“Nuestros desaparecidos están en la caja 198 del Valle de los Caídos”

Cuatro testigos de otras tantas asociaciones de la memoria histórica han declarado esta mañana en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, mientras en el exterior, un grupo de simpatizantes, con una pancarta y banderas republicanas, gritaba consignas de “Hay que juzgar al franquismo criminal” y “Justicia y reparación”.

Olga Alcega Madruga, de la asociación de familiares de fusilados de Navarra, dijo que en Navarra hay 3452 de desaparecidos a día de hoy. “Todos los desaparecidos desde el 18 de julio, siguen desaparecidos. Yo soy la nieta de Antonio Alcega, un cartero desaparecido desde hace 74 años y unos meses. Estaba con las vacas y se lo llevó la Guardia Civil. Salió del cuartel muy malherido. Le llevaron a Magallón y le dieron el tiro en la cabeza”.

“En la fosa común donde lo enterraron había 79 hombres y dos mujeres”, siguió la testigo. “Desde el 27 de julio, que fue la primera saca, hasta el 17 de enero de 1937, los fusilados pertenecen a 17 municipios diferentes. Los asesinaron descaradamente. Hoy puedo decir que a mi abuelo le asesinaron, primero le provocaron un hemitórax y después por el orificio de bala. Le abrieron un expediente de responsabilidades políticas cuatro años después de muerto. A mi abuela nunca le dieron ninguna ayuda. Les quitaron todo”.

Olga empezó con su padre en 1977, a buscar a los desaparecidos. “Las asociaciones hemos trabajado siempre voluntariamente. He recibido un subvención, pero hubiese deseado que dura la Administración la que hubiese costado las exhumaciones”, respondió a preguntas de los abogados. “Mis padres, han llevado una vida muy dura, no se han atrevido a hablar. En España, en según qué zonas, aún se tiene mucho miedo. Mi abuelo no pasó por un una cárcel, le hicieron desaparecer. Ninguna de las denuncias que pusimos en un juzgado penal ha prosperado nunca”.

Rafael Espino Navarro, de la asociación para la Recuperación de Aguilar de la Frontera (Córdoba), explicó que su objetivo era saber el paradero de las 108 personas que desaparecidos desde el 18 de julio de 1936 hasta finales de septiembre de ese año. Espino tiene entre ellos siete familiares directos. En sus investigaciones, consiguieron el testimonio de una persona que hoy tiene 98 años y que presenció los asesinatos. Así confirmaron la existencia de las fosas donde podían estar los desaparecidos.

En mayo 2010 realizaron una primera exhumación de 55 cuerpos, siete de ellos mujeres, y que presentaban los síntomas habituales: tiros en la nuca, maniatados con alambres… Consiguieron con una subvención recuperar otros diez cuerpos más. El juzgado de Aguilar no les ha permitido inscribir las defunciones hasta hace un año. “Si la Justicia no interviene no podremos saber cuántas personas quedan en esas fosas, dijo.

Manuel Perona Medina, preside la asociación de Cataluña, que fue de las primeras en denunciar las desapariciones, en diciembre de 2006, por encargo de uno de los nietos de ocho desaparecidos de Manresa (Barcelona). “Fueron sacados de una prisión por Guardia Civil o por paramilitares, y en el viaje a Barcelona desaparecieron. No han podido ser localizados. Eran obreros, no combatientes”, dijo el testigo. Su asociación tiene un censo de mil y pico desaparecidos en Cataluña.

Pedro Fausto Canales Bermejo, de la asociación de Valladolid, presentó una denuncia en diciembre de 2007 en la Audiencia Nacional, como hijo de desaparecido, denuncia que firmó también el nieto. La denuncia se refería a 10 desaparecidos de Pajares de Adaja, en Ávila.

“Yo, como hijo de desaparecido, siempre he tenido en mente la resolución de denunciar estas desapariciones forzadas: No había condiciones en la dictadura, ni tampoco en la Transición, por lo que desde mi jubilación me he dedicado a intentar hacer justicia a este secuestro, a buscar culpables y si se depuran, nos consideraríamos reparados”.

Canales ha dicho que nunca han recibido ninguna subvención, aunque “he oído”, dijo, “que se han concedido para investigación en archivos, para mapas de fosas, pero para nuestros desaparecidos, ningún dinero”. Hemos investigado donde podrían estar, pero hasta que en sede judicial no se investiguen los hechos, no podemos tener seguridad absoluta de donde están”.

Según las investigaciones de la asociación, el 24 de julio de 1936, a raíz de la rebelión, se llevaron detenido al alcalde legítimo del pueblo. “Le llevaron prisionero a Arévalo, luego a Ávila y de vuelta a Arévalo. El 14 de septiembre, en una saca, lo fusilaron. Después, un grupo de falangistas recaló en el pueblo, penetraron en siete domicilios. Uno era el de mi padre. Yo dormía en una cuna, tenía 2 años y mi padre lo sacaron de la cama. Se los llevaron a unos 20 kilómetros aproximadamente, en el término de Aldeaseca y allí les fusilaron de madrugada y dejaron sus cadáveres. Esa misma mañana, uno de los que estaba en la lista de los diez se ocultó en un pajar, pero a la mañana siguiente lo detectaron y dos personas del pueblo se lo llevaron en un coche a un grupo de falangistas y regresaron sin él. En septiembre se llevaron a la última persona que estaba huida y también lo fusilaron en una cuneta de una carretera”.

Según el testigo, “el 23 de marzo de 1959, una semana antes de inaugurarse el monumento del Valle de los Caídos, en una exhumación de restos sin nuestro conocimiento, los llevaron a ese sitio y sus restos estarían en la caja 198 en el Valle de los Caídos. Hemos intentado recuperarlos pero no ha sido posible”.

El testigo ha explicado que presentaron la denuncia en la Audiencia Nacional porque “creemos que es una desaparición forzada, lo consideramos un secuestro permanente y es competencia de una jurisdicción nacional”.

El juicio continuará mañana con la declaración de otros tres testigos y esta misma semana quedará visto para sentencia.