Garzón: “Hice lo que debía hacer con las reglas de la buena fe”

“Hice lo que creí que debía hacer, no es cuestión de ideología. Los jueces no estamos para ideologías. Aquí había cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos”. El juez Baltasar Garzón ha descartado así que hubiesen influido sus ideas políticas en la investigación de los crímenes del franquismo, en el interrogatorio de su defensor, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda. El juez no ha contestado a la acusación del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias por no considerarle legitimado para acusar.

“El fiscal también discrepó de mí en los casos de Argentina y Chile durante dos años, con recursos durísimos, y luego cambió de posición y mantuvo que eran crímenes contra la Humanidad”, ha añadido Garzón, al justificar haber mantenido la investigación durante dos años.

Garzón ha afirmado tajantemente que no autorizó ninguna exhumación en el tiempo que estuvo investigando los crímenes del franquismo. “Desde diciembre de 2006 a 2008 no autoricé ni una sola exhumación. Expresamente se dijo que no se autorizaba ninguna exhumación hasta que no quedase determinada la competencia”.

El juez imputado, que ha declarado con voz segura y firme, ya sobrepasada la afonía que le aquejó durante el juicio de las escuchas del caso Gürtel, ha manifestado también que en la Audiencia Nacional, concretamente en el juzgado central 2, se seguía un proceso contra nazis que aún hoy se sigue tramitando a petición del fiscal y que afectan a hechos de 1942 a 1944 referidos a campos de concentración.

Para nada fue una interpretación que se apartara de una línea aceptable y defendible

Garzón justificó su actuación para investigar el franquismo en la doctrina de la propia Sala Penal del Supremo en el caso de Adolfo Scilingo, el argentino que participó en los vuelos de la muerte al que el juez procesó y fue condenado en España.

A preguntas de su defensor, Garzón relató que en diciembre de 2006 llegó a su juzgado la primera denuncia y posteriormente se presentaron más. “Relataban hechos acontecidos durante y después de la Guerra Civil, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas… hechos con apariencia delictiva de crímenes contra la Humanidad. Posteriormente hubo otras y en septiembre de 2008, también por casos de menores desaparecidos hasta el día de hoy”.

El proceso de ratificación de esas denuncias se prolongó dos años. Durante ese tiempo, Garzón dictó “una serie de proveídos” para resolver la competencia. “En todas y cada una de esas providencias no hubo ningún recurso del fiscal”, siguió el juez imputado, hasta que la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso el 21 de octubre de 2008 un recurso de apelación directo contra el auto de Garzón declarándose competente para investigar las denuncias.

Durante la investigación, ha dicho Garzón, “llegué a la conclusión de que no había datos de desaparecidos a nivel nacional, absolutamente ninguno”. Por eso se dirigió a los denunciantes, a los que pidió que elaboraran un listado completo. A principios de octubre de 2008 le dieron el número de 114.000 casos de desaparecidos sin vinculación con la Guerra Civil. El 16 de octubre de 2008, se declaró competente: “La resolución viene a establecer uno de los hechos a que se contraer la investigación: un plan sistemático de detenciones, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, etcétera. por parte de algunos procedentes de Falange. Consideré que los hechos podían ser delictivos y que integraban el delito de desaparición forzada, que persiste en el tiempo”, ha explicado el acusado .

En aquel auto pidió que se aportaran los certificados de defunción del general Franco y de otras 44 figuras del régimen “para poder declarar la extinción de la responsabilidad penal y las posibles reclamaciones civiles por hechos delictivos con responsabilidad civil extinguida por fallecimiento”, ha seguido diciendo Garzón.

El juez ha negado que hubiera querido saltarse la Ley de Amnistía. “No es cierto, eso no se sostiene”, ha asegurado, ante la principal imputación que le hizo el juez instructor Luciano Varela. Garzón ha explicado que los efectos del delito detención ilegal, sin dar razón del paradero del detenido, tiene efectos que permanecen en el tiempo: “La ley de amnistía se refiere a hechos o delitos de contenido jurídico. En ningún caso, a crímenes contra la Humanidad, que son los que se denuncian, y que no pueden tener carácter político de ningún tipo”. Garzón también ha negado que al tratarse de delitos permanentes opere la prescripción, porque son delitos “que se siguen cometiendo”.

Antes de resolverse por la Sala Penal el recurso del fiscal, Garzón se inhibió. La Sala de lo Penal declaró después que no era competente para investigar, pero tres magistrados se mostraron de acuerdo con la investigación y las tesis de Garzón.

También ha rechazado que hubiese pretendido “ningunear” la Ley de Memoria Histórica. “Para nada. No sé quién ha dicho eso- La ley de Memoria Histórica tiene un interpretación perfectamente compatible con lo que se investigaban en el juzgado”.

Tampoco aceptó que entre sus motivaciones estuviese obtener “notoriedad” o “publicidad”. “Creo que he hecho lo mismo que en otros casos en que había dificultades jurídicas. Son cuestiones muy complejas. He procurado interpretar en cada caso con las reglas de la buena fe”, ha dicho.

A preguntas del fiscal Luis Navajas, el juez acusado ha dicho que no era cierto que hubiese mantenido paralizado el procedimiento durante dos años, --como le atribuye el instructor Luciano Varela--, porque las denuncias se fueron presentando a lo largo de ese tiempo y él pidió a todos los denunciantes que se ratificasen. Se fueron ratificando todos y cuando solo faltaban dos, le dio traslado de todo al fiscal.

Preguntado por Navajas si era consciente de que no era competente para investigar las s denuncias, Garzón ha asegurado. “Si hubiera sido consciente, no lo habría dictado”, ha dicho en referencia al auto de competencia.

Garzón ha concluido el interrogatorio asegurando que no incurrió en un delito de prevariación, es decir, que no adoptó una resolución injusta a sabiendas: “Siempre he respetado las normas. Interpreté las normas legales en vigor, nacionales e internacionales y lo consideré ajustado a la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos. Para nada fue una interpretación que se apartara de una línea aceptable y defendible. Es lo que hice, acertadamente o no, y hoy me ratifico”.