Los acusadores ven “monstruoso” que Garzón grabase sus charlas con los presos

“Monstruoso”, “infamante”, “injusto”, “barbaridad” “inconstitucional”… Los abogados que acusan al juez Baltasar Garzón no se han ahorrado descalificaciones al presentar al acusado como un juez prevaricador y violador sistemático de todos los derechos constitucionales, “una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve”. Eso sí, siempre entre cantos al compañerismo y siempre lamentando la “ingrata tarea” y el “gran malestar” que les produce tener que acusar a un compañero como Garzón, con el compartieron tantas tareas en la Audiencia Nacional. Pero como hoy visten la toga que visten, pues no tiene más remedio que evitar que se violen sus derechos constitucionales.

Esa fue la tónica de los informes del exfiscal Ignacio Peláez y el exjuez José Antonio Choclán, excompañeros de Garzón, que se tiraron a degüello contra el acusado entre lamentaciones sobre su propia suerte.El acusador Peláez hizo una extensa disertación victimista sobre la violación de sus derechos como abogado, señalando que, si presentó “en soledad” y “sin que nadie le acompañase” la querella contra Garzón, fue porque se violaron sus derechos básicos en el ejercicio de la abogacía. Peláez negó que con la querella buscase la nulidad del caso Gürtel o que represente los intereses del Partido Popular y criticó al Colegio de Abogado por no querellarse junto a él “en defensa del ejercicio de la profesión de la abogacía”.

Tras reafirmar que no siente ningún deseo de que se condene a Garzón “de forma represiva”, Peláez se presentó como un ciudadano de a pie “nacido en Zamora, que quiere vivir en un Estado de derecho y ejercer en libertad su trabajo para ganarse la vida”. Por eso defiende el derecho a hablar de forma confidencial con su defendido y no tener que escribir un folio para que su defendido lo lea a través de un cristal, “como si estuviéramos en un Estado policial”.

El acusador sostuvo que no necesitaba permiso para entrevistarse con los dirigentes de la trama Gürtel, Correa y Crespo, en la prisión de Soto del Real (Madrid), porque estaba allí como abogado “expresamente llamado” y consideró “lamentable” y “ridículo” que la Fiscalía no expurgase una conversación mantenida por él en la cárcel, con la se querría dar a entender que fue elegido como abogado para hacer tráfico de influencias en la Audiencia Nacional.

Entrando por fin en los hechos, Peláez calificó el auto de Garzón ordenando las escuchas de “doloso”, “burdo”, “claramente prevaricador y contrario a derecho” y “limitador de derechos fundamentales”. "Me da exactamente igual quién tomó la iniciativa, si fue la fiscal nerviosa o la policía. El único que tiene capacidad para limitar derechos es el juez. No hay duda sobre el autor”.

El abogado dijo que Garzón no solo habían violado el secreto de las comunicaciones del abogado con su cliente sino también los derechos a la intimidad y el derecho de defensa, e incluso el derecho del detenido a no confesarse culpable. Además, acusó al magistrado de no haber garantizado la cadena de custodia de las escuchas y calificó de “auténtico despropósito” que las conversaciones sigan en los discos duros a disposición de Instituciones Penitenciarias, y no bajo custodia judicial.

Sobre el expurgo de las conversaciones ordenado por Garzón, dijo que no le importaba que desgajen “unas conversaciones que ya se han escuchado”. “No hacía falta expurgo, no tenía que haber habido escucha, se debió destruir todo”, tronó Peláez. Según el acusador, la fiscalía incumplió su obligación de velar por la legalidad y los derechos de los imputados al no recurrir el auto de Garzón. Al tiempo, tachó de “surrealista” que la fiscal de la Audiencia Nacional se arrogase, a su juicio, la potestad de decidir qué es o no el derecho de defensa. “Pido una sentencia condenatoria y que se nos dé amparo y se establezcan límites básicos sobre qué se puede hacer y no en una investigación penal”, ha terminado.

El ex juez José Antonio Chocán, que representa al máximo implicado del caso Gürtel, Francisco Correa, calificó de “falacia” sostener que la legalidad distinga derechos según la gravedad de los hechos imputados, y que a aludir a “organización criminal” o a "estructura internacional de blanqueo", etcétera, es “invocar la razón de Estado, lo contrario del Estado de derecho. Choclán expresó su “gran malestar" al sentirse "sujeto pasivo de una investigación” y criticó la ausencia del Colegio de Abogados en el banco de la acusación. El acusador consideró que el delito está “documentado”. “Basta leer auto”, dijo.

“El juicio que tiene que hacer la sala es qué permite el auto. ¿Es razonable generalizar sobre la base de una conjetura de que los letrados personados u otros puedan servir a una organización criminal?", se preguntó. Al abogado le pareció “monstruoso” que, como dijo este miércoles un funcionario del juzgado de Garzón, fuese la fiscal la que expurgase los párrafos de las transcripciones. “Se desmoronaría el Estado de derecho si cualquier ciudadano se sometiese a un proceso judicial en el que no hay derecho procesal que no se haya lesionado”.

Choclán insistió en que era “extravagante” pensar que todos los abogados puedan ser instrumento de una organización ilegal. “Ahí reside la prevaricación”, dijo, “porque si se permite, la consecuencia es absolutamente lesiva para el sistema de valores constitucionales”. El tercero de los abogados de la acusación, Pablo Rodríguez Mourullo, que representa a Pablo Crespo, dijo que Garzón era como “el Gran Hermano que todo lo ve y todo lo escucha”, y ratificó su petición de 15 años de inhabilitación para el juez.