Una red de narcos medró gracias a los soplos de policías y personal judicial
Un empresario de la noche y un exedil del PP serán juzgados como cabecillas de la trama Aforo
![Vista aérea del puerto de Marín por el que supuestamente entraba la droga.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/MUQMYEVK336VSD5W25YLM2BWTA.jpg?auth=4c4798782eac47f2b00fb1b88ac9bdd0f6cc0294d549eea2e3458974f728eda3&width=414)
La detención del empresario ferrolano Fernando Seoane Villanueva, Nano, y de Eduardo González Pino, Lalo, exedil del PP, el 17 de agosto del 2010 dejó a la ciudad con la boca abierta. Nano es el propietario de buena parte de los pubs y discotecas de la zona y todo un relaciones públicas, mientras que Lalo, economista de profesión, compaginó los negocios de su asesoría fiscal con la militancia política como concejal popular en Ferrol hace años. Llegó a presidir Imenosa, empresa pública contigua a la antigua Astano, que quebró durante su gestión.
Los dos eran más de lo que aparentaban. Lideraban supuestamente una de las mayores redes de narcotráfico de Galicia, heredera de los grandes clanes arousanos que importaba cocaína a gran escala, y motor de una compleja trama empresarial para el blanqueo de dinero en la comarca a través de empresas en apuros que se recapitalizaban con dinero sucio, explican fuentes de la investigación.
Año y medio después de aquel sonado arresto el juez instructor, Alejandro Morán Llordén, acaba de concluir el auto de procesamiento del caso Aforo contra Seoane, Pino y otras 14 personas, a las que imputa delitos contra la salud pública y asociación ilícita en una organización criminal.
220 kilos con un valor de 32 millones
Amanda es el nombre de la motonave que abrió el camino para desmantelar la trama ferrolana. Se cargó de cocaína en el puerto de Buenaventura, cerca de Ecuador, y atracó en Cartagena de Indias el 11 de agosto del 2009. La DEA norteamericana y la policía colombiana interceptaron el envío de 220 kilos de cocaína de gran pureza en un contenedor de atún para conservas con destino a Bilbao y escala en el puerto pontevedrés de Marín.
Era la droga que esperaba la banda de Aforo por medio del llamado “gancho ciego”, método que camufla el alijo entre la mercancía legal de empresas ajenas. Aquel alijo que nunca les llegó tenía una pureza del 83,7% que, una vez cortada, se comercializa en España al 39% o menos. En total, según el auto, eran 2.370.649,94 dosis con un valor de mercado de 32,3 millones de euros. La trama criminal dio por perdida la carga y reanudó sus negocios para cuajar nuevos envíos.
La particularidad de la trama ferrolana, que importaba directamente grandes cantidades de los carteles colombianos, es que creció bajo el paraguas de protección que le proporcionó estar lejos de los focos antidroga que apuntaban a Vilagarcía y, sobre todo, por la connivencia de funcionarios corruptos que durante años miraron hacia otro lado mientras supuestamente Seoane y Pino medraban y extendían sus redes de cocaína a Madrid, Sevilla o Gran Canaria. Fuentes policiales sospechan que, indirectamente, la droga también nutría los asentamientos chabolistas de Freixeiro (Narón) y Leixa (Ferrol) a través de la red de vendedores de Aforo. Con el sumario en la recta final, el juicio en al Audiencia para los 16 imputados podría demorarse un año o más.
El telón de fondo de la trama delata la preocupante connivencia que funcionarios corruptos (no identificados) mantenían con los cabecillas de Aforo, que campaban a sus anchas bien pertrechados por una red de soplones en distintas instancias que les alertaban de cualquier movimiento policial o judicial en su contra. Tanto es así, que el operativo se desarrolló con agentes de fuera de la ciudad para evitar soplos.
“La organización criminal había pasado relativamente desapercibida para las autoridades por las peculiares relaciones que mantenían sus integrantes con algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de diversos organismos y la connivencia de empleados del sector bancario”, expone el auto.
Hasta agosto de 2010, Nano Seoane y Lalo Pino habían disfrutado supuestamente de una década de impunidad para traficar y codearse con los grandes exportadores de cocaína con la silenciosa complicidad de algunos empresarios locales y entidades bancarias que dieron cobertura al blanqueo sin cuestionarlo. Esta parte de la trama de Aforo, que todavía no se ha terminado de destapar, se instruye en una pieza separada que, según fuentes del caso, podría devenir en sorpresa por las “peligrosas amistades” que los cabecillas mantenían con conocidas personalidades. Admiten, no obstante, que el tiempo transcurrido juega en contra y que se han podido destruir pruebas y vínculos.
Seoane era, según el auto, el líder en la sombra que se cuidaba de manejar su organización criminal a través de terceros y nunca por teléfono. Pino era el contable y mago de las finanzas y se valía de sus conocimientos y contactos. El escrito judicial precisa que él se ocupaba personalmente de pagar los alijos a los traficantes y de tejer una red de sociedades mercantiles para buscarle una salida legal al dinero negro.
El tercer vértice del tridente de mando era Francisco Javier Sanesteban Cao, condenado en 2009 a 11 años por la Audiencia Nacional por un alijo de cocaína de Marcial Dorado. Con Sanesteban en prisión, Lalo asumió los galones de lugarteniente. Tenían un contacto, Federico Caamaño, también imputado, que les proporcionó tarjetas SIM de “máxima seguridad” para los móviles para hacer “opacas” sus llamadas.
También fueron detenidos otros tres hombres en Sanxenxo, Vigo y Ribadumia. que integraban la red de descarga, transporte y distribución y que bebían de sus buenos contactos en los puertos de Vigo y Marín, a donde solían llegar los contenedores de droga camuflados entre la mercancía legal de empresas ajenas.
“Lo están intentando pero nada. Lo que pasa es que avisan”, presumía un acusado
La pista que llevó a la policía hasta los capos ferrolanos fue la motonave Amanda en Cartagena de Indias (Colombia) en agosto de 2009. Aquel cargamento de 220 kilos de cocaína nunca llegó a Marín y sembró el desconcierto y la desconfianza entre la banda de Nano y sus proveedores colombianos, que no tardaron en reanudar sus negocios, según constataron los investigadores. También documentaron un encuentro a tres bandas en la prisión de Teixeiro el 19 de febrero de 2010 entre Nano, Lalo y Sanesteban, ya condenado. El jefe les advirtió que estaban bajo la lupa de la justicia, según consta en el auto. “Lo están intentando pero nada. Por muchos sitios, lo que pasa es que avisan”, se jactaba Nano, que acostumbraba a celebrar una gran comida anual en la feria de muestras a la que acudían incluso policías. “La fuga de información da idea de la capacidad económica, operativa y de las relaciones de la trama”, puntualiza el magistrado.
Seis meses después de aquella cita en el penal, Nano y Lalo fueron detenidos y permanecieron casi un año en prisión preventiva. La abandonaron el verano pasado tras depositar sendas fianzas de 30.000 euros. Dos años de trabajo y 20.000 folios después, el juez Morán considera que existen “indicios racionales de criminalidad” más que suficientes.
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