El Gobierno abre la puerta a privatizar las televisiones autonómicas

Los socialistas blindaron el carácter público de las televisiones autonómicas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010. Ahora, el PP abre la puerta para que puedan ser privatizadas. El Consejo de Ministros examinó ayer un anteproyecto de ley que permitirá a las comunidades elegir “libremente” la forma de gestión de los canales públicos regionales, según avanzó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Dar a las autonomías la posibilidad de privatizar las televisiones fue uno de los compromisos lanzados por el PP durante la campaña electoral. Incluso abogó por la creación de un canal único con desconexiones territoriales para así abaratar costes. Las autonómicas reciben unos 1.000 millones de euros en subvenciones, aunque los Ejecutivos regionales han ajustado a la baja los presupuestos para este ejercicio.

Justamente lo que persigue el Gobierno es lograr que el servicio público sea “más eficiente” y que estos operadores sean viables. Algunos, como el valenciano, acumulan una deuda que ronda los 1.200 millones de euros.

Entre las fórmulas de gestión que amparará la nueva ley cabe la “gestión indirecta”, es decir, la cesión a la iniciativa privada de un servicio público como el de la televisión. Las comunidades autónomas podrán decidir el régimen de explotación de cada uno de los 13 entes o corporaciones que actualmente operan en España en función de los efectos que tengan sobre sus economías.

Castilla-La Mancha y Madrid se han pronunciado abiertamente por la privatización. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dijo ayer que es mejor que las televisiones estén en manos de los profesionales que en las de los políticos.

Sin embargo, la gestión indirecta no se ha revelado como una fórmula mágica. Castilla y León ha dejado en manos de empresarios locales el canal autonómico, pero ni su audiencia ni su situación financiera son ejemplares. Otros operadores tienen en vigor contratos con empresas comerciales para determinados servicios como la publicidad o los programas informativos.

Para el secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), Enrique Laucirica, la nueva ley abre un abanico de modelos de explotación. “No podemos decir que sea negativo, sino todo lo contrario. Se abre esa posibilidad y democráticamente en cada uno de los ámbitos en los que operan las autonómicas se decidirá cuál es el modelo de gestión que se aplica”, apuntó Laucirica, quien recordó que los Estatutos de autonomía de algunas regiones imposibilitan cualquier modelo de privatización.

Sáenz de Santamaría aseguró que se ha optado por tramitar este anteproyecto de ley con “cierta agilidad” en atención a las demandas de las comunidades. El texto requiere el informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Competencia.

Que la gestión privada no es la panacea lo sabe la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que anunció ayer el cese de actividad de la emisora municipal. Tenía un presupuesto de unos 180.000 euros y estaba en manos de Administración y Gerencia de Ondas 13.