Ninguna excepción legal para los presos de ETA

Los presos son el gran tema a abordar dentro del proceso del final de la violencia de la banda terrorista ETA. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dijo ayer que no habrá medida alguna fuera del cumplimiento estricto de la ley. Hasta el momento, solo un pequeño grupo de presos disidentes ha accedido a beneficios —y con cuentagotas— a través de los requisitos legales: repudio de la violencia y perdón e indemnización a las víctimas. Solo uno de los requisitos se ha interpretado con laxitud, el de la colaboración con la justicia. Las autoridades entendieron que los presos carecían de información actual sobre la banda por llevar muchos años en la cárcel, y que no era exigible obligarles a hacer delaciones sobre el pasado.

Pero son tan solo una treintena de los más de 500 presos de ETA en cárceles españolas los que se han acogido a estas medidas y han accedido a cumplir la ley. El resto aguarda nuevos acontecimientos, esperando alguna solución colectiva que les evite tener que significarse en esta fase final. El colectivo oficial de presos de ETA emite instrucciones durísimas contra el perdón y la reparación a las víctimas y parecen convencidos de que ni lo uno ni lo otro serán necesarios porque la presión social logrará ciertas concesiones del Estado. Mientras tanto, la izquierda abertzale busca un equilibrio complicado. Ayer, sus dirigentes se apresuraron a aplaudir la decisión de la Asamblea francesa de establecer el acercamiento de los presos a sus lugares de origen para favorecer la reinserción. Se trata de una medida de alcance general que beneficiará a los reclusos de la banda en Francia.

El traslado a prisiones cercanas a Euskadi de algunos presos es algo por lo que abogan, como primera medida, el PNV y el PSE. Pero Gallardón dijo ayer públicamente que cualquier medida exigirá antes el cumplimiento de la ley, la petición de perdón y la reparación a las víctimas. Algo que, de momento, los presos no parecen estar dispuestos a hacer.