ETA: la memoria de la muerte

Lo que los franceses llaman una imagen de Epinal, donde los rasgos de la realidad son convertidos en un montaje de figuras amables, lleva camino de imponerse en el trazado de la memoria histórica sobre ETA. Parece ya olvidarse que ETA fue derrotada, y que fue esa derrota lo que determinó la primacía de la política sobre las bombas. Satisfechos por un “cese definitivo”, leído como desaparición, muchos ciudadanos vascos, y en especial los militantes del espectro abertzale, no dudan en sentirse agradecidos ante el gesto de generosidad de unos patriotas que tras causar más de ochocientos muertos han sabido cambiar el terror –sí, el terror, no “la violencia”- por papeletas de voto para alcanzar el santo propósito de una Euskal Herria independiente. Para que el camino sea recorrido pacíficamente, añaden, hace falta que los etarras encarcelados sean puestos en libertad, y que desde el Rey a la justicia en España “estén a la altura de las circunstancias”. Consecuencia: nadie que no sea enemigo de la paz deberá exigir a la repintada Batasuna que condene a ETA, ni que los etarras sientan siquiera arrepentimiento ante sus pasados crímenes. Y supuesto que casi ninguno de los presos de ETA siente el más mínimo pesar, tal y como nos recuerda F. Reinares en sus Patriotas de la muerte, mejor olvidar el tema y pasar a cuestiones prácticas: otorgarles desde ya ventajas, no sea que se irriten, con el consiguiente peligro para la paz. ETA ya hizo su parte, dice Amaiur, toca ahora al Estado cumplir con Ayete.

Las recientes declaraciones de Maite Pagazaurtundua prueban la radical injusticia de esa pretensión. Para empezar, resulta falsa la tradicional afirmación oficial de que todos los etarras acaban siendo detenidos y juzgados: la impunidad alcanza a un 40% de los delitos terroristas de ETA con víctimas mortales. Ello significa que la acción de la justicia, en cuanto al descubrimiento y a la condena de los participantes en los atentados, tiene aun un largo camino por delante, y que los hoy encarcelados se encuentran ante una posibilidad de mostrar dignamente su voluntad de rectificación contribuyendo al esclarecimiento de los pasados crímenes. Ninguno lo hará, y ello es la mejor prueba de que el arrepentimiento requerido para la obtención de beneficios penitenciarios, no existe. Es preciso mostrar que una vez cesada la actividad terrorista de ETA, se abre la posibilidad para que el Estado de derecho proceda con generosidad respecto de quienes se hagan acreedores a ello, no haciendo concesiones en forma de cheque en blanco que además será presentado como prueba de la vinculación entre el significado histórico de ETA y una sociedad vasca que se moviliza para poner en libertad a sus miembros. Por muchos votos que tuviera Hitler en 1933, los mismos no servían para borrar los crímenes cometidos y por los nazis.

No es válido, pues, el criterio de let bygones be bygones, dejad que lo pasado sea pasado, esgrimido por el líder Khieu Samphan de los jemeres rojos, de cara a su proceso celebrado 2011. Una actitud sostenida entre nosotros aun por demócratas sin tacha, como el líder socialista Eguiguren al poner por delante de todo la exigencia al PP de que atienda al tema de los presos etarras, pues una cosa es el espíritu de venganza y otra bien distinta la exigencia de justicia. Tampoco es contradictorio poner por delante, de forma exenta, el tema del terrorismo de ETA, con otros reconocimientos, el de la opresión y los crímenes franquistas, que afectaron a vascos y españoles, o incluso el de los GAL y otras terribles ilegalidades de la transición. Pero no cabe hacer la amalgama. ETA no fue nunca un instrumento de la lucha democrática antifranquista; estuvo movida desde el principio por una religión del odio heredada de los gérmenes sabinianos del nacionalismo, asesinó una y otra vez a defensores de la democracia, sembró el miedo y la vileza en la sociedad vasca. Nos encontramos ante el mismo dilema que afrontó Primo Levi al abordar la cuestión de la barbarie antisemita en el nazismo: lo más fácil es olvidar, pero ello significa sentar las bases para que la semilla del mal persista y pueda resurgir en cualquier momento. Como advierte Robert Badinter en su prólogo a un libro sobre el proceso de Khieu Samphan, la justicia y la libertad obligan al conocimiento de lo que fue “una empresa criminal común”. Bienvenidos a la democracia los antiguos miembros y seguidores de ETA, si atienden a ese requerimiento.