Hacienda planea ‘castigar’ el déficit retrasando pagos a las comunidades

El objetivo, eso está claro, es reducir el déficit público. Y en ese empeño parecen estar de pronto todas las administraciones públicas, de uno u otro color político. Pero ¿qué pasa si no se cumple? ¿Cuáles serán las sanciones a las comunidades autónomas —las más endeudadas— que sigan saltándose los límites de estabilidad? Desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas se sugirió una ayer: retener parte de las transferencias que el Gobierno destina a las autonomías hasta que cumplan el objetivo de déficit. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había apuntado algo aún más drástico por la mañana: “responsabilidades penales” para los cargos públicos que se endeuden más de lo debido; pero esa amenaza —tachada de “ocurrencia” por el PSOE— se fue desinflando durante el día hasta quedar en nada.

“No es igual una cantidad pequeña [de déficit] que una grande, ni incumplir muchos años que solo uno”, puntualizó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en una entrevista a este diario. En el caso de que se impongan sanciones, estas serán “económicas”. “Es una traslación de lo que hace la UE. Es crear un fondo de un porcentaje del PIB [equivalente a un porcentaje del PIB] que se liquidaría cuando la administración sancionada cumpla los objetivos”, dijo. Desde el ministerio aclararon más tarde que ese mecanismo de posible sanción “aún no está desarrollado”, aunque podría consistir en “detraer una parte de las transferencias que el Gobierno hace a las comunidades” hasta que presenten un plan de viabilidad y cumplan la estabilidad presupuestaria.

Ni Beteta ni su equipo precisaron qué tipo de transferencias podrían recortarse —algo que, por otro lado, podría incluso agravar el problema de las comunidades endeudadas, porque con menos fondos aún tendrían más problemas para afrontar el pago a proveedores—. El secretario de Estado sí aludió a otro hipotético castigo: la “gestión conjunta” del presupuesto en los casos de comunidades autónomas que no sean capaces de controlar su déficit.

Pero, si las sanciones económicas están todavía por desarrollar, la que ni siquiera aguantó 24 horas de vida fue la que lanzó por la mañana en la cadena SER el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y que tenía otra vertiente muy distinta: la penal.

Preguntado por cómo serán castigados los cargos públicos que incurran en déficit muy por encima del comprometido, Montoro respondió: “A través de la Ley de Transparencia vamos a exigir responsabilidades penales. Un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto”. El propósito es evitar el “falseamiento de la contabilidad pública”, pero también favorecer, con esas sanciones penales, “un rigor en la gestión del Gobierno”.

“Si quiere gastar más, que se lo pida, subiendo los impuestos, a los ciudadanos. Lo que nunca es correcto son las facturas en el cajón y acumular deudas que luego se vuelven impagables”, zanjó.

El anuncio, sin más detalle, fue tildado de “ocurrencia” por el PSOE —la misma palabra que tantas veces utilizó el PP para criticar las medidas económicas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero—. “Las leyes vigentes en España ya contemplan el castigo penal a la mala administración, cuando se incurre en algún delito”, subrayaron los socialistas en un comunicado; y exigieron a Montoro que aclare si de lo que se trata es de crear un nuevo delito, modificando el Código Penal.

No respondió Montoro; lo hizo Beteta, rebajando el alcance de la propuesta: “Existe esa previsión en el Código Penal. Solo hay que aplicarla”. Fuentes del ministerio confirmaron que no se está pensando en crear un nuevo tipo delictivo, sino en aplicar la ley sobre los que ya hay (malversación o falsedad en documento público, por ejemplo, u otros). Es decir, que no hay nada nuevo.

Antes de eso, la medida había provocado una tormenta de reacciones: aunque algunos consejeros autonómicos se apresuraron a defenderla —los de Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana—, otros altos cargos del PP se tentaron la ropa. El presidente extremeño, José Antonio Monago, fue incluso más allá y consideró que las responsabilidades penales, si se exigen, deberían ser “retroactivas”, para que paguen los Gobiernos anteriores que dejaron deuda. Y a eso replicó el PSOE que entonces el primero en ser perseguido debería ser el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por disparar la deuda de Madrid desde su anterior cargo de alcalde.

“El señor Montoro no se puede convertir en el Tribunal Supremo. Si aplicásemos ese criterio a los bancos, particulares y administraciones públicas estaríamos en la locura, en el Todos a la cárcel de Berlanga”, afirmó Gaspar Llamazares (IU). El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, se decantó por aplicar mecanismos “más tradicionales” para controlar el gasto público. El PNV dijo que el anuncio de Montoro es, simplemente, “muy fuerte”.

El presidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, puso un ejemplo para descalificar la medida: si una consejería de Sanidad presupuesta dinero para 32.000 operaciones de cirugía y se encuentra con 45.000, no va a dejar de hacerlas; otra cosa es que tendrá que “contabilizarlas” correctamente. Quizá eso es lo que quiso decir el ministro y no se le entendió, apuntó Griñán.

El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, lamentó que el Gobierno trate de “criminalizar” a los gestores que eleven el gasto más allá de lo presupuestado, y auguró que exigir a los cargos públicos responsabilidades penales por ese motivo convertiría a los jueces “en una especie de gestores del sistema económico”. Sí se mostró a favor la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos: porque las administraciones, sostiene, les deben 15.000 millones en facturas impagadas.

El Ministerio de Hacienda no solo está estudiando sanciones para los incumplidores; también fórmulas para aliviar la situación de las comunidades. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el martes adelantar a este mes o principios de febrero el pago de 8.000 millones —6.000 millones de las transferencias pendientes de 2010 y 2.000 millones de anticipos no pagados— que, en principio, iban a abonarse en julio.