Presos de ETA

Con independencia de los discursos justificatorios de su pasado, el mundo de ETA va dando pasos hacia el afianzamiento de la nueva situación creada con el anuncio del final definitivo de la violencia. Lo último ha sido el cambio de estrategia respecto a sus propios presos. Todavía a fines de septiembre, el colectivo mayoritario (y oficialista) de los reclusos consideró necesario eliminar de la Declaración de Gernika, a la que se adherían, toda referencia a los procedimientos legales para plantear sus reivindicaciones carcelarias. Ahora han sido autorizados para seguir la vía legal, incluyendo la aceptación del principio de que las peticiones deben ser individuales.

La banda se oponía a esto para diferenciar la actitud de sus fieles de la de los disidentes de la prisión de Nanclares, los cuales no solo respetaban los procedimientos para acceder a beneficios penitenciarios sino que se habían pronunciado públicamente por el cese definitivo de la violencia. Pero ahora, la banda ha asumido esa situación, por lo que no tenía sentido mantener esa diferenciación, por más que la presenten como decisión colectiva, para subrayar que no se trata de actitudes individualistas. Esto no cambia el significado del giro, que supone el reconocimiento implícito de que eran los de Nanclares quienes tenían razón, pese a que la nueva izquierda abertzale de Otegi nunca se atrevió a reconocerles como parte del “colectivo de presos políticos vascos”.

El tema de los encarcelados, unos 700, es uno de los que se encontrará sobre la mesa el Gobierno que salga de las elecciones del domingo. Para abordarlo, lo más urgente es evitar la precipitación. Ha de plantearse desde el respeto de la ley, si bien teniendo en cuenta la nueva situación: el endurecimiento de la legislación penitenciaria, en 2003, tenía como objetivo principal reforzar el efecto disuasorio de la pena. Pero esa función no tiene el mismo significado ahora que cuando ETA mataba, lo que podrá tenerse en cuenta en su aplicación. Por ejemplo, respecto a la forma de acreditar la desvinculación de la actividad terrorista que exige el Código Penal para acceder a beneficios penitenciarios.

Es posible que el alejamiento del terrorismo permita en su día flexibilizar esa normativa. Entretanto, poco ayudan planteamientos como el de los etarras entrevistados en Gara, que ponen el tema de los presos en relación con lo que llaman “consecuencias del conflicto”, entre las que incluyen la “desmilitarización”, entendida como salida de tierra vasca de los Ejércitos y Fuerzas de Seguridad de España y Francia.

Delirio de grandeza que contrasta con señales que parecen avalar que el abandono de la violencia es una decisión en firme. Por ejemplo, la renuncia a acompañar sus planteamientos con la consabida amenaza de “activar todos los frentes” en caso de que no se acceda a sus exigencias políticas. Aunque sea con el argumento infame de que el terrorismo “ya no es eficaz”, ahora dicen que si no se les hace caso insistirán en la misma vía, con nuevas iniciativas unilaterales. Es una diferencia sustancial.