El juez identifica a otra fuente de la financiación ilegal del PP valenciano

La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado “pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market”.

Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.

En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que “presuntamente abonó a Orange 199.520 euros” es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.

En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y “cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española”. Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que “investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse” en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.

El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.

Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba “Barcelona”.

Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó “Alicante” y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.

En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.

Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.