El juez ve trato "vejatorio" de los 'mossos' en el desalojo de la plaza de Catalunya

El titular del juzgado de instrucción número cuatro de Barcelona, Josep Maria Miquel Porra, investigará la actuación de los responsables políticos y operativos durante el desalojo de los indignados de la plaza de Catalunya, el pasado 27 de mayo. El juez ha admitido a trámite la querella presentada por distintos afectados e investigará si los mandos de los Mossos d’Esquadra cometieron algún delito durante la actuación. El auto judicial, escrito en términos muy duros, critica la desproporcionalidad de la carga policial y resalta que los indignados se encontraban en la plaza de forma pacífica. El magistrado investigará si los mossos vulneraron el derecho de reunión de los acampados.

La querella aceptada por el juez se dirige contra el director general de la policía, Manel Prat, y contra la exconcejal de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Assumpta Escarp, además de otros dos mandos policiales: el intendente Antoni Antolí, jefe de dispositivos, y un responsable de la Brigada Móvil (antidisturbios), David Bordas.

Los agentes “intentaron desalojar la plaza” sin haberlo notificado previamente, recoge el auto. La mayoría de indignados permanecieron en la plaza pese a la “actitud intimidatoria” de los mossos. Según el juez Porras, los indignados recibieron un trato “intimidatorio, amenazante y vejatorio” con amagos de cargas policiales. Incluso se les impidió “ir al lavabo y comer”.

Además de una posible vulneración del derecho de reunión, el juez destaca que los mossos retiraron los objetos de la plaza –al considerarlos peligrosos- sin ningún cuidado. Ello, unido a su posterior traslado al descampado del Sot del Migdia, hizo que algunos sufrieran “daños irreparables”. Por último, el juez señala que, en contra de las normas, los antidisturbios no lucían el número de identificación y sospecha que pudo deberse a una orden del consejero de Interior, Felip Puig.