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Anticorrupción pedirá medidas cautelares tras la sentencia

Pueden oscilar desde la retirada del pasaporte o la obligación de firmar en un juzgado

El fiscal Anticorrupción encargado de la acusación pública en el caso Minutas —por el que han sido condenados a penas de cárcel el exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, entre otros— solicitó ayer a la Audiencia Provincial de Málaga la celebración de una vista para tratar de medidas que eviten que los principales condenados escapen a la acción de la justicia.

Estas medidas cautelares, que no han sido concretadas por la Fiscalía, pueden oscilar desde la retirada del pasaporte o la obligación de firmar en un juzgado o comisaría cercanos al domicilio de los condenados hasta el ingreso en prisión, que se suele reservar para los casos más graves, aunque las sentencias aún no sean firmes, como sucede en este caso. Fuentes de la Fiscalía señalan que cuando las penas impuestas en primera instancia superan los cinco años de cárcel, el ministerio público suele reclamar alguna de estas medidas.

En el caso Minutas sobre el saqueo de las arcas municipales de Marbella a través de la presentación de una serie de facturas por trabajos jurídicos innecesarios y contratados de forma irregular —verbalmente y sin expediente— Del Nido y Julián Muñoz fueron condenados a siete años y medio de prisión, 15 de inhabilitación absoluta y multas de 3,05 y 2,78 millones de euros respectivamente. La Audiencia Provincial de Málaga los encontró culpables de delitos continuados de fraude, malversación de fondos públicos y prevaricación. El exregidor fue condenado en calidad de autor y el mandatario sevillista como “cooperador necesario”.

Seis años de pesquisas

El caso Minutas deriva de una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en 2006 tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas en el que se alertaba de que Del Nido, tras ser fichado por el fallecido regidor marbellí Jesús Gil, facturó —y cobró— cantidades exorbitantes por trabajos jurídicos y administrativos que perfectamente podían haber realizado empleados municipales, sin quebranto para las arcas públicas. Los trabajos tuvieron que ver con la representación del Ayuntamiento ante el propio Tribunal de Cuentas entre 1999 y 2003, época en la que el máximo órgano fiscalizador del Estado investigó los desmanes contables del gilismo en Marbella.