220 muertes buscan culpable

Siempre me he preguntado quién fue el asesino de mi marido, me gustaría poder mirarle a los ojos, saber que paga por lo que hizo”, cuenta Cecilia, la mujer de Jesús Sánchez Lozano, que estaba preso en la cárcel de Sevilla-1 muerto en 1991 por la explosión de un paquete bomba dirigido al director del centro. Su marido murió en la cárcel, pero ya han pasado 20 años y no se ha encontrado al culpable. De los 829 asesinatos de ETA, quedan 220 sin resolver. En unos casos no se conoce al autor, en otros no se ha logrado su detención. Pero todos tienen un denominador común: se sabe que fue la banda terrorista, sin que nadie haya pagado por ello.

 El atentado en el que murió Jesús Sánchez, el marido de Cecilia, fue uno más en la campaña que ETA emprendió contra los responsables de centros penitenciarios. Entonces Jesús estaba en régimen de semilibertad: llevaba el taxi por el día y dormía en la prisión por la noche. Aquella mañana del 28 de junio de 1989, se entretuvo en la sala de paquetería y murió junto a otras tres personas: un recluso, un familiar que estaba de visita y un funcionario de la prisión. La rabia y el dolor todavía se escuchan en Cecilia cuando explica que Jesús estaba a punto de cumplir su condena por un delito contra la salud pública: “Le quedaban días, días para la condicional”.

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A la pérdida, Cecilia y otras 219 familias han tenido que sumar la impotencia de ver que el crimen queda impune. Conocer la cifra, que fuentes de la Audiencia Nacional han precisado a EL PAÍS, se había convertido en una de las principales reivindicaciones de las asociaciones y colectivos de víctimas. Todavía se están revisando los expedientes para saber cuántos han prescrito, pero las mismas fuentes aseguran que la “gran mayoría”. Tras la reforma del Código Penal en 2010, los homicidios causados por el terrorismo no prescriben. Esta modificación legislativa llega tarde para los asesinatos no resueltos de la banda.

“El número debería avergonzar a los políticos”, afirmó la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa, el pasado viernes, sin conocer aún la cifra exacta. Fue un estudio realizado a instancias de la fundación que dirige el que, en 2010, estimaba en 330 los asesinatos cometidos después de la ley de Amnistía de 1977 que no habían sido juzgados. Tras la publicación del informe, basado en datos aportados por las víctimas y documentación no oficial, solicitaron a la Audiencia Nacional que se diera una cifra oficial.

El presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, se comprometió a comprobar el número exacto de casos sin culpable. La información estaba dispersa entre los juzgados de instrucción, las secciones de la sala de lo penal, fiscalía y el archivo central de Justicia localizado en Alcalá de Henares.

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El buceo entre expedientes ha durado más de un año. Las muertes todavía impunes suponen un 25% de los asesinatos de ETA. Eso teniendo en cuenta que los delitos cometidos antes de 1978 fueron amnistiados; lo que implica que no están incluidas las 72 muertes que, según las cifras oficiales del Ministerio de Interior, ETA había cometido hasta entonces, aunque tampoco se hubiera encontrado al culpable. Nadie pagó por los 13 cadáveres que dejó el atentado de 1974 en la cafetería Rolando, a unos metros de la Puerta del Sol, muy frecuentada por los policías de la Dirección General de Seguridad que tenía su sede cerca. “Tuve que ir parando taxis, creo que llegué hasta veinte, y allí fui trasladando a los heridos”, relató entonces uno de los testigos. ETA nunca reivindicó la primera masacre, aunque fue el germen de una ruptura definitiva entre el frente militar y el político militar.

Sin un soplo es casi imposible resolver un caso antiguo. Muchos llevaron a un callejón sin salida a los investigadores: crímenes en los que no se pudo identificar el arma homicida o asesinatos cometidos con coches bomba que se accionaban a distancia. Y las estadísticas se rompen en los años de plomo, como se conoce al periodo entre 1978 y 1980. En esos años el terrorismo etarra causó 234 muertes según las cifras oficiales de Interior: una vida cada cinco días.

Fue en esta época cuando murió asesinado Tomás Sulibarría, Tomi, al que la banda acusó de chivato. “Él molestaba a una persona de la Capilla Sixtina [en referencia a la cúpula de la banda]. A Peixoto [José Manuel Pagoaga] concretamente”, declaró su viuda al conocer su muerte. Pese a las acusaciones, la policía nunca encontró pruebas.

Sulibarría era jefe del comando Mendizábal que la policía desarticuló en 1978. Solo él logró escapar a Francia. Lo encontraron tres meses más tarde, gravemente herido de un disparo en el cuello. En las sábanas de la camilla del hospital, escribió con su propia sangre: “Soy de ETA”. Sobrevivió y fue a la cárcel, pero cuando salió un año más tarde la banda tenía guardada una bala para él.

Saber la identidad del asesino no es un alivio, pero puede ser un consuelo. Al menos, a Antonio le quitaría la sensación de que la muerte de su hijo, el guardia civil Diego Salvá Lezaún, queda impune. En julio de 2009, una bomba lapa acabó con la vida de su hijo y de un compañero suyo, el guardia Carlos Sáenz de Tejada, en Palmanova (Palma de Mallorca). “No se puede expresar lo que sentí aquel día”, dice, perdiendo la entereza que ha mantenido durante toda la conversación. Recuerda que Diego acababa de hacer un examen para formar parte de la Guardia Real. Aprobó la oposición: la notificación llegó el día después de su muerte.

Fue el último atentado de ETA en España. “Espero, y digo espero, que esto no quede así”, dice Antonio, que todavía mantiene la esperanza de que el culpable acabe en la cárcel. Pero no todas las familias encuentran consuelo en ello. El hijo de Luis Domínguez, enterrador de Bergara asesinado en 1980, nunca se preocupó por si la policía había encontrado a los responsables. Nueve años después, la Sala de lo Penal condenó a los etarras José Ramón Basauri Pujana y Antonio Oregui Echeberría como autores del atentado. Pero el encarcelamiento de ambos no supuso nada para Domínguez. Lo explicaba en el documental Voces sin libertad de Iñaki Arteta: “Yo digo que le mataron las lenguas. La gente al hablar. Tiene tanta culpa el que habla como el que pega el tiro, porque si no va a ser él va a ser otro”.