Poder Judicial claman contra las críticas al Supremo

Un día después de ser expulsado de la carrera judicial, el nombre de Baltasar Garzón sigue generando una enorme polémica que alcanza a casi todos los estamentos judiciales, a la política, a los medios de comunicación y ayer llegó hasta el Gobierno. Después de una jornada en la que el Poder Judicial salió en tromba contra quienes critican la sentencia del Tribunal Supremo que condena por unanimidad a Garzón a 11 años de inhabilitación por prevaricar en el caso Gürtel, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso también entrar de lleno en el asunto con un duro reproche a quienes han cuestionado la decisión de los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo.

“Comparto su preocupación”, le dijo la vicepresidenta a un periodista de La Gaceta nada más arrancar una larga respuesta que era una andanada directa contra algunos políticos, en especial Gaspar Llamazares, de IU, que han dicho que no respetan la sentencia.

“Yo llamaría a esos líderes políticos a que tengan presente que todas las resoluciones judiciales merecen su respeto. Todos los españoles tenemos que respetar las sentencias, pero mucho más los representantes públicos. Cuando se cuestionan las instituciones, se cuestiona la democracia. Hago un llamamiento muy serio a la responsabilidad. España es un país democrático”, aseguró.

“Me preocupa y mucho esa imagen que se está intentando trasladar de España. Tenemos unas instituciones democráticas. La misma Constitución que permite a esos responsables políticos ejercer sus tareas es la que le atribuye al Tribunal Supremo el poder judicial en su supremo vértice. Debemos defender a todas las instituciones”, dijo en referencia a Llamazares y otros.

Margarita Robles dice que la sentencia es “jurídicamente impecable”

Le preguntaron si pedirá a la fiscalía que actúe contra los que critican al Supremo. “A la fiscalía le corresponde analizar los comportamientos de unos y otros. Pero no recibe instrucciones de este Gobierno, eso se ha acabado”, remató la vicepresidenta.

La Unión Progresista de Fiscales lamenta que el instructor es el único condenado

El PP, que en los noventa había aplaudido a Garzón cuando investigó los crímenes del GAL, fue muy crítico con la actuación del juez en el caso Gürtel desde el primer momento, tanto que pidió su recusación alegando “enemista manifiesta” contra este partido, por lo que la sentencia que expulsa a Garzón de la carrera ha sido acogida con satisfacción.

Pero la andanada contra los que critican la sentencia no llegó solo del Gobierno. La presidencia del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial manifestó, a través de un comunicado, que “son de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Tribunal Supremo [...] lo que constituye un grave atentado al Estado de derecho”.

La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, aseguró en TVE que se ha colocado al Tribunal Supremo en una situación “crítica”. Bravo mostró su “preocupación” por la imagen internacional de la justicia española que puede dar “la trascendencia mediática de esta sentencia”. “Estamos a la cabeza de Europa como justicia garantista. Entiendo que parte de la ciudadanía no comparta la resolución, pero me parece intolerable que se les llame fascistas por eso”. Bravo se refería a algunos gritos que se pronunciaron en la manifestación improvisada en la Puerta del Sol en la tarde del jueves.

Margarita Robles, vocal del Poder Judicial, siempre enfrentada con Garzón, afirmó que la sentencia es “jurídicamente impecable”. Añadió que aunque le “entristece” la situación de Garzón, “la ley es igual para todos”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, dijo que el juicio se produjo “con todas las garantías” y sin que haya existido “indefensión”. Este caso, en su opinión, es “un magnífico ejemplo de brecha social” entre la justicia “de las leyes” y la percepción de los ciudadanos. En la misma línea, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, apuntó que “no se deben tolerar las descalificaciones” que se han producido contra la sentencia que condena a Garzón.

Mientras, desde la Unión Progresista de Fiscales, a través de un comunicado, señalaron que la condena “resulta absolutamente desproporcionada” y quiso “poner de relieve las nefastas consecuencias que para la persecución de los delitos de corrupción tiene el hecho de que instructor sea el único condenado”.