El Supremo investigará a José Blanco por tráfico de influencias y cohecho

El Tribunal Supremo se ha declarado hoy competente para investigar al exministro de Fomento José Blanco en relación con la Operación Campeón, que aborda el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones. El Supremo ha designado como instructor de la causa al magistrado José Ramón Soriano. La juez de Lugo que investiga la parte del caso que no afecta al vicesecretario general del PSOE, Estela San José, encontró indicios de tráfico de influencias y cohecho contra él, por lo que se inhibió al favor del alto tribunal. Un empresario acusa a Blanco de haber hecho gestiones en su favor a cambio de dinero.

La petición de la Fiscalía, no vinculante, respondía a la solicitud realizada por la propia Sala Segunda del alto tribunal el pasado 11 de noviembre. En ese escrito, el Ministerio Público señalaba que debían investigarse las acusaciones del empresario farmacéutico Jorge Dorribo, que aseguró haber pagado comisiones al ministro a cambio de gestiones, y contrastarlas con las pruebas documentales aportadas por la juez San José. Esas pruebas, desglosadas en la exposición razonada enviada por la juez al Supremo, son varios mensajes de móvil intercambiados por Dorribo y su primo, Manuel Bran, además de otros implicados en la trama; correos electrónicos y extracciones de dinero de cuentas corrientes.

El auto del Supremo asegura que todo ese material "permite inferir indiciariamente una serie de entregas de dinero al aforado", es decir, a Blanco. Esas entregas, según los magistrados, se realizaron presuntamente a través de su primo político, Manuel Bran, administrador de la empresa denominada Electricidad Espiñeira y Bran. Todo ello, continúa la resolución, "deberá ser objeto de una investigación que (...) necesariamente ha de llevarse a cabo por la posible comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias".

La Sala de Admisiones del Supremo, responsable de la decisión, está presidida por el magistrado Juan Saavedra y compuesta, además, por Julián Sánchez Melgar -que ha actuado como ponente- Francisco Monterde, Miguel Colmenero y Perfecto Andres Ibáñez. En el marco de la Operación Campeón sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas Dorribo y dos altos cargos del Igape -instituto de promoción económica dependiente de la Consejería de Industria de la Xunta de Galicia- todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar a administraciones públicas. Dorribo ha acusado a Blanco en sus distintas declaraciones ante la juez de Lugo de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en los ministerios de Hacienda y Sanidad .

El empresario, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la juez que instruye el caso en Galicia. Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al ex ministro de Fomento y a los ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. Uno de los supuestos pagos se habría realizado, en metálico en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz.

En la exposición razonada que la juez remitió al Tribunal Supremo se señalaba que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al ministro por un posible delito de tráfico de influencias derivado de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.

El ex ministro ha negado en declaraciones a los medios las acusaciones. "No he recibido dinero a cambio de favores políticos", ha asegurado. En declaraciones a este periódico Blanco ha afirmado que respeta la decisión de la justicia, que esperaba el auto tras conocer el informe de la fiscalía sobre la necesidad de investigar lo denunciado y que espera que se clarifiquen las falsas acusaciones contra su persona y prevalezca la verdad.